Garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública es una obligación de las Comunidades Autónomas, tal y como establece la ley. Y casi tres meses después de que entrara en vigor la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y cinco días después de las elecciones del 28M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se dirigió a las comunidades para exigir que garanticen el acceso de las mujeres a este derecho en todos los países. territorios y en los centros públicos.
La titular de Igualdad ha enviado una carta a todas las autonomías con el objetivo de desplegar «de urgencia» las medidas relativas a la interrupción voluntaria del embarazo que se incluían en la reforma de la ley, aprobada el pasado 16 de febrero en el Congreso y que entró en vigor el Marzo 1.
Montero recordó a las diferentes comunidades que la aplicación de la ley para garantizar los derechos de las mujeres es una «obligación».
La reformada ley sobre el aborto establece que cualquier mujer a partir de los 16 años puede interrumpir su embarazo “independientemente del lugar donde resida” y “en los centros de la red pública de salud o adscritos a ella”.
registro de opositores
Para garantizar este derecho, establece la creación de registros de profesionales sanitarios objetores de conciencia con el fin de que esta objeción individual no vulnere los derechos de las mujeres a las que se quiere acercar.
“El acceso o la calidad de la atención brindada no se verá afectada por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”, indica la ley, que obliga a los servicios públicos a organizarse para garantizar la disponibilidad del personal necesario para el acceso efectivo y oportuno. a la interrupción voluntaria del embarazo.
La carta de Montero va dirigida precisamente a instar a las comunidades autónomas a «tomar las medidas necesarias» para que haya médicos no objetantes en todos los hospitales públicos, «incluyendo si fuera necesario la contratación» de profesionales para ello.
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