Un miembro del Consejo Fiscal pide a Álvaro García que se abstenga en la elección del cargo al que aspira Delgado

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Suspensión del Consejo Fiscal o abstención de Álvaro García Ortiz de cara al nombramiento de Dolores Delgado como titular de la nueva Fiscalía de la Memoria Democrática. Así lo solicitó mediante escrito al Fiscal General del Estado uno de los integrantes del mencionado órgano consultivo, el Abogado del Tribunal Supremo Salvador Viada, quien cree que existe razón suficiente para apartarse de la decisión de tener un interés en el asunto.

En caso de optar por no suspender la celebración del Consejo Fiscal, solicita expresamente a García Ortiz que examine si existen causas que sugieran que su imparcialidad objetiva “pueda verse afectada por dar una imagen objetiva de interés personal en la resolución del cargo de el Fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y proceder, en su caso, a abstenerse en este caso”.

Fue este martes cuando supimos que tras anunciar elecciones generales para el próximo 23 de julio, la Fiscalía General había adelantado once días la prevista reunión del Consejo en la que participarían, entre otros, el procurador de derechos humanos, el recién creado hombre y memoria democrática. , a la que aspira el ex presidente del Gobierno de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez y fiscal general del Estado.

En principio, Delgado no tiene un puesto garantizado porque hay otros candidatos, pero su designación es considerada como algo inevitable por amplios sectores de carrera, quienes advierten que suele ser una regla no escrita para evitar los grandes nombramientos de líderes de carrera. en plena fase preelectoral, ya que el Fiscal General cesa con el ejecutivo.

El Consejo, cuyos miembros están ocupados mayoritariamente por representantes de asociaciones conservadoras de fiscales, tiene en todo caso carácter consultivo, ya que, oído el Consejo, el Fiscal General tiene la última palabra para proponer nombramientos al Gobierno.

Con Delgado, tres candidatos masculinos aspiran al cargo. Se trata del fiscal provincial de Gipuzkoa Juan Calparsoro, el fiscal especial antidrogas Luis Ibáez y Carlos Castresana, actualmente en el Tribunal de Cuentas pero que fue candidato español a la Corte Penal Internacional en 2021.

En su carta, Viada pregunta al Fiscal General si cree que presenta «una imagen de imparcialidad para dirimir el caso sin que el peso de las relaciones cruzadas que ha mantenido con uno de los candidatos generen sospechas que contaminarían la decisión y socavarían la derecho a una decisión imparcial de los demás candidatos”.

En este punto, Viada recuerda que el riesgo de que tome una resolución un órgano que debería haberse abstenido podría suponer, y ante un recurso, la nulidad de la resolución «pero, sobre todo, en mi opinión, un ataque a la credibilidad de acusación, y un insulto a los demás candidatos y a toda la acusación».

Motivos de abstención

Entre las causas objetivas que sustentarían la abstención del Fiscal General, el vocero destaca la «relación personal y profesional mantenida con uno de los candidatos al cargo», en clara alusión a Delgado, así como las declaraciones de García «reconociendo a quien objetivamente ha hecho tanto» por su carrera profesional, ya que fue su antecesor en el cargo quien propuso su nombramiento al Gobierno.

También menciona el adelanto de la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para que «no se haga cargo del procedimiento» y es posible que el nombramiento de los fiscales propuestos «lo decida un gobierno diferente» al que nombró nombró Procurador General.

El recurso a este lugar, clave para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, se suma al nuevo despacho de la Fiscalía de la Cámara por Delitos de Odio Discriminación y otros cuatro que serán designados el día 8 en Antidrogas, Guadalajara, Navarra y Baleares. Islas, fue propuesta en el BOE del 11 de mayo.

Desde la entrada en vigencia de la Ley de Memoria Democrática por la cual se creó este cargo, fue primero la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, posteriormente, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, considerando que tiene un amplio conocimiento sobre el tema.

Oficialmente, el ex Ministro de Justicia y Fiscal General forma parte del grupo de fiscales de alto rango como fiscal en la oficina del fiscal togado de la Corte Suprema. Ascendió al cargo con el voto en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, integrado en su mayoría por miembros del Colegio Conservador de Abogados.

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