Maremoto en la medicina privada: por un lado, los médicos liberales llevan tiempo quejándose de las bajas tarifas que les pagan las aseguradoras por las consultas y, por otro, el sector admite que ya hay una lista de espera en varias especialidades, que ella atribuye al desborde de la sanidad pública. Pero, además, un dictamen jurídico encargado por la Alianza Sanitaria Privada Española (ASPE) considera ahora que un acuerdo firmado entre dos empresas, Sanitas y Generali -firmado en octubre de 2022 y con efectos a partir de enero de 2023-, es «contrario a la buena fe». sumando nuevos conflictos a un sector cada vez más convulso.
En España hay 10,3 millones de asegurados -sin contar los más de 1,7 millones de mutualistas- que, como destaca el sector privado en cuanto tiene la oportunidad, contribuyen al ahorro de la audiencia del sistema. Sus estimaciones indican que el ahorro que genera el seguro oscila entre los 1.674 euros anuales (si se trata exclusivamente de pacientes privados) y los 599 euros anuales (si el paciente hace un uso mixto, es decir, que consume recursos públicos y privados). Son datos del informe «Salud Privada, Aportando Valor 2023», que fue presentado hace tan solo unos días por la Fundación IDIS.
Una radiografía que, como destacó en su presentación el presidente de la entidad, el doctor Juan Abarca, muestra el peso de un sector -el 56% de los hospitales y el 31% de las camas en España son privados- que ya cubre las carencias de la salud pública, argumentan. Tanto es así que ahora se acepta que la gente compre un seguro de salud porque no puede acceder al sistema público y esto ha llevado a que las listas de espera lleguen también a las consultas privadas.
El auge de los seguros de salud
Es precisamente este auge en la contratación de seguros de salud lo que ha provocado un nuevo enfrentamiento entre aseguradoras, médicos y empresarios. ASPE -con una representación de más del 80% de los centros hospitalarios de España- arremetió contra el convenio suscrito entre Sanitas y Generali, por el que se pactaba que la gestión de los servicios sanitarios, y el pago de estos, pactados previamente entre Generali y cada una de las entidades privadas los centros sanitarios para la atención de sus 150.000 asegurados en España serían gestionados por Sanitas, resolviendo unilateralmente los contratos suscritos.
Sanitas defiende que el «acuerdo cumple con la ley de competencia» y se informó con transparencia
Esta última, por su parte, lo describe como un contrato de “reaseguro de prestación de servicios” por el que los asegurados de Generali “ahora se benefician de los servicios médicos que brinda Sanitas con médicos y hospitales propios y su cuadro médico ampliado”, que aumentó un 43,4%. “El acuerdo cumple con la normativa de competencia y los clientes, principales beneficiarios de este acuerdo, así como médicos y hospitales han sido informados de forma transparente”, especifica Sanitas.
Competición de Defensa
Pero la ASPE continúa: considera «ilegal» el contrato porque, piensa, «es probable que vulnere la normativa en materia de defensa de la competencia y competencia desleal». El dictamen jurídico encargado por la ASPE, elaborado por el despacho Lener, considera que el acuerdo entre las aseguradoras infringe la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia porque los centros de salud “están obligados a apoyar a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas a la atención de los asegurados de Sanitas”.
El principal efecto de esta estrategia es que permite a Generali reducir en un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros, según ASPE
Entre otras consecuencias, la ASPE estima que el principal efecto de esta estrategia es que permite a Generali abaratar un 20% los precios previamente pactados con los centros cuando estos sean absorbidos en los acuerdos de Sanitas, «abusando así de una posición dominante» en la negociación. , que le faltaría a Generali.
«Estrategia del silencio»
La patronal y los distintos prestadores de salud solicitaron a las dos aseguradoras -en diciembre de 2022- las condiciones precisas del convenio, pero, critican a la ASPE, las dos empresas «ocultaron la gestión y las condiciones comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un contrato que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores de salud a los asegurados de Generali, y que se considera contrario a la buena fe”.
“Esto no solo afecta a la gestión de los centros de salud, sino que también tiene consecuencias para los pacientes. Por ejemplo, han visto cómo se excluyen de su cuadro médico a centros que tenían convenio con su aseguradora Generali, pero no con Sanitas”, señaló. dijo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Carlos Rus, presidente de ASPE.
Carlos Rus asegura que los centros que tienen convenio con Sanitas «no tienen forma de facturar» según las condiciones que habían acordado para hacerse cargo de los asegurados de Generali. “Esta situación también está empeorando, y puede volverse caótica, con facturas acumuladas, cambios de personal para los asegurados de Generali…”, advierte el presidente de la patronal.
Los médicos interesados
“Se decidieron porque ya tenemos en trámite la solicitud de una plataforma de médicos interesados de unos 200”, dijo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, sobre esta medida tomada por la patronal, el doctor Ignacio Guerrero, presidente del Sindicato Médico Profesional ( UNIPROMEL). En una reunión celebrada el pasado mes de marzo en el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), esta asociación, que representa a los médicos del sector privado, anunció el nacimiento del Instituto de Representación (IRE), para defender sus derechos y la creación de un equipo médico que trabaja independientemente de las empresas. De facto, esto significa una ruptura con las aseguradoras.
Según UNIPROMEL, esta decisión podría dar lugar o bien a la aplicación de condiciones económicas inferiores a las que aplica Generali para la atención de sus clientes, o incluso a la expulsión unilateral del personal de esta aseguradora de médicos que no tienen contrato con Sanitas. Aquí es donde los médicos decidieron crear una plataforma para los afectados, explican desde esta asociación.
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