Despedir a una trabajadora del hogar sin justificación es ilegal, pero se sigue haciendo: ‘Pasa casi a diario’

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María (nombre ficticio) trabajaba en una casa desde hacía tres años. Primero, sufrió una invalidez a causa de una operación a la que se había sometido, y cuando volvió a su puesto sufrió un esguince que le impidió temporalmente seguir ejerciendo su profesión. El mismo día que les dijo a sus empleadores que tenía que ausentarse, la despidieron. Vio un reportaje en la televisión que explicaba las mejoras que el Real Decreto-ley 16/2022, aprobado en septiembre del año pasado, aportaría a las trabajadoras del hogar. Tan pronto como entre en vigor, los trabajadores domésticos no podrán ser despedidos sin justificación y empezarán a contribuir al desempleo. «Mi empleador vio el informe y no quería que me aprovechara de esta ley», dice.

Entonces decidió demandar a su empleador por despido improcedente. Fue una de las últimas despedidas por desistimiento, que actualmente es ilegal. Todo despido debe ir acompañado de prueba y provenir de un cambio en las necesidades de cuidados, motivaciones económicas o “una tercera causa muy parecida al abandono, que es la pérdida de confianza”, explica Cristina Barrial Berbén, autora del libro “La vida doméstica”. zanja. Historias del trabajo en el hogar’, relata situaciones de vulnerabilidad similares a la de María.

El caso de esta trabajadora del hogar, a pesar de la norma, no es aislado. “Situaciones de este tipo nos pasan casi todos los días”, explica Guillem Matas, abogado del Sindicato de Trabajadores del Hogar y del Cuidado (Sintrahocu). A diario se encuentran con empresarios “que no tienen un conocimiento profundo de la ley y que siguen haciendo uso de la excepción, que en principio debería haber desaparecido”.

A quienes aplican el real decreto-ley para despedir a un trabajador, dice este letrado, «les siguen faltando fundamentos». “Es difícil decir cuánto tiene un empleador para justificar la situación que está viviendo en casa. En el caso de una empresa es muy claro, pero en el caso de una familia es diferente. Hay mucha gente que dice eso a la necesidades de la familia, pero no lo justifican en absoluto y es difícil saber medir si se respeta o no la ley”, argumenta.

“Antes con el desistimiento no había que justificar por qué había una pérdida de confianza y ahora hay que aportar pruebas, como que la empleada doméstica ha cometido un robo en la casa y que hay pruebas de tal o cual cosa”. ha habido malos tratos por parte de la trabajadora hacia la persona que cuida, pero en las oficinas laborales y en Sintrahocu comprueban que en realidad están parando los despidos gratuitos”, lanza Barrial Berbén. Actualmente, en este sindicato se gestiona, en algún momento del procedimiento, «unos 20 o 30 casos», dice su abogado, con las demandas ya presentadas, aunque, con las huelgas de los operadores de justicia, prácticamente no ha habido juicios en los que se haya discutido este tema.

El abogado Ismael Sánchez, que se ocupa de los expedientes del colectivo Sedoac (Servicio Doméstico Activo), sostiene sin embargo que estos despidos improcedentes «siguen existiendo», pero que, por la norma, «son más residuales». El Ministerio de Trabajo aún no ha respondido a las preguntas de este diario sobre si se han incrementado las inspecciones laborales a los empresarios que siguen despidiendo trabajadores al retirarse. Cristina Barrial Berbén considera que la aprobación del Real Decreto-Ley supone una «victoria bastante limitada» y asegura que «todavía es pronto para afirmar que las tres causas de la calificación de los despidos funcionan para que se acabe con los despidos por despido».

No tocarán el paro, al menos, hasta octubre de 2023

El real decreto-ley fue aprobado tras el anuncio de otros dos logros para los trabajadores de este sector. En febrero del mismo año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que el sistema español era discriminatorio porque no reconocía el derecho al desempleo a este colectivo, compuesto mayoritariamente por mujeres, «casi la mitad de ‘entre ellos siendo migrantes’, subraya. Cristina Barrial Berben. Los trabajadores domésticos están “particularmente en desventaja” en comparación con los trabajadores porque no tienen derecho al desempleo. Meses después, en junio del mismo año, el Congreso de los Diputados apoyó la adhesión al Convenio 189 de la OIT, demanda histórica que les permitió asimilar sus derechos laborales a los de otros sectores y ampliar su protección social.

“Cada derecho conquistado es una victoria para nosotros, pero debemos exigir que se respete”, dice Marina Díaz, secretaria de Acción Sindical de Sintrahocu. A pesar de que el real decreto-ley autoriza a las trabajadoras del hogar a cotizar al paro y al FOGASA desde octubre del año pasado -ya lo hacían antes a la Seguridad Social-, no podrán tener derecho al paro hasta octubre de 2023. Todos los trabajadores, para tener derecho al paro hay que haber cotizado un año entero. “Si después de un año de cotización por desempleo te despiden, aunque tu trabajo lo hayas hecho para diferentes patrones, tendrías derecho a cuatro meses de paro. al desempleo», se precisó. lamenta Guillem Matas.

Para Cristina Barrial Berbén esta situación “es un disparate”. “En los colectivos de trabajadoras del hogar, hay mujeres que llevan 20 o 25 años trabajando sin parar, incluso cuando fueron despedidas, y fueron despedidas poco después de octubre, por lo que no tendrían derecho a la prestación por desempleo”. él dijo. En las asociaciones reclaman que esta medida debería haber sido retroactiva para que se tuviera en cuenta toda la vida profesional del trabajador. “Si el problema es económico, el Estado debería haber compensado esta falta de cotización por desempleo en años anteriores”, dijo el autor de La Trench Interieure.

Desde Sintrahocu también insisten en que se revise si se respeta la ley en cuanto a jornadas de ocho horas y descansos para estos empleados. “Nosotras, las trabajadoras del hogar y las cuidadoras, también tenemos que conciliar nuestra vida profesional con nuestra vida personal y familiar”, dice Marina Díaz, que concluye: “Siguen en deuda con las trabajadoras del hogar. No respetan la sentencia del TJUE, porque las desigualdades persistir.

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