El 23J abre la batalla política para tener siete cementerios nucleares en España o solo uno

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El Gobierno había acelerado los trabajos para la aprobación del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) con el objetivo de actualizar la hoja de ruta sobre cómo gestionar los residuos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto y cómo costear todos los trabajos durante los próximos Pocas décadas. El Ministerio de Transición Ecológica ya preparó una versión final del plan y la intención era dar la aprobación formal final en las próximas semanas.

El avance electoral deja en el aire la aprobación del nuevo plan. Desde el departamento que encabeza Teresa Ribera no se confirma si hay intención de sacar adelante el texto antes de las elecciones generales del 23J, pese a que el sector ha asumido que es inminente. En las próximas semanas se esperaba la aprobación del estudio de impacto ambiental estratégico del plan de residuos nucleares, para pasar luego la nueva hoja de ruta al Consejo de Ministros.

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez es construir siete almacenes diferentes para almacenar residuos radiactivos, uno en cada una de las centrales nucleares de España. La intención es mantener los residuos nucleares en cada central tras su cierre, cuyo desmantelamiento escalonado está previsto entre 2027 y 2035. Los residuos permanecerán allí durante décadas, hasta que se construya un depósito geológico profundo (DGR) para hacer es operativo. .en 2073 y guarde la basura para siempre.

Las empresas nucleares advierten a Feijóo de que trabajar más tiempo requiere asegurar la rentabilidad

El «no» en Villar de Cañas

Tras dejar abiertas durante meses ambas opciones, el ejecutivo socialista descartó finalmente la construcción de un único cementerio nuclear para almacenar los residuos y se comprometió a contar con siete almacenes diferentes. La competencia electoral que se presenta contra los generales reabre la batalla en este tema, porque el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no sólo defiende la revisión del cronograma de cierre pactado con las eléctricas y que defiende el Ejecutivo, sino que apoya también de forma explícita la opción de nave única y relanzar el proyecto para construirla en Villar de Cañas, en Cuenca.

Apenas un mes después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa tras la moción de censura de 2018, el ejecutivo recién estrenado paralizó toda la tramitación relacionada con la construcción de un depósito temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas y ha instado al Consejo de Seguridad Nuclear ( CSN) para suspender temporalmente el estudio del proyecto ante las dudas de los técnicos sobre la calidad del suelo y el rechazo de la Administración Regional.

En los últimos meses, el Partido Popular ha defendido la reactivación del proyecto Villar de Cañas en el Congreso de los Diputados, incluyéndolo como una de las medidas de su propuesta programática para hacer frente a la crisis energética, y ha sido defendido por su candidato a diputado alcalde de la ciudad de Cuenca en la última campaña electoral de las elecciones del 28M (que resultó ganadora).

A la espera de conocer el programa electoral para las legislativas de finales de julio, el PP se defendía hace unos meses en su documento ‘En defensa de las familias y las empresas. Para la reactivación de la economía española», «desbloquea de forma inmediata la construcción del depósito centralizado temporal de residuos en Villar de Cañas (Cuenca)», señalando que el proyecto «cuenta con más de 47.000 horas de estudio técnico CSN y unas 800 horas de faltaría producción”.

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Sin consenso entre las AAPP

El Ministerio de Transición Ecológica alegó que la «falta de consenso social, político e institucional» demostrada durante el periodo de alegaciones del proyecto de nuevo Plan General de Residuos Radiactivos hacía «inviable» la opción de un repositorio único centralizado. Desde el sector nuclear se reconoce que ello se debe a que ninguna comunidad autónoma ha apoyado la posibilidad de albergar el cementerio nuclear en su territorio, pese al interés de algunos municipios.

De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha, encabezada por el socialista Emiliano García Page (recientemente reelegido con mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas), ha demostrado con insistencia durante años y por todos los medios -con reformas legislativas, en las que tribunales…- su rotundo rechazo a la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas. La elección del municipio de Cuenca como sede de la ATC fue aprobada en 2011 por el gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del consejo regional presidido entonces por la popularísima María Dolores de Cospedal.

choque con electrico

El plan del Gobierno de construir siete cementerios nucleares es la opción que genera más rechazo entre las eléctricas que explotan las centrales, por ser la alternativa más cara (2.100 millones de euros más que la construcción de un único depósito) y porque condenan la actuales centrales nucleares para almacenar estos residuos durante décadas y sin poder desarrollar otros proyectos industriales sobre el terreno tras el cierre y desmantelamiento de las centrales.

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La patronal nuclear -en la que están integradas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- ya ha advertido de su oposición a asumir el millonario sobrecoste que tendrían siete naves y las instalaciones aledañas necesarias para garantizar su seguridad y tratamiento de residuos. Lo que preocupa sobre todo a los electricistas, según confirman fuentes del sector nuclear, es que la previsión de lo que queda por pagar hasta el año 2100 para gestionar los residuos nucleares -19.200 millones al optar por los siete silos temporales- suponga un sobrecoste inesperado. de 2.000 millones a precios constantes respecto al proyecto anterior lo que supondría un incremento de las tarifas que pagan las centrales para financiar la gestión de residuos.

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP atribuyen estos sobrecostes al enorme retraso acumulado por el antiguo proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado en Villar de Cañas por falta de consenso político, y por ello se niegan a aceptarlos. La propuesta de las principales compañías eléctricas incluida en su informe de alegaciones al proyecto de RRMP es considerar estas cantidades adicionales como costes del sistema eléctrico y cobrarlas a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores.

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