Un mes de paro indefinido de los operadores de justicia: millones de acciones suspendidas y sin visa según el gobierno

Comment

Ultima Hora

A pesar de que el actual gobierno tiene poco margen de maniobra -quedan pocas semanas para las próximas elecciones legislativas-, los funcionarios de justicia están en huelga indefinida desde el 17 de mayo -que ha sido precedida por paros parciales desde finales de marzo- en demanda de un aumento de sueldo de hasta 430 euros al mes. En el camino, millones de acciones judiciales a costa de poder llevarlas a cabo y miles de juicios suspendidos, lo que aumenta la endémica saturación de las autoridades judiciales.

En esencia, los tramitadores y funcionarios de Asistencia Jurídica -grupo que agrupa a 45.000 efectivos a nivel nacional- reclaman el mismo trato que el departamento de la ministra Pilar Llop ha dado en los últimos meses a los abogados de la administración de justicia (LAJ) -órgano superior antes llamados secretarios de justicia- así como jueces y fiscales, con quienes ha llegado a acuerdos para incrementar sus salarios.

El conflicto se ha recrudecido en los últimos días, incluyendo hasta tres reuniones entre las dos partes que han fracasado -según funcionarios porque no se les ha hecho ningún ofrecimiento-, un confinamiento de cuatro días de los huelguistas con denuncia incluida de que se les negó el acceso a alimentos, una denuncia contra el ministro en el Tribunal Supremo y manifestaciones diarias, tanto frente al ministerio como frente a la sede nacional del PSOE en Madrid.

«Nos obligan a ir a la montaña»

Javier Jordán, miembro del comité de huelga del CSIF, que es el sindicato mayoritario del sector, resume a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la situación actual: «La situación es muy perjudicial para el servicio de Justicia, lo dicen los propios bares, y lo sentimos mucho, pero lo explico como que estamos en un pueblo que ha sido arrasado y nos están obligando a ir a la montaña».

Funcionarios de justicia insisten en que el gobierno tiene ‘poderes’ para negociar

El pasado martes, los sindicatos convocantes -CSIF, CCOO, UGT y STAJ- celebraron una consulta entre sus afiliados, que arrastraban desde hacía semanas una huelga que les recortará los salarios este mes, y la respuesta mayoritaria fue continuar con las protestas.

En cuanto al control, y en cuanto a todos los conflictos laborales, los datos difieren entre los convocantes y la patronal: los sindicatos aseguran que el apoyo es casi total mientras que el Ministerio de Justicia hablaba el viernes de un porcentaje de apenas el 23,77 por ciento.

El truco está en que la administración central sólo se refiere al llamado territorio ministerial -para las comunidades autónomas de Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta y las adscritas al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional-, mientras que se desconocen los datos oficiales del resto, que depende de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia.

Los sindicatos convocantes tomaron la decisión de adelantar asambleas de trabajadores a principios de esta semana, y la respuesta fue positiva.

Desde el último encuentro, ambos bandos han estado encerrados en sus respectivas posiciones. El comité de huelga insistió en exigir un aumento salarial de hasta 430 euros mensuales, mientras que el ministerio insistió en ofrecer únicamente su compromiso de continuar las negociaciones tras las elecciones legislativas del 23 de julio.

“Seguimos esperando”, dice Jordán, quien considera que pese al adelanto electoral, nada impide legalmente que el Gobierno les ofrezca un aumento, al menos hasta que esté oficialmente en funciones a partir de julio próximo y hasta que se constituya el próximo Ejecutivo.

“Y tiene la capacidad”, concluye en referencia al compromiso que finalizó el 16 de mayo con la amenaza de paros en otro sector de la administración, el de los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Social, después de que el ministro José Luis Escrivá se comprometiera aumentar la plantilla y adoptar medidas para fomentar el desempeño de estos funcionarios.

.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *