“Las cosas han ido demasiado lejos”, advirtió el científico Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, “quizás por un error de cálculo”. La que se considera la voz más autorizada sobre el parque nacional ha advertido que nos enfrentamos a «la mayor crisis social, institucional y política en mucho tiempo» en torno a la reserva natural. «Detengamos la tensión, impidamos que siga creciendo la bola de nieve», ha declarado el biólogo en el Parlamento, pidiendo expresamente al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno que tenga «valor político» para retirar un proyecto de ley que ha puesto en peligro «la paz social, el futuro de los agricultores y la imagen de marca de Andalucía y España en el mundo».
“Dejen de hacer crecer esta guerra absurda”, exigió, pidiendo a todas las administraciones que trabajen juntas. “Como magos, nos distraéis con algo bizarro como declarar regadíos sin agua”, confesó, tras una severa amonestación, ante los diputados andaluces. “Que en 2023 alguien tenga que venir al Parlamento a explicar qué es pactar me dio vergüenza”, concluyó.
El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha sido el último en comparecer en el tratamiento del Proyecto de Ley de Regadíos de Doñana, tras la rectificación del PP, que inicialmente le excluyó de la lista. Delibes llegó sin citación formal -«Me siento conmocionado», dijo- y se mostró horrorizado de que la Estación Biológica de Doñana o la Asociación de Agricultores de Almonte, Puerta Doñana, que rechazan la nueva normativa de riego, hayan sido excluidas. Delibes dijo estar «menos enfadado» que cuando compareció hace un año y dijo que no quería «echar grasa a esta guerra mediática y política que no ayuda» pero su intervención fue muy contundente.
“Doñana es seca, sus lagunas están cubiertas de árboles y arbustos. Los niveles freáticos están cayendo, han sido declarados en riesgo”, describió Delibes, “los agricultores están desbordados porque sus pozos languidecen y se están derrumbando entre multas y deudas”. Para ellos, pidió alternativas: un plan de ayuda para los pequeños agricultores que cierran sus pozos y estanques, exenciones de impuestos, jubilaciones anticipadas, soluciones “caso por caso” y “sin armas políticas partidistas”.
recta final
El proyecto de ley de regadíos en la zona del Parque Nacional de Doñana llega a su recta final en el Parlamento andaluz tras una intensa jornada, de más de diez horas, en la que agricultores, alcaldes, empresas, sindicatos, ecologistas y expertos han depositado sus opiniones e inquietudes. A veces desde posiciones muy opuestas. La lista de comparecientes ya nacía de la polémica, puesto que los partidos de la izquierda han denunciado que se han vetado muchas voces que están en contra del texto legal de PP y Vox que regulariza unas 800 hectáreas más de suelo de regadío en la corona norte del parque.
Una de las únicas advertencias unánimes se refería a los perjuicios causados por la «batalla política» y la «guerra entre administraciones» con la agricultura y Doñana. Como Delibes, empresarios, gremios y campesinos coincidieron en que la pugna electoral es dañina y exigieron el cese del enfrentamiento. Ya ha habido una campaña en Alemania pidiendo la retirada de la fresa de Huelva de los supermercados. «Cada ‘campaña’ de boicot cuesta 2,5 millones de euros al día», ha advertido el alcalde saliente de Lucena, el independiente Manuel Mora.
100.000 empleos directos, 160.000 indirectos, el 34% de las altas en la seguridad social de la provincia de Huelva y el 9% del valor añadido bruto (VAB) del total provincial, resumió el portavoz de Freshuelva, que se ve afectado, alertado de que Doñana ha estado en el centro de la confrontación política durante varios meses. Los empresarios freseros también creen que estas campañas están «financiadas» por países con intereses económicos en el sector de los frutos rojos.
daño a la reputación
El daño a la reputación es «muy grave», coinciden todas las partes. Los sindicatos CCOO y UGT han exigido la retirada del actual proyecto de ley, a los que se ha sumado la organización agraria COAG. Los citados agricultores, así como la mayoría de los alcaldes de los municipios más afectados, denunciaron que en el plan de manejo de la fresa de 2014, que permitió regularizar 9.300 de las 11.000 hectáreas de la corona norte del Parque, “injusticias”. y “ultrajes” a algunos de los afectados, que vieron cómo sus tierras se convertían en forestales y no agrícolas. Esto es lo que viene a corregir, explica el PP, el nuevo proyecto de ley.
Estas situaciones «anormales o injustas», en palabras de uno de los agricultores afectados, podrían haberse subsanado dirigiendo las alegaciones al plan fresa o abriendo un comité de seguimiento previsto por la norma para corregir los errores. Estos mecanismos nunca han sido utilizados. Además, advirtieron los alcaldes, no se han realizado las inversiones previstas en este plan. Las quejas por la falta de inversiones en agua, en planes que datan de 1994, también fueron un clamor de todos los que aparecieron. La falta de alternativas al sector fresero también fue motivo de coincidencia: “No hacer nada tampoco es una opción, el plan fresero de 2014 no está terminado ni desarrollado del todo”, admitió el COAG.
«Criminalizar» el sector
Por el lado de las Cooperativas Agroalimentarias, lamentó que se transmita a las autoridades europeas “un mensaje que criminaliza un sector honesto como el de los frutos rojos”. Los agricultores defendieron datos como que «el 90% de la fresa está fuera de la zona de influencia» del Parque y «factura más de 1.000 millones de euros, 1.500 millones de exportaciones» que dan un sustento a cientos de miles de familias en la provincia «. . “Hay que sacar el debate de la fresa de la agenda electoral porque este choque político está en el origen de una lucha oportunista”, advirtieron.
Desde la organización agraria COAG, deploraron la falta de transparencia y pidieron consolidar los regadíos existentes antes de otorgar nuevos derechos. Solo cuando las obras hidráulicas estén terminadas y los recursos estén disponibles, advirtieron, sería prudente investigar la posibilidad de nuevos riegos en la zona. Los críticos de la norma han insistido en que se están generando ‘falsas expectativas’ entre los agricultores ‘sin que intervenga ninguna solución’. Esta organización agraria también alertó de las desigualdades que existen en un sector donde “el 2,5% de las concesionarias acapara el 63% de las superficies y el 80% del agua autorizada”, con fondos de inversión y capital extranjero detrás de muchas empresas.
alerta ambiental
La organización ecologista WWF ha pedido que se «retire el proyecto de ley», advirtiendo que podría «legalizar un área de hasta 1.900 hectáreas». Los ecologistas denuncian que «ha supuesto romper la paz social al enfrentarse a los agricultores y perjudicar a los regantes de frutos rojos en Huelva». La asociación de fresas de su pueblo, Puerta Doñana, no fue convocada a la comisión parlamentaria contra el proyecto de ley, ni tampoco la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que envió un escrito calificando de «engaño» la iniciativa, y la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera declinó presentarse. También quedaron fuera el responsable de la Estación Biológica de Doñana y un representante de la Unesco, las dos organizaciones en contra de conceder más permisos de riego.
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