El conflicto entre los inspectores del trabajo y el gobierno se intensifica y cobra fuerza, luego de más de un año de estancamiento. Los 17 directores territoriales y jefes de equipo del organismo estatal firmaron una carta conjunta contra el bloqueo de negociaciones con los ministerios de Trabajo y Hacienda -de los que depende la gestión del servicio público. Exigen la reforma en curso de la estructura de la organización, así como los refuerzos prometidos para hacer frente a la creciente carga de trabajo que ha asumido la «policía del trabajo» en los últimos años.
“Creemos que la necesidad de una reforma profunda es inaplazable. […] Entendemos que estas carencias han afectado la capacidad de actuación de la ITSS desde hace algún tiempo. [Inspección de Trabajo y Seguridad Social] y no les permiten desarrollar sus competencias con la eficacia, intensidad, complejidad y rapidez que exige el mercado laboral actual y las exigencias de los trabajadores”, se lee en el escrito hecho público este martes por los 17 directores territoriales de cada una de las comunidades autónomas, así como los 57 jefes de unidad que integran el cuerpo.
Todos los sindicatos representados -CCOO, CIG, Csif, Sitss, Sislass, UGT y Sess- entre los Inspectores llevan meses llamando a la huelga. Todos excepto el Sindicato Nacional de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que tiene una fuerte influencia entre los subinspectores y entiende que las demandas presentadas prevalecen sobre los intereses de los inspectores.
Actualmente, la plantilla de inspección está formada por un total de 2.051 personas, entre inspectores y subinspectores. Un organismo que debe garantizar los derechos laborales de los 20,8 millones de trabajadores actualmente en activo. Es decir, cuentan con un inspector por cada 10.141 trabajadores.
Delitos contra otras organizaciones
“Hemos encontrado que otras organizaciones se han beneficiado recientemente de mejoras realizadas en un período de tiempo muy corto y sin un ejercicio de análisis previo que realizamos”, agregan los firmantes. Y es que mientras en Seguridad Social y la administración de la Justicia el Gobierno ha acabado alcanzando acuerdos con las centrales para reforzar dichos departamentos y contener la pérdida de efectivos tras una década de deficientes ofertas de empleo públicas, con la Inspección de Trabajo no ha sido el caso.
Acuerdos, por su parte, que probablemente quedarán pendientes hasta la próxima legislatura, ya que con el avance electoral se prevé la negociación y publicación de la oferta pública de empleo 2023 -donde deberían integrarse parte de los acuerdos que se celebren entre el Ejecutivo y los sindicatos-. suspendido.
Este miércoles convocaron nuevas manifestaciones frente a todas las direcciones territoriales de la Inspección, con una concentración de media hora. Su calendario de protestas se extiende los días: 7, 8, 12, 14, 16, 20, 22 y 23 de junio. Entre el 24 y el 30 de junio está prevista una huelga todos los días en la Inspección de Trabajo.
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