En los últimos años, el Poder Judicial ha investigado en Melilla varias tramas de fraude en el voto por correo que no siempre han desembocado en condenas, pero que atestiguan prácticas que aprovechan ciertas «debilidades» del sistema electoral y la falta de escrúpulos de determinados dirigentes políticos para manipular los resultados. Son acciones que apuntan a los estratos marginales de la población, a quienes se les ofrecen pequeñas cantidades de dinero en efectivo, vales de despensa o la expectativa de ser contratados por la administración.
La supuesta conspiración que se investiga estos días en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, bajo secreto de sumario, investiga una supuesta estafa tras conocerse las agresiones a empleados del puesto que portaban documentos electorales. En esta ocasión, los pagos ofrecidos a los votantes estarían entre 50 y 200 euros.
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De hecho, la investigación policial se centra en los círculos locales del narcotráfico. Se cree que los peones de la trama son exconvictos de Melilla encargados de ofrecer a familias sin recursos pequeñas sumas de dinero -«para Mercadona», dijo uno de los compradores- y prometedores puestos de trabajo durante la formación de un nuevo gobierno local.
La ciudad autónoma protagonizó en 2008 un episodio especialmente grave que concluyó su andadura judicial en febrero de 2021, cuando el Tribunal Supremo confirmó las condenas del expresidente de Melilla Mustafá Aberchan, de Coalición por Melilla (CPM), y del exsecretario general del El socialista Dionisio Muñoz Pérez a dos años de prisión por mentir y dos delitos electorales. También en esta ocasión se compraron votos a cambio de contratos prometedores en futuros planes de empleo que dependían de los grupos políticos implicados.
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Cartas que acrediten el empleo.
En concreto, y como el tribunal consideró probado, se prometió a los votantes que serían contratados en régimen de empleo con preferencia sobre otras personas, lo que supuso un incentivo importante dado el número de parados en Melilla, ya que siguió afirmando la justicia en sus resoluciones.
Los involucrados incluso enviaron cartas anunciando a los destinatarios que habían sido preseleccionados para planes de empleo. El texto de las cartas sugería que habían sido enviadas por la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), organismo dependiente de la Delegación del Gobierno y cuya función era precisamente gestionar los planes de empleo. Los destinatarios fueron ubicados en un lugar específico a los pocos días del día de la elección, lo que incentivó su creencia en la realidad del cumplimiento de la promesa.
La difusión de la noticia sobre la posibilidad de obtener un trabajo a cambio de solicitar el voto por correo fue tal que ese año el porcentaje se duplicó con creces, ya que fue del 11,42% frente a las elecciones generales de 2004 (5,39%).
En cuanto a la operación de fraude, bastaba con que una persona solicitara el voto por correo presentando su documento de identidad y, al recibir los documentos de votación, los entregara en las sedes de los partidos políticos interesados. Una vez allí, ya no era necesaria la intervención del votante, pues una persona del partido político elegía la opción a su conveniencia y la metía en el sobre de la boleta, y lo metía en otro sobre que se entregaba en Correos.
En algunos casos, incluso se cumplimentaban los formularios de solicitud de actas censales y se llevaba el resguardo de la solicitud a la sede del partido, o los interesados acudían al domicilio del elector para informarse sobre la realización de los trámites mencionados. Otro sistema era obtener el otorgamiento de poderes notariales para solicitar la certificación del censo, siendo los agentes personas vinculadas al CpM y, una vez recibida la documentación, la ponían a disposición del partido.
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En 201, Equo también denunció supuestas irregularidades en el voto por correo en Melilla. Esta formación quería la cancelación y la repetición de las elecciones locales del 24 de mayo de 2015.
Pero los jueces consideraron que la denuncia era “imprecisa” y “vaga”: “Se denuncia de manera un tanto velada un mecanismo fraudulento de alteración del voto por correo mediante su compra, lo que el denunciante infiere de la existencia de una serie de anomalías verificadas durante la proceso electoral, la campaña y la precampaña, y que consistiría en eventos alrededor de la oficina de correos como gente entregando multitud de sobres, vigilancia de militantes del partido en la oficina, gente sacando cientos de números y acaloradas discusiones dentro de la oficina que incluso obligó a las autoridades a enviar una gran fuerza policial…» (sic).
Los demandantes también entregaron un estudio estadístico que incidía en el peso del voto por correo en la ciudad autónoma en comparación con otras circunscripciones y en particular con Ceuta.
Este informe también llama la atención sobre la presencia del voto por correo en focos de marginalidad del municipio. Por ello, Equo consideró que había suficientes «pistas» para sugerir la existencia de «posibles conspiraciones de compra de votos, en los últimos años centradas en el voto por correo».
Pero los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideraron finalmente que la versión de Equo era «insostenible» y «una construcción especulativa» que carecía de «datos objetivos sobre los que sustentarla». Equo no llegó a decir quién compró los votos y quién los vendió: «Y no se ha hecho ningún esfuerzo convincente para justificar una sola operación fraudulenta de la naturaleza denunciada», concluyeron los magistrados.
También en Melilla, el Juzgado de lo Penal número 1 abrió una causa por delitos electorales contra el responsable de una asociación cultural denominada Numidia, apodada Chipirón, quien, de cara a las elecciones a la Asamblea Autónoma de la ciudad en mayo de 2007, habría cumplido peticiones votar por correo para tener acceso posterior a la documentación, con la promesa de vales de despensa de 60 euros canjeables en determinados supermercados emitidos por la Viceconsejería de Asuntos Sociales de Melilla. Este ciudadano y el viceconcejal fueron investigados, quienes finalmente fueron absueltos.
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