La Junta de Andalucía está dispuesta a modificar la Ley de Riegos del Parque de Doñana mediante diferentes modificaciones que ofrezcan una alternativa «creíble y viable» que solucione el problema de las familias que actualmente se encuentran en una situación de «legalidad» y que garantice la protección del patrimonio nacional parque. Este martes ha dado comienzo en el Parlamento de Andalucía la comisión encargada de debatir el proyecto de ley para mejorar la gestión del riego en la Corona Norte de Doñana, en la que participarán expertos y representantes de distintas administraciones y entidades.
El presidente de la junta, Juanma Moreno, espera que esta comisión parlamentaria sirva para solucionar un problema «arraigado» desde hace mucho tiempo y que su Gobierno «heredó» al PSOE, como dijo en Málaga, donde participó en la toma de posesión del congreso tecnológico Digital Enterprise Show (DES). Moreno señaló que el ejecutivo decidió tratar el proyecto de ley en el Parlamento, en lugar de hacerlo por decreto, “para que todos, desde asociaciones ambientalistas, especialistas, profesionales y líderes de otras formaciones, puedan expresar su visión y aportar soluciones.
Afirmó que el Consejo está «preparado para que el proyecto de ley sea modificado por varias enmiendas», por lo que espera que sus detractores «brinden una alternativa creíble y viable para solucionar el problema de decenas de familias atrapadas en una situación de legalidad». , sin perjuicio de los intereses del parque». «Precisamente lo que garantiza esta ley es que nunca se extrae agua del subsuelo. Es una ley de garantía y conservación del Parque de Doñana”, ha subrayado.
Moreno espera que los diputados hagan «aportes positivos» y no utilicen esta polémica como se hizo en las elecciones. “Como gobierno siempre estamos dispuestos a dialogar, a escuchar, a aprender de quienes nos puedan hacer una propuesta más inteligente o positiva que lo que estamos haciendo”, subrayó. El proyecto de ley de PP y Vox propone ampliar en unas 800 hectáreas las superficies agrícolas regables de la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron excluidos de la normativa en 2014, y que afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
El PP argumenta que estos cultivos se regarán con agua superficial del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, y no con agua del acuífero de Doñana, pero la iniciativa ha provocado el rechazo del Gobierno central, de la Comisión Europea, expertos y ecologistas, que temen que esto acabe afectando al Parque de Doñana.
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