La ley de vivienda, en vigor desde el 25 de mayo, obliga a los propietarios que alquilan su vivienda a pagar una comisión de gestión: los honorarios que cobran los agentes inmobiliarios por su labor de intermediación. Tradicionalmente, en los mercados más ajustados, las agencias han repercutido estos gastos en el inquilino, que en muchos casos soporta grandes desembolsos -hasta cinco mensualidades- para conseguir el piso que quiere. La nueva normalidad llegó para cambiarlo todo, pero bastó una semana de vida para que los trucos ideados por ciertas agencias vieran la luz para que todo siguiera igual y el inquilino pagara. Hace la ley hace la trampa.
Pablo D., un joven de Madrid, encontró un piso que le gustó el mismo día que se publicó la ley en el BOE. Bien ubicado, luminoso, con espacio suficiente para vivir con tu pareja y por menos de mil euros al mes. Juntos hicieron el papeleo inicial, mostrando las nóminas y otros documentos que acreditaban su solvencia, y fueron aceptados. ¡Felicidad! Primera prueba exitosa. Lo siguiente, informó el agente inmobiliario, fue pagar la reserva.
La reserva, dijo, implicaba pagar una cuota mensual más IVA. El agente también solicitó una serie de datos para elaborar un documento de reserva. Pablo preguntó si este pago mensual se descontaría de la renta y el agente dijo que no. Entonces entendió que se estaban colando: que en realidad ese derecho de reserva mensual + IVA venía a sustituir al mes de agencia de toda la vida.
Pablo confirmó sus sospechas cuando le pidió la factura al agente y el agente respondió que “una vez firmado el contrato, recibirás la factura por los honorarios pagados. Mientras tanto, el documento de reserva actúa como recibo”. Este registro revisó la conversación, que tuvo lugar en WhatsApp. “Las cuotas del mes no se descuentan, es nuestro pan”, asegura el agente.
“El tema de la reserva nos sorprendió porque incluía IVA”, explica el interesado durante una conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. “Cuando nos dijo que no lo habían descontado entendíamos que le habían cambiado el nombre para burlar la ley. Pasamos por el aro porque el piso está bien y ya sabemos lo bien que está roto el mercado inmobiliario. Pero pedirnos la factura por si es en un futuro que podamos reclamar.»
Un documento de «servicios prestados»
La historia de Pablo no termina ahí. Durante los días siguientes -los posteriores a la aprobación de la ley- la agencia inmobiliaria no envió la factura ni el documento de reserva a pesar de que la pareja había hecho la fianza. “Nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que en vez de la reserva teníamos que firmar un papel por el que nos prestaban servicios ya que el dueño no quiere pagar las tasas”, continúa. «Parece que incluso ellos no tienen muy claro cómo violar la ley».
El periódico llegó cuatro días después de la entrada en vigor de la ley. Bajo el epígrafe «Propuesta de reserva», la agencia (franquicia presente en toda España) enumera una serie de «servicios a prestar por el cliente». Ellos son once. Entre otros, la «elaboración del informe sobre el estado de la vivienda», la asistencia al cliente «en el proceso de evaluación de la garantía ‘scoring’ de su perfil frente al propietario», el «servicio de asesoramiento en el cambio de propiedad de suministros”, “servicio de gestión y devolución de depósitos”, “servicio de asistencia en la resolución de incidencias” o incluso “servicio de búsqueda y localización de otro inmueble por cambio de inmueble objeto del arrendamiento”.
En la cláusula de las condiciones económicas, la agencia indica «el precio del servicio contratado por el cliente» (el valor de una mensualidad de alquiler) y añade que las partes declaran que el cliente «no ha abonado los gastos de gestión inmobiliaria ni de formalización». del contrato, a cargo íntegramente del arrendador”.
En concreto, la ley indica que “los gastos de gestión del inmueble y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Al firmar esto, aunque no sea cierto, Pablo declara que todo se hizo conforme a la ley.
El joven inquilino está alucinando. Hasta el momento, el único servicio que ha recibido ha sido ver el piso y pagar un mes sin siquiera firmar el contrato. Pero acepta. El agente reconoció que los honorarios son «su pan» y el casero no quiere pagarlos, por lo que si quiere el piso no le queda más remedio. Firmar el contrato, bromea, es como que te estafen. “Cuando fuimos a ver este piso lo hicimos con tranquilidad, sabiendo que ya había entrado en vigor la nueva ley de vivienda y que no tendríamos que pagar a ninguna agencia. Pero pronto vimos que habían encontrado la trampa”.
Los sindicatos: «Que la factura se ponga ‘fresca'»
El caso de Pablo no es anecdótico. “Muchos vienen a nosotros”, confirma Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. “La mayoría proviene de gente que estaba en proceso de renovación. En Barcelona se paga una cuota del 10% de la anualidad cada vez que se renueva el contrato. Ahora debe asumirlo el propietario. En algunos casos negociamos, en otros otros, las agencias ya han dicho que el inquilino no está pagando”, dice. El consejo es: pedir factura y que de muy claro que son honorarios. Que no te cuelen otros gastos, porque si no la reclamación será muy difícil».
Para Arcarazo, “el texto de la ley es claro. Con eso en la mano, y si en la factura está claro el concepto de honorarios, puedes reclamar y al final te lo devuelven”. Dice que dentro del gremio ya tienen experiencia con estos casos porque desde el 2019 los gastos corren por cuenta del dueño siempre y cuando sea persona jurídica. «Cuando les enviamos un correo electrónico diciendo que es un fraude legal, lo devuelven».
El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, subraya la «complejidad» de cambiar la ley de forma tan repentina. “Tuvimos varios proyectos de ley de vivienda. Algunos dijeron que habría un período de transición, pero finalmente se publicó y entró en vigor de la noche a la mañana. Pillaba agencias con contratos en fase de comercialización, otras a la espera de ser firmadas… Al tratarse de un sector de micropymes, es normal que se las tomaran a mal. No tenemos datos de cómo se adaptan.
Alfaro explica que «lo más habitual» es que ambas partes paguen un canon, pero reconoce que depende del mercado. En las grandes ciudades y lugares donde hay más demanda (inquilinos) que oferta (pisos en alquiler), los caseros son «los más fuertes» y lo normal es que los cobros recaigan sobre el inquilino. Anuncia que su federación considera «inconstitucional» esta norma porque atenta contra la «libertad de empresa» y que se dispone a llevarla ante las «autoridades políticas» que la denuncian.
Este periódico se puso en contacto con varias inmobiliarias al azar, contactándolas como posibles inquilinos. La respuesta más común es que el inquilino paga los cargos porque el alquiler es estacional y no está sujeto a la nueva regla. Al contactar como propietario, dicen que los gastos corren por cuenta de ellos desde la entrada en vigor de la nueva ley.
Por el lado del gremio de inquilinos, anticipan que la obligación de los propietarios de pagar los cargos «desinflará» el mercado. “Los agentes inmobiliarios son los primeros interesados en subir los precios porque dependen de ello. Cuando pasas por alto a la agencia, te llevas más fácilmente con los propietarios”. Alfaro cree lo contrario. “No tiene ni pies ni cabeza. Las agencias están poniendo mesura y sentido común en el mercado. Esta caza de brujas sólo provocará la pérdida de garantías y menor accesibilidad a la vivienda en alquiler”, concluye.
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