Se trata de Begoña Uzkudun Etxenagusia, número 3 de la lista por Azkoitia (Guipúzcoa), y Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 de la candidatura de la ciudad navarra de Berrioplano.
En total, once detenidos por pertenencia o colaboración con ETA (que ya han cumplido su condena) han obtenido puestos consultivos en la Comunidad Autónoma Vasca y tres en los ayuntamientos de Navarra, además de Adolfo Araiz, número 2 de la lista para la Parlamento de Navarra.
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Los presos que han obtenido representación en los Consejos de la Comunidad Autónoma Vasca son: Gorka Betolaza (número 3 de Barrundia), Sonia Respaldiza (número 6 de Llodio), Asier Altuna (primera lista de Azkoitia), Begoña Uzkudun (número 3 en Régil/Errezil), Aloña Muñoa (número 2 de Ormaiztegi), Egoitz Apaolaza (número 3 de Segura), Urko Mancisidor (número 4 de Busturia), Andoni Lariz (cabeza de lista de Ziortza-Bolibar), Zaloa Zenarrutzabeitia (número 3 de Etxebarria), Egoitz Garmendia (número 1 en Otxandio), y Urtza Alkorta (cabeza de lista en Ondarroa).
En Navarra, además de Adolfo Araiz (número 2 de la Cámara de Navarra), fueron elegidos Jon Garai (número 3 de Ansoáin), Iker Isiegas (número 5 de Basaburua) y Juan Carlos Arriaga (número 3 de Berrioplano).
oraciones
Sonia Respaldiza aparecía en los papeles incautados al militar de ETA Ibón Fernández de Iradi, «Susper». Asier Altuna Epelde fue condenado en 2005 a cinco años por colaboración con banda armada. El mando «Araba» pretendía atentar en 2001 al concejal socialista de Eibar José Luis Vallés y fue él quien trasladó a los etarras a Mondragón. Los observó mientras robaban y movían el auto que iban a usar para el ataque.
Por su parte, Begoña Uzkudun Etxenagusia fue condenada en 1989 a 18 años por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984. Fue cómplice del asesinato, cuando denunció la presencia de Larrañaga en la ciudad, donde la víctima regresaba a unos veces. .
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Fue condenada a 106 años de prisión por haber encubierto el atentado cometido en Zarauz el 28 de junio de 1986, en el que el guardia civil Francisco Muriel Muñoz, que murió prácticamente en el acto, y José Carlos Marrero Sanabria, que murió en 1988 a raíz de del ataque También fue condenado en 1990 a 21 años y 3 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, almacenamiento de armas y falsificación de documentos.
Aloña Muñoa Ordozgoiti fue condenada en 2005 en Francia por haber participado en «una asociación de delincuentes para la perpetración de un acto terrorista». Además, Egoitz Apaolaza Goena fue condenado en 2016 a 1 año y 6 meses de prisión por integración en organización terrorista como líder de Batasuna.
Urko Mancisidor Torrontegi fue condenado en 2004 a 2 años de prisión por actos de sabotaje contra entidades bancarias y de seguros; y en 2002 a 3 años de prisión por haber atentado contra la sede del PNV en Zukarrieta. Andoni Lariz Bustundui también fue condenado en Francia en 2015 a 5 años y 3 meses de prisión como miembro del aparato logístico de ETA.
Zaloa Zenarrutzabeitia Iruguenpagate fue condenado en 2009 como miembro de la Segi a 6 años de prisión por pertenencia a organización terrorista Egoitz Garmendia Vera fue condenado en 2016 a 2 años de prisión por pertenencia a ETA, ya que fue responsable desde Ekin hasta Álava.
Urtza Alkorta Arrizabalaga fue condenada en 2013 a 5 años de prisión por un delito de colaboración con ETA, ayudando al mando en actividades de correo, información y acompañamiento.
Por su parte, Adolfo Araiz Flamarique fue miembro de la dirección de HB que aprobó el papel ‘Oldartzen’, llamado «la extensión del sufrimiento», mientras que Jon Garai Vales fue condenado en 2016 a 2 años de prisión por un delito de integración en organizaciones terroristas organización como líder de Batasuna.
Iker Isiegas Garisoain fue condenado en 2004 a 3 años de prisión por haber intentado colocar un artefacto explosivo en un banco de Pamplona en 1999. Finalmente. Juan Carlos Arriaga Martínez fue condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez, comandante retirado del ejército. Isiegas controlaba y monitoreaba los movimientos de la víctima.
denuncia de covitación
La inclusión en la candidatura de EH Bildu de 44 personas condenadas por pertenecer o colaborar con ETA fue denunciada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y marcó la última campaña electoral.
La polémica suscitada por este hecho con una cascada de críticas llevó a los siete condenados por delitos de sangre a dimitir para asumir sus funciones como regidores en caso de ser elegidos, entre ellos Begoña Uzkudun y Juan Carlos Arriagas, que resultaron elegidos.
El mismo 16 de mayo, cuando se anunciaron las dimisiones, compareció de urgencia el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien leyó un comunicado institucional en el que la coalición soberanista aplaudía esta decisión y reafirmaba su compromiso “exclusivamente pacífico y democrático”. La coalición soberanista denunció la «inaceptable» campaña de acoso y derribo contra su formación, pero asumió su responsabilidad ante la situación generada.
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