Directivos de la empresa textil Mango intentaron falsear las elecciones sindicales en su centro logístico de Lliça d’Amunt (Vallès Oriental) boicoteando la candidatura de UGT de Catalunya. Según documentos a los que tuvo acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, responsables de la empresa entrevistaron uno a uno al menos a 365 trabajadores para preguntarles por qué opción iban a votar en las próximas elecciones, previstas para el 19 de junio. E hicieron una lista con las preferencias de cada uno, notando como algunos cambiaban de opinión y decían que apoyarían a otro sindicato después de dicha entrevista. Un cambio de opinión que se debe, según los informes de la CGU, a que durante estas conversaciones hubo coacción y acoso a personas que no estaban a favor de la candidatura preferida por la empresa.
En la lista hay un comentario sobre la afiliación de cada uno de sus trabajadores y lo que piensa votar en las elecciones. “Si trabajas, votarás por Fetico” (sindicato alternativo presente en el sector servicios). «Posiblemente abierto a escuchar sin aprensión». «Dudoso». «Todo le parece bien, no se sintió presionada en ningún momento, parece que está del lado de UGT y no quiere cambiar». «No mostró mucho interés en votar». “Se retira este verano. En principio, la lista de Fetico nos respalda”. Estas son algunas de las observaciones reportadas por los funcionarios.
Fuentes de Mango, entrevistadas por EL PERIÓDICO, aseguran desconocer estas maniobras, se distancian y realizan una investigación interna para «determinar el origen de las irregularidades en las que se hayan podido incurrir».
El boicot a las elecciones sindicales puede ser un delito penal, sancionado con pena de prisión, y supone una infracción muy grave de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), con sanciones que, en su cuantía máxima, ascienden a 983.736 €. . Recientemente, el Juzgado de lo Penal número 28 de Barcelona ha dictado una sentencia en la que condena a tres meses de prisión a un empresario de El Prat de Llobregat que amenazó con despedir a una cuarta parte de la plantilla si CCOO ganaba las elecciones sindicales.
Mango es una de las mayores empresas textiles de España, fundada en 1984, cuenta con unos 6.059 empleados en todo el país, entre tiendas y centros logísticos. Ninguno de sus centros de trabajo está sindicalizado y no todos cuentan con comités de empresa, como reconoce la propia empresa. Una falta de representación legal de los trabajadores inusual en empresas de este tamaño.
Desde UGT explican que ya habían intentado antes y en otros centros empresariales, propiedad de Isak Andic, montar comités de empresa, pero que no podían montar de candidaturas, ya que los candidatos a inscribirse en las listas acababan desmarcándose en el último minuto Las fuentes consultadas por CCOO coinciden: “Mango es una empresa que históricamente se ha resistido a la sindicalización. Desde este sindicato avanzan a EL PERIÓDICO que se retiran de las elecciones de Lliçà, donde también intentaban hacer su propia lista, y que se sumarán a cualquier procedimiento de denuncia contra ellos que UGT decida concretar.
Otras empresas del sector de tamaño similar cuentan desde hace años con comités de empresa y gestionan a través de ellos los desacuerdos que puedan surgir entre la dirección y los empleados. En Mango, era hasta ahora a través de la figura del “embajador”, un directivo elegido por votación de los trabajadores que debía servir de mediador entre la empresa y la plantilla. En toda España hay 27 delegados de este tipo.
primeras elecciones
El pasado 19 de abril, la UGT de Cataluña promovió las primeras elecciones sindicales de la historia de Mango, formando su propia lista en Lliçà d’Amunt, donde trabajan unas 800 personas. La fábrica notificó a la empresa con anticipación, como lo exige la ley, de su intención de realizar elecciones sindicales. Estos luego pueden ser seguidos por cualquier sindicato que logre montar su propia aplicación con los empleados del centro. En ese momento, según explica el sindicato, diversos superiores jerárquicos comenzaron a dirigirse de forma individual a gran parte de la plantilla para cuestionarles sobre su opción sindical de cara a las elecciones. La votación está fechada el 19 de junio.
De estas entrevistas individuales surgió una lista, a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO, que clasifica un total de 365 empleados. Con su nombre y apellido, su horario de trabajo, su turno asignado y el responsable que entrevistó a cada uno de ellos.
“La dirección de la empresa no ha fomentado ni tenido conocimiento en ningún momento de la elaboración de listas sobre la posición sindical de sus trabajadores. […] Mango condena enérgicamente cualquier actuación que suponga un atentado contra la libertad de elección sindical”, aseguran a este medio fuentes de la empresa. UGT ya ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo de la provincia de Barcelona y su despacho jurídico está ultimando dos querellas, una social y un criminal.
Fetico niega alianza con Mango
Desde UGT denuncian que la empresa ha maniobrado para impulsar la candidatura alternativa a la suya, la del sindicato Fetico. Esta central está presente en la actualidad en unas 340 empresas, según dice, con especial presencia en el sector servicios. El Corte Inglés es su principal baluarte.
El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, desmiente a preguntas de EL PERIÓDICO que nadie de la dirección de Mango se ha puesto en contacto con él ni con nadie de la oficina central que dirige para instarles a que elaboren una candidatura alternativa. “Vemos el aviso electoral cuando la autoridad laboral nos notifica, como es absolutamente habitual en todos los procesos que se convocan, y a través de personas que conocemos formamos nuestra lista”, dice.
Pérez dice que desconoce que la empresa llamó uno por uno a por lo menos esos 365 trabajadores registrados para preguntarles sobre su afiliación sindical y qué votarían en las próximas elecciones. “Si es así, está muy mal hecho”, dice. También niega que alguien en la dirección de Mango haya orquestado una campaña para favorecer su voto, aunque reconoce que los mandos intermedios pueden haber organizado de forma autónoma y unilateral la serie de entrevistas, la lista «política» y condicionado parte del modelo a cambiar su voto.
Sin plan de igualdad
Una de las muchas consecuencias de la ausencia de un comité de empresa es la ausencia de un plan de igualdad registrado, obligatorio por ley en España para cualquier empresa de más de 250 trabajadores. Este es un documento que debe ser consensuado con los trabajadores para diagnosticar y corregir cualquier discriminación que pueda existir entre los trabajadores por razón de género. Y es que, desde 2019, la ley exige que estas empresas hayan presentado su plan de igualdad, junto con una serie de trámites, ante la autoridad laboral competente. En este caso, al ser una empresa de dimensión estatal, el Ministerio de Trabajo.
En la actualidad y tras cuatro años con esta obligación legal en vigor, Mango no tiene registrado un plan de igualdad, según confirma el ministerio que preside Yolanda Díaz. Aunque defiende haber llevado a cabo «acciones para reducir la brecha salarial en España del 2,7% en 2021 al 1,82% en 2022, cifra que seguirá reduciéndose este año».
La UGT presentó una denuncia ante la inspección de trabajo por este asunto. Las multas por no disponer de un plan de igualdad oscilan entre los 751 y los 7.500 euros, aunque pueden llegar hasta los 225.000 euros si la ausencia del mismo se debió a la voluntad explícita de la empresa de ocultar la discriminación por razón de sexo.
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