La preocupación que las principales aseguradoras -Adeslas, ASISA y DKV- de la Mutualidad General de los Funcionarios del Estado (MUFACE) han transmitido a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, sobre la posible quiebra del modelo a costa de su financiación, también se ha establecido con los sindicatos de funcionarios. La Central Sindical Independiente de Trabajadores y Funcionarios (CSIF) se ha acercado a los partidos políticos para que tengan en cuenta este tema de cara a las próximas elecciones. “Tememos que se reduzca la calidad de la atención”, dijeron a este diario.
Por el lado del gremio, dijeron estar conscientes de que ciertos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisan los elementos económicos anuales. En abril de 2022, la CSIF presentó los resultados de una encuesta en la que recogió miles de denuncias sobre recortes sanitarios en las mutualidades de los funcionarios.
Hasta el 50% de los encuestados denunciaron haber sido cortados sin previo aviso. El sindicato pide ahora «una mayor financiación» para las mutuas, tanto MUFACE como ISFAS (Instituto Social del Ejército) y MUGEJU (Mutual General Judicial), un colectivo de cerca de dos millones de mutualistas.
«Tenemos que fortalecerlo»
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) expresó la misma opinión. «Vemos que hay un deterioro en la calidad del servicio que afecta a los compañeros. Hay que reforzar MUFACE», ha dicho a este diario su portavoz, Jacobo Rodríguez, al tiempo que expresa su preocupación por el futuro de este tratamiento médico. Indica que cada vez son menos los centros de salud que se benefician de la convención de MUFACE y se remonta a 2016, cuando considera que empezó la «degradación» de la atención sanitaria que se presta a los mutualistas.
“No podemos ir a un centro de salud público porque nos cobran. El servicio cada vez es peor”, dice el vocero del SUP.
“Hay más lista de espera y menos servicio. Donde antes había tres ORL, por poner un ejemplo, ahora hay tres y estos tres están saturados”, añade el representante del SUP. Insiste en que cada vez son menos los hospitales que entran en el convenio -cita el caso de Madrid-, que obliga a los policías a acudir a consultas oa ver a sus médicos viajar lejos de casa. “No podemos ir a un centro de salud público porque nos cobran”, agrega Rodríguez.
Un modelo a revisar
MUFACE es el organismo público encargado de cubrir las asistencias sanitarias y farmacéuticas, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran incapacidad, descendiente discapacitado a cargo, etc.) a los funcionarios adscritos. Las aseguradoras hablan de «primas escalonadas» que, a su vez, reducen las tarifas que las empresas pagan a los médicos. Consideran que es necesario revisar el modelo, que está desfinanciado, insisten, tanto en términos absolutos como en relación a la financiación de la sanidad pública.
Según fuentes de las tres principales aseguradoras que forman parte de MUFACE, acumulan pérdidas de más de 170 millones de euros en 2022, las primeras del concierto en curso. Pero además, indican, si desapareciera este modelo de mutualismo, equivaldría a llevar el sistema público de salud «al colapso» al tener que hacerse cargo de los cerca de dos millones de mutualistas.
Renovación en 2025
El convenio para la prestación de asistencia sanitaria de las empresas con MUFACE está previsto que se renueve en 2025. El anterior entró en vigor a principios de 2022. Así que ahora, dicen las aseguradoras, es el momento de pensar en el camino a seguir porque lo consideran fundamental «una revisión profunda del modelo para equilibrar lo que se paga por un paciente en el sistema público y un paciente en el sistema privado».
La dirección de MUFACE es consciente «del impacto de la situación actual en el presupuesto del convenio sanitario firmado para los años 2022-2024. También es sensible» a las quejas y reclamaciones que realice el colectivo mutualista o la representación sindical «, señalaron desde el Ministerio de Hacienda al ser consultados sobre estos reclamos.
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