Las llamadas comerciales no solicitadas quedarán prohibidas a partir del 29 de junio

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Las empresas que comercializan bienes y servicios a partir del 29 de junio tendrán prohibido realizar llamadas comerciales no deseadas -las comúnmente denominadas “spam”- a usuarios que no hayan dado su consentimiento expreso con anterioridad.

Estas empresas pueden ser sancionadas en virtud de la Ley General de Telecomunicaciones, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de junio de 2022 e incluyó un artículo reiterando esta prohibición.

La normativa estableció un plazo de un año para la entrada en vigor del derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, previsto en el artículo 66 de esta ley.

Esta ley se aplicará si el usuario llamado tiene asignado un número fijo o móvil en España, según han aclarado a EFE fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Así, si la empresa envía spam sin consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede tomar medidas disciplinarias contra la empresa, independientemente de dónde se encuentre.

En el caso de que una empresa comercialice bienes y servicios en España y realice una llamada desde un centro de llamadas ubicado fuera del país, la AEPD también podrá contactar con dicha empresa.

En concreto, la ley establece que los usuarios tendrán derecho “a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo consentimiento previo del usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda estar respaldada por otro legítimo base de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 sobre el tratamiento de datos personales”.

Esta excepción, por ejemplo, se aplicaría en los casos en que el recurso fuera necesario para proteger intereses vitales, o para el desempeño de una tarea realizada en interés público, entre otros.

Teléfono, a favor

Uno de los sectores que realizan este tipo de llamadas es el de las telecomunicaciones, aunque no es el único.

Telefónica, el principal operador del país, ve «con buenos ojos» que exista una normativa para limitar este tipo de llamadas y asegura que siempre ha sido «extremadamente respetuosa» en este sentido.

De hecho, las fuentes han afirmado que las llamadas a no clientes son muy residuales.

La multinacional española ha recordado que siempre ha abogado por el cumplimiento del código ético en cuanto a horarios, prácticas y por supuesto en la protección de datos de los clientes, con los niveles de consentimiento que ello implica.

En el caso de O2 (una marca de Telefónica), ni siquiera hacen llamadas a sus propios clientes, además de no pasarlas a los no clientes, puntualizó.

Los otros tres operadores, respectivamente segundo, tercero y cuarto, Orange, Vodafone y MásMóvil, no se pronunciaron sobre esta cuestión tras ser cuestionados por EFE.

Por su parte, el director general de la patronal de la tecnología DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo, cree que este es uno de los diferentes ámbitos en los que ha avanzado la nueva normativa, aunque considera que el sector es uno de los que ofrece «mejores garantías frente al consumidor».

Agregó que estas garantías se producen gracias a “las normas de la industria y los estándares de calidad impuestos por los propios operadores”. En DigitalES están presentes las principales empresas de telecomunicaciones del país.

procedimiento parlamentario

El derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas se introdujo en la ley durante su trámite parlamentario, tras la aprobación en el Congreso de una enmienda acordada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC.

Inicialmente, el proyecto de ley presentado por el gobierno a los tribunales reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado sobre las mismas, lo que ya era posible gracias a la lista Robinson, en la que los usuarios pueden suscribirse para evitar este tipo de llamadas. comunicaciones de empresas a las que no han dado su consentimiento.

Esta ley regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las correspondientes directivas europeas.

Entre otras tareas, esta ley fortalece y protege los derechos de los usuarios.

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