Escrivá critica al PP por dañar la credibilidad de España con su anterior reforma de pensiones

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El consejero de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, defendió su reforma de las pensiones ante el empresariado catalán reunido este martes en Barcelona en la jornada del Cercle d’Economia, exhibiendo el ‘placet’ de la Comisión Europea ante un reglamento del que serán efectos desplegados por etapas hasta 2050. A las puertas de unas nuevas elecciones, que pueden cambiar o no el signo político del Gobierno, Escrivá ha señalado que “es difícil encontrar una política pública en España que haya pasado más filtros y trámites” y culpó al legado recibido del PP, al que calificó de «problema de credibilidad internacional» para España.

El Ministro no actuó frente a una audiencia favorable. “Sin duda, la reforma del sistema de pensiones era la que más necesitaba un debate público de calidad para lograr un consenso duradero”, afirmaba el Círculo en su nota de opinión publicada hace unos días. Y es que el último capítulo de la reforma no contó con el apoyo de la patronal de la CEOE y el PP votó en contra, dejando en el alero la derogación de parte de la misma si acaba ganando las elecciones.

El ministro esgrimió la batería de argumentos habituales que ha utilizado en los últimos meses para defender su trabajo. Insistió en que España tiene un nivel de costes laborales inferior a la mediana europea, lo que da a las empresas la posibilidad de pagar más y no perder atractivo frente a sus competidores. En concreto, según los últimos datos de Eurostat, el coste horario de la mano de obra (salario más cotizaciones) en Europa es de 30,5 euros la hora, frente a los 23,5 euros de España. Una brecha que se ha ampliado un 30% desde la crisis de 2008 debido al bajo crecimiento de los salarios.

Escrivá también criticó que sus detractores califiquen de insuficiente su reforma, en cuanto a nuevos ingresos de caja, basándose en estimaciones futuras «amarrateguis». “No hay un problema de sostenibilidad”, insistió.

El Ministro reiteró que no consideró necesario elevar la edad legal de jubilación -actualmente en 66 años y medio- porque la consideró «aceptable». Y que el camino es acoplar esta edad legal con la edad efectiva, es decir, la edad a la que las personas efectivamente se jubilan. Para ello aprobó -esta vez con el apoyo de la patronal- una serie de incentivos y sanciones para que los trabajadores tarden más en jubilarse. Sobre todo en el caso de los pensionistas con mejores salarios, cuya esperanza de vida es mayor. «Es el mecanismo más potente» para reducir el gasto, se defendió.

Para completar su alegato, Escrivá imputa la herencia recibida del PP en concepto de pensiones. Mientras que el actual gobierno ha vuelto a vincular las prestaciones contributivas al IPC, es decir, las pensiones aumentan cada año a medida que aumenta la inflación el año anterior. El actual líder «popular», Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho públicamente si derogará o no esta cuestión si llega a Moncloa.

El ejecutivo de Mariano Rajoy dejó de lado el factor sostenibilidad, que vinculaba la cuantía de las prestaciones a la esperanza de vida. Una medida que, según los cálculos de Escrivá, habría reducido las pensiones a la mitad en el caso de los jóvenes actuales y en un 30% en el caso de los pensionistas actuales.

También criticó al PP por aprobar esta reforma en 2013, vendiéndola a la Comisión Europea y congelando después su aplicación. Lo que, según el actual ministro, supuso un «problema de credibilidad internacional» para España. «Vamos un poco más tranquilos», lo despidió el presentador del Círculo.

Centros de migración en América Latina

En su intervención, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también defendió el reciente acuerdo firmado con Estados Unidos y Canadá para abrir centros de inmigración en América Latina a través de los cuales atraer de forma regular y ordenada a personas que encajen con perfiles laborales poco frecuentes en los españoles. mercado de trabajo.

En este caso, Escrivá ultima una instrucción para reformar la normativa de extranjería, con el objetivo de acelerar la regularización de los inmigrantes que ya están en España pero sin permiso de trabajo. Una instrucción que provocó un rechazo en el propio gobierno y en los sindicatos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es más partidaria de una regularización colectiva de los migrantes, en lugar de pasar por Escrivá y facilitarles que acrediten su arraigo a través de la formación (que puede ser «online»). . Las fábricas temen que la regularización haga que los trabajos sean precarios e involucre mano de obra

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