Un hermano del director de los centros de menores inmigrantes de Puerto Bello, Puerto Rico, y Acorán, en Tafira, uno de los cuatro acusados de luchar contra la corrupción en la gestión de estos recursos de acogida en Gran Canaria y Lanzarote por la Respuesta Social Siglo XXI Fundación, facturó más de 104.000 euros en los años 2020 y 2021 en frutos al dispositivo de emergencia ubicado en La Santa, Tinajo (Lanzarote). Todo ello con fondos públicos entregados a la ONG por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias.
Entre los gastos que aparecen en los extractos de cuenta y tarjetas bancarias del Dispositivo de Emergencia para Menores Extranjeros No Acompañados (Demena) del Ayuntamiento de Lanzarote, se encuentran un gran número de facturas emitidas por Yeray PR entre 2020 y 2021, mientras fue director de El propio DG Enrique En concreto, en el primer año hubo pagos con tarjeta en la pequeña frutería que este hombre regentaba en Arrecife por valor de 9.355,85 euros, a los que se suman transferencias a su cuenta personal por 42.978,85 euros.
En 2021, cuando ING Bank canceló la cuenta bancaria de los centros de menores gestionados por Respuesta Social Siglo XXI por detectar movimientos económicos injustificados con origen o destino, estas transferencias bancarias ascendieron a 45 837,79 €. Gran parte del importe provino de este banco, pero otra parte -12.705 euros- fue transferida desde otra entidad. A ello se suma también la cantidad de 6.102,52 euros en transferencias desde la cuenta personal de su hermano, el imputado Fernando PR
Los pagos a este empresario se unen a otros en los que Anticorrupción también ha observado presuntas irregularidades, como tratamientos de belleza, combustible «desorbitado», alquileres de vehículos, ropa en Primark o medicamentos no aptos para menores, como viagra, analgésicos o productos para dejar de fumar. Para estas y otras preguntas, el fiscal ve evidencia de agravios de falsificación de registros comerciales, administración desleal y/o malversación de fondos públicos.
Uno de los principales proveedores
Con este volumen de facturación, la frutería, subraya el delegado de la fiscalía anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, se ha convertido en uno de los principales proveedores del recurso de emergencia de Lanzarote. Tanto es así que más de un tercio de los gastos del centro fueron para este empresario. Además, el monto de estos pagos aumentó con los años, mientras Enrique DG permaneció a cargo de La Santa.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, se pagaron en promedio hasta tres facturas semanales durante este periodo, una enmarcada bajo el concepto de «limpieza», otra bajo el nombre de «higiene» y la última en «alimentos». . “, lo que despertó las sospechas de la fiscalía, ya que Yeray PR regentaba este pequeño negocio y no se conocía ninguna otra empresa de suministros.
90.000 euros en Lanzafrut
Además de los pagos al hermano del imputado, en las cuentas bancarias vinculadas al centro de La Santa, también se produjeron pagos a la empresa Lanzafrut SL por importe de 90.036,69 euros entre los años 2019 y 2022, coincidiendo con el periodo en la que estuvo al frente del mismo Enrique DG Es un mayorista de frutas y verduras que opera en Lanzarote. El primero de los años solo recibió 2.189,32 euros, cantidad que se multiplicó exponencialmente en 2021, cuando ascendió a 57.389,47 euros. En 2020 como en 2022, la cifra se quedó en 15.200 euros.
A pesar de que Lanzafrut cobra a los distintos centros de menores de la isla, gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, el de La Santa es el que mayor cantidad de dinero ha destinado a la compañía. Seguido del de Yaiza, cuyo director entre abril de 2018 y octubre de 2020 también es objeto de una investigación por parte del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que pagó 32.054,45 euros a la empresa, y por el otro centro que está situado en el municipio de Tinajo -28.279,46 euros-.
El director de Demena La Santa también pidió a esta empresa que, al pagar las facturas, añadiera una determinada cantidad de dinero al cobro a través del datáfono con el objetivo de que ese diferencial fuera luego devuelto en efectivo y en manos del propio interesado. demandado, el llamado «fondo operativo». Ródenas valora en 17.740 euros la cantidad que Enrique MG se embolsó por esta vía, “con la finalidad específica de impedir la verificación del control del destino final que se da al dinero”.
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