Decenas de personas, convocadas por diversos colectivos y entidades, entre ellas Amnistía Internacional, se concentraron este sábado ante las instalaciones de CAF en Lazkao (Guipúzcoa) donde se celebraba la junta general de accionistas de la compañía para protestar contra la participación de esta empresa en el proyecto del tren ligero de Jerusalén.
La movilización tuvo lugar ante los pabellones de la tercera división de CAF situados en la confluencia de los municipios guipuzcoanos de Beasain y Lazkao, donde se celebró la Junta General de Accionistas en la que los empresarios presentaron el balance de la actividad y la principales etapas de la empresa. durante el último año fiscal.
La manifestación fue organizada por diversas entidades agrupadas en la plataforma «CAF Bájate del tren del apartheid» y durante la misma los participantes ondearon banderas palestinas y desplegaron pancartas y carteles con lemas como que «Estos no son solo trenes, son herramientas de colonización. CAF no seas cómplice».
También soltaron gritos, que se intensificaron cuando los accionistas ingresaron a las instalaciones de la empresa, como «Palestina, libertad» o «Asesino de Israel, colaborador de CAF».
Junto a estos concentrados, también había otras decenas de personas, ataviadas con camisetas o chalecos amarillos y con sus propias pancartas de protesta, pertenecientes al colectivo de afectados por las dificultades para recuperar las cuotas de la EPSV Gero.
Por su parte, un activista de Amnistía Internacional (AI), aparentemente accionista de CAF, aprovechó su turno de palabra para exigir al Consejo que abandone el proyecto ferroviario.
La organización aclaró que el implicado era Gerardo Ríos, quien preguntó durante la reunión por qué la empresa “sigue evitando detallar en la memoria de sostenibilidad que el proyecto atraviesa territorios palestinos y asentamientos ilegales en Jerusalén, ocultando así factores de riesgo”.
Según AI, «la empresa siguió defendiendo el impacto social ‘positivo’ del proyecto y, escondiéndose tras una consulta con un experto, reafirmó que es legal, aunque no hizo público el contenido de su informe. «.
Ríos también criticó que los «informes y políticas» de CAF «aseguren» que es una empresa «comprometida con el respeto a los derechos humanos» mientras «desprecia las consecuencias» de este proyecto para el pueblo palestino.
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