Fábrica de baterías | El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma que obliga a procesar en Extremadura el litio extraído allí

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El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Extremadura que exige que el litio extraído de sus minas se procese en Extremadura, por lo que las fábricas de baterías que deseen utilizar este recurso sólo pueden asentarse allí.

El 31 de agosto del año pasado, la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, aprobó un reglamento autonómico para regular el aprovechamiento de las minas de litio en la comunidad que garantiza «que las reservas de litio (en Extremadura) se explotan, en todo su ciclo, en su territorio”.

El objetivo de la norma es que el beneficio industrial se mantenga en la región. Concretamente, esto significa que el mineral disponible en Extremadura -donde se encuentran las mayores minas de litio de toda la Unión Europea- sólo podrá utilizarse para producir baterías en fábricas ubicadas en esta comunidad. Una especie de proteccionismo regional al que se opone el gobierno central.

Tal y como defendió el Ejecutivo en la destitución del Consejo de Ministros, reunión que se celebró de forma extraordinaria para disolver las cortes tras la convocatoria de elecciones, las minas se configuran como dominio público y, en el dominio público, como dominio público natural, que pertenece «en todo caso» al Estado, por ser parte del patrimonio nacional. “La subordinación de sus riquezas al territorio autónomo implica el incumplimiento de los poderes del Estado en materia de igualdad de derechos, legislación civil y fundamentos en materia minera y energética, así como el principio de igualdad y el derecho a la propiedad”, defiende el ejecutivo .

Además, asevera que el establecimiento de una obligación para el concesionario de que la elaboración y suministro de litio se realice en Extremadura supone una «vulneración de la competencia del Estado en materia de planificación económica, así como de los principios de unidad de mercado, libre empresa y libre competencia.

Y agrega que las concesiones mineras se rigen además por la regulación de los contratos del sector público y que, por tanto, el establecimiento de una obligación como tal para con el concesionario implica una violación de la competencia del Estado en materia de contratación pública, al imponer una obligación que no no guardan relación con el objeto del contrato. “Todo esto también podría infringir la normativa europea”, añade.

Unos meses antes de que Fernández Vara aprobara este arreglo, la líder de Unidos por Extremadura, Irene de Miguel, le preguntó si había un acuerdo encubierto con la fábrica de baterías que Envision y Acciona proyectaron en Navalmoral de la Mata para que se abastecera de litio. de Cáceres, pero el presidente de la Junta de Extremadura negó la mayoría y aseguró que la planta no había venido por las minas, sino «porque ha llegado su hora para esta tierra».

La Unión Europea predice que se necesitarán hasta 18 veces más litio y 5 veces más cobalto para 2030, y para 2050 casi 60 veces más litio y 15 veces más cobalto, en comparación con el suministro actual de la economía de la UE en su conjunto, para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.

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