Magistrados del Consejo Electoral, miembros de las mesas, delegados de los partidos, la dirección política… y policías: tras el golpe policial contra la trama de compra de votos en Melilla -en una operación aún abierta-, todos en las autonómicas ciudad espera 9.905 votos postales que aún no han sido procesados ante el servicio postal público. Se trata del cupo de «voto oculto» -como lo llama una fuente cercana a la investigación del caso- que aún no ha sido tratado, ya que el Consejo Electoral ha impuesto a Correos la obligación de solicitar el DNI de cada persona que trae un voto.
El escaso aforo de hoy en las instalaciones de Correos de Melilla contrasta con las enormes colas que rodearon el edificio a principios de mayo, formadas por vecinos que querían solicitar su voto por correo. Participaron un total de 11.707 ciudadanos de Melilla, de los 55.186 votantes que componen el censo de la ciudad para estas elecciones del 28-M. De esos casi 12.000 electores, este martes sólo 1.802 habían formalizado su voto; es decir, habían ido a Correos con su DNI y habían depositado efectivamente su voto para que Correos enviara el voto al consejo electoral, o no habían ido pero un representante debidamente les había tomado el voto en Correos autorizado y solicitud de autorización previa al Consejo Electoral.
Las fuentes policiales consultadas no creen que todos los votos de los 9.905 pendientes formen parte de la bolsa del fraude. Calculan que para el jueves, día en que vence el plazo para votar por correo, el número de electores efectivos -y auténticos- por este medio llegará a los 3.000. Otras fuentes, en este caso de la política local, apuestan a que se supere esta cifra. . Pero nadie espera que el resto de votos, cerca de 7.000 en el mejor de los casos, hagan el recuento final del 28-M, salvo colas de última hora que serían otro espectáculo.
Después de todo, los titulares de estas boletas aún conservan su derecho a votar… hasta el jueves. Y los policías de paisano siguen en Correos, por si alguien viene con un bloque de votos en la mano. “El Consejo Electoral de Zona exigió la presentación del DNI en Correos precisamente para evitar que se presenten personas con bolsas de 500 votos”, explica una de las fuentes consultadas. Este efecto se cree que se logró en el operativo policial liderado por el Comisario General de Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Con el golpe policial, Melilla recuperó el porcentaje normal de voto por correo, tras convocatoria tras convocatoria, triplicando o cuadruplicando la media española de voto por correo. Pero ahora puede acceder a los primeros lugares en los datos de tolerancia. Se espera un porcentaje superior al 40%.
Cambio de jurisdicción
Mientras las fuerzas políticas de la ciudad de Melilla calculan qué partidos pueden beneficiarse de una fuerte abstención, en particular los simpatizantes de la Coalición por Melilla, el asunto de la compra de votos por correo está a punto de convertirse en una pista de desprestigio del proceso electoral contra el que las fuerzas de seguridad se están preparando, está a punto de subir la escalera judicial.
Desde el momento en que se detuvo a un asesor del Gobierno de Melilla, hubo un funcionario en el caso. Se trata de Mohamed Ahmed Al-Lal, responsable de la cartera de Barrios, Juventud y Participación Ciudadana, técnico informático de 40 años. Es, además de concejal, diputado en la Asamblea de la Ciudad Autónoma por la Coalición por Melilla.
Cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla, Carmen Perles, confirme su condición de investigadora en la causa de un presunto delito electoral y otro, también alegado, de integración en organización criminal, la instrucción judicial deberá dirigirse a Sevilla, ya examinado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Esta posibilidad fue refrendada anoche por las fuentes consultadas, que no descartaron la implicación de otros funcionarios registrados en la trama de corrupción electoral.
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