Dentro de dos años, las cerca de 1.800 empresas gallegas que emplean a más de medio centenar de trabajadores se exponen a multas de entre 60.001 y 120.000 euros si no reducen cada año sus emisiones de gases contaminantes. La Xunta impulsa una ley que pretende amparar la intención de reducir el impacto de la comunidad en el cambio climático y estas empresas se verán obligadas a colaborar bajo pena de sanción económica.
Así se establece en el proyecto Lei do Clima, un conjunto de medidas destinadas a dar rango de ley a varios de los compromisos asumidos por la administración autonómica, como la reducción de las emisiones de gases contaminantes en un 57% para 2030 y la consecución de la neutralidad climática para 2050, lo que significa que las emisiones se compensan con la capacidad de absorción de los bosques gallegos.
Una de las novedades de esta normativa, que estará expuesta durante un mes y que la Xunta pretende que el Parlamento apruebe este año, es la creación de un Registro de la Huella de Carbono de Galicia, en el que estarán obligadas todas las medianas y grandes empresas para registrarse Esta obligación entrará en vigor un año después de la luz verde a la norma. Galicia cuenta con 1.474 empresas de primera categoría -entre 50 y 259 empleados- y 303 de segunda -a partir de esta cifra-, según datos del Instituto Gallego de Estadística correspondientes a 2021.
Este registro irá acompañado del cálculo anual de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, datos sobre su reducción y los «proyectos de absorción de dióxido de carbono asociados», principalmente mediante la plantación de árboles o la compra de «aire limpio» de los bosques de otros propietarios. . , es decir, el pago de la compensación a través de hectáreas forestales de estas emisiones.
La administración autonómica recuerda que el Gobierno central «regulará este tema a través del real decreto del registro de la huella de carbono», pero Galicia quiere avanzar con un sistema propio.
“En ningún caso la ley pretende ser pura y exclusivamente punitiva, sino un instrumento para dotar a las empresas de planes de reducción de emisiones que contribuyan al objetivo último de combatir el calentamiento global. Pero es necesario, como en toda normativa, establecer un marco para los incumplimientos y las sanciones que estos conllevan”, justifican fuentes de la vicepresidencia segunda y del Ministerio de Medio Ambiente.
Multas de hasta 120.000 euros
Las medianas y grandes empresas corren el riesgo de varias multas. Las muy graves, acompañadas de sanciones de 60.001 a 120.000 euros, se les aplicarán si incumplen la obligación de reducir sus emisiones. Si cumplen este requisito, pero eluden la inscripción en el registro gallego, serán sancionados con una multa leve, cuyo máximo será de 30.000 euros, tal y como indica el proyecto de ley.
Medio Ambiente defiende la importancia de este registro porque “permitirá conocer dónde se encuentra Galicia en cuanto a la consecución de los objetivos marcados por la ley y permitirá orientar mejor los planes de descarbonización a aplicar en la comunidad”.
Además, el reglamento, que establecerá obligaciones tanto para este tipo de empresas como para la propia administración, fijará las emisiones máximas permitidas para toda Galicia a través de los denominados “presupuestos de carbono”. Fijarán las líneas de actuación por períodos de cinco años.
Un plan de descarbonización para los municipios más pequeños
El futuro reglamento establece varias obligaciones para los municipios gallegos que no superen los 20.000 habitantes, entre las que destaca la presentación de un programa de «descarbonización», que incluirá las fuentes de energía, la reducción del consumo de agua, la gestión de residuos, la sostenibilidad de los insumos, la reducción de plásticos y flotas de vehículos.
El incumplimiento dará lugar a fuertes sanciones, que van desde 30.001 a 60.000 euros. La propia administración autonómica, incluidas sus entidades instrumentales, también debe presentar este tipo de programas. En ambos casos, los contratos de suministro eléctrico a partir de la entrada en vigor de la ley deberán garantizar el carácter renovable de esta aportación.
Una bolsa para comprar “aire limpio”
Hay dos formas de reducir la huella de carbono de empresas y administraciones: reducir las emisiones o compensarlas comprando “aire limpio”. Esta vía consiste en remunerar a los propietarios forestales por la capacidad de absorción de CO2 de los árboles o directamente por plantar masas que constituyen “sumideros de carbono”.
La Xunta «promoverá la ampliación de la capacidad de captación de gases de efecto invernadero, en concreto, dióxido de carbono, mediante pozos, preferentemente naturales, tanto terrestres como marinos». De hecho, creará por ley su bolsa de carbono para impulsar la venta de aire limpio.
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Contacto para la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es
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