ELECCIONES GENERALES 23D | La ventaja electoral deja en el aire nueva tarifa eléctrica y otras regulaciones energéticas

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El avance electoral anunciado por Pedro Sánchez deja en el aire un buen puñado de normas energéticas impulsadas por el Ministerio de Transición Energética durante la pasada legislatura. Uno de ellos es la nueva tarifa eléctrica regulada, que el Gobierno podría aprobar antes de las elecciones vía Real Decreto-Ley, dejando entrever su urgencia, pero también dos leyes con las que se ha intentado reducir la factura de la luz que quedarán bajo llave y llave. en un cajón del Congreso.

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, anunció la semana pasada la intención del Gobierno de aprobar la nueva tarifa eléctrica antes de julio, que pretende evitar fluctuaciones en las facturas de los consumidores con precios indexados en el mercado mayorista. La medida debía haberse aprobado el año pasado y entrado en vigor a principios de este, pero se ha retrasado con el objetivo de que empiece a funcionar a partir de 2024. El Gobierno debe decidir ahora si mantiene sus planes o deja correr el tiempo hasta pasadas las elecciones.

El departamento que dirige Teresa Ribera también había prometido cambios en los criterios de cobro de la prima social de la energía en el caso de las familias numerosas. Tras una polémica con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, beneficiario de esta ayuda, el vicepresidente publicó un tuit anunciando su intención de reformularla. El problema no era nuevo, hace dos años (enero de 2021) el Congreso de los Diputados anunció cambios en esta normativa para centrarse “en los que más lo necesitan”. Pero el ministerio siempre se ha demorado y no parece que vaya a acelerar el proceso en los próximos dos meses.

Otros expedientes que permanecerán en ‘stand by’ son el reglamento de comunidades energéticas -que se puso a consulta pública hace unas semanas- o el reglamento sobre el tratamiento de proyectos eólicos marinos y el diseño de subastas de esta tecnología, el segundo etapa posterior a la identificación de áreas prioritarias y previa a la convocatoria de subastas. Y es probable que no haya tiempo de dar el «ok» al cierre definitivo de la central térmica de carbón de As Pontes, que ha permanecido semicerrada por la crisis energética, hasta que las plantas de cogeneración retomen su actividad. (que aún no ha sucedido del todo) y había un mecanismo de interrumpibilidad (algo que sucedió en noviembre).

1.234 días de gobierno y varias crisis que han hecho más daño que una pandemia, un volcán y una guerra

El recibo de la electricidad

Pero si algo queda archivado con la disolución de las Cortes Generales son dos proyectos de ley que pretendían revertir radicalmente la estructura de la factura eléctrica que llevaba dos años en un cajón del Congreso, y que ahora va a ser cerrada definitivamente. Son el recorte en las ganancias que cayeron del cielo de las eléctricas por el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 y el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que devuelve parte de los costos fijos. de la factura del servicio público de electricidad con gas y combustibles.

La primera se aprobó en los albores de la crisis energética y la segunda seis meses antes, en diciembre de 2020, y con ellas el Gobierno se comprometía a rebajar un 15% la antigua tarifa doméstica (para todos los consumidores independientemente de su contrato) y los fuertes cobros a los usuarios. del 5%, si bien los precios actuales hacen ineficaz dicho cálculo. La filosofía de las dos medidas era reducir los costes regulados, por un lado, trasladándolos a tecnologías «sucias» como el fuel oil o el gas, y por otro, recortando los ingresos de las compañías eléctricas y utilizándolos para reducir la factura. Pero el avance de la crisis energética con precios altísimos en todos los segmentos -gas, petróleo y electricidad- llevó al grupo socialista a frenar el tratamiento en el Congreso de las dos primeras medidas que generaron tensiones entre el Gobierno y el gas, petróleo y electricidad.

La política energética

Lo que le dará tiempo a aprobar será el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (CNMC), el libro que marca el rumbo de las políticas energéticas que seguirá España en la próxima década. Sus indicaciones no están grabadas en piedra, pero sirven como guía de hacia dónde se encaminará la normativa española en los próximos años. El documento, que en su primera versión contaba con más de 400 páginas, deberá ser enviado a la Comisión Europea antes del 30 de junio de este año.

Pero enviar el texto a Bruselas es solo una parte del inicio del proceso, que se completará un año después, en 2024, según fuentes de este departamento. Ribera ha anunciado en reiteradas ocasiones su intención de aumentar su ambición -según informes recientes de Reuters, prevé elevar su objetivo de reducción de emisiones del 23% al 30% con respecto a 1990-, pero el texto puede cambiar mucho según los colores de la nuevo gobierno Un ejemplo es el tema nuclear: mientras el PSOE y Podemos son partidarios de respetar el actual calendario de cierre (entre 2027 y 2035), el Partido Popular y Vox han coqueteado en reiteradas ocasiones con alargar la vida de esta tecnología.

El fin de las cuentas

Con la disolución de las Cortes, numerosos Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros y, por tanto, en aplicación, pero que el Congreso de los Diputados decidió tramitar como proyectos de ley, con objeto de introducir modificaciones y mejorar los artículos. Pero que se quedaron en la interminable prórroga del plazo de enmienda, una fórmula habitual para complacer a la cámara pero que en muchas ocasiones se retrasa ‘sine die’. Y ahora, con la disolución de la cámara, definitivamente se están muriendo. Entre ellos: el plan de ahorro energético de agosto o el plan de emergencia, aprobado para reducir el consumo energético según Bruselas.

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