El presidente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga un supuesto esquema piramidal, exigió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le facilite «la información disponible sobre las recomendaciones, advertencias o expediente sancionador a las sociedades mercantiles QRenta Agencia de Valores SA y Partisu XXI Group SL”, según se especifica en un auto de 22 de febrero, a cuyo contenido ha tenido acceso esta sala de redacción.
El 20 de enero de 2022, el instructor decidió acoger la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona. Y por eso investiga la querella de los perjudicados en Cataluña.
Las personas implicadas carecían de conocimientos técnicos sobre finanzas e inversiones y requerían una cuidadosa gestión patrimonial para mantener su patrimonio a través de instrumentos financieros de renta fija. Acusan a las empresas y a varios de sus dirigentes de haber cometido delitos de estafa, administración desleal, modificación de precios y corrupción entre particulares. Los inversionistas ignoraron las demandas de sus clientes y destinaron el capital que les entregaron para su gestión a invertir fondos en renta variable y fondos mutuos.
las mismas empresas
También destinaron los fondos a la compra de acciones de sociedades cotizadas en el mercado alternativo bursátil (MAB), consideradas inversiones de alto riesgo, siendo los beneficiarios en todos los casos las mismas sociedades: Grupo Inkemia, Europa Wireless Telecom, K2 2006 Sicav ., Sigma Activa Sicav., Annapurna FI y algunas otras. Estas operaciones provocaron importantes pérdidas a los inversores. Además, los demandantes argumentan que existen “indicadores de que hubo deficiencias en la información proporcionada, riesgos existentes y que su perfil de inversor se habría modificado a favor de QRenta”.
El instructor solicita información a la CNMV porque este organismo regulador impuso en 2021 dos sanciones por infracciones muy graves a QRenta por valor de 2 millones de euros por la gestión inadecuada de conflictos de interés en el asesoramiento de valores cotizados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), sino también por deficiencias en los registros de pedidos y organización interna.
Otros 3,1 millones
En la misma línea, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) logró una veintena de condenas contra QRenta por valor de 3,1 millones de euros. En la última de estas sentencias, el juez consideró que esta empresa no había informado a los clientes de la depreciación de las carteras. Además, en los informes que elaboraba periódicamente, sobrestimaba los activos y la rentabilidad de la cartera que ofrecía.
Asimismo, García Castellón se dirigió al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada (CITCO), para que este organismo le informara de qué unidad policial de delitos económicos puede elaborar una lista de posibles víctimas de presuntas defraudaciones y determinar los montos de las cantidades perdidas.
posible fraude
También quiere que los funcionarios, con base en la información proporcionada por los denunciantes y la que pueda recabar de bases de datos y registros públicos y bases de datos, determinen qué tipos de productos ofrecieron los denunciados y sus condiciones, así como la posible existencia de indicios de fraude. .
Por último, pide a la policía judicial que elabore un listado de denuncias que se hubieran podido presentar ante unidades del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil sobre las mismas personas y hechos. El instructor pretende que los agentes detecten si los imputados han sido objeto de investigaciones previas.
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