La Comisión Europea señaló el martes que ve problemas de competencia en la fusión anunciada entre Orange y MásMóvil, ya que teme que se reduzca el número de operadores de red en los mercados minoristas españoles de telecomunicaciones móviles y servicios de Internet y que esto se traduzca en un » gran aumento de precio» para los clientes finales.
Bruselas anunció el pasado mes de abril el inicio de una investigación en profundidad para determinar si la operación, que creará un nuevo cliente de referencia en España, podría poner en peligro la competencia en la oferta de paquetes de servicios múltiples y el servicio de banda ancha del comercio minorista móvil y fijo.
En su análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario concluyó que el negocio propuesto “puede reducir la competencia en la oferta minorista de servicios de telecomunicaciones móviles e Internet fijo, así como de paquetes de servicios múltiples en España”. La Comisión teme, por ejemplo, que al reducir el número de operadores también se elimine «una importante presión competitiva y un competidor innovador en los mercados minoristas españoles».
En el pliego de cargos emitido por el Ejecutivo comunitario este martes, Servicios a la Comunidad explica su preocupación de que la fusión pueda dar lugar a «incrementos significativos de precios para los clientes minoristas afectados en todo el mercado español».
“Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales, incluso teniendo en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto donde la competencia ha sido un motor de inversión y calidad de los servicios en el mercado español”, señaló la Comisión Europea en un comunicado.
Bruselas recuerda que Orange y MásMóvil son el segundo y cuarto proveedor de servicios minoristas de Internet móvil y fijo de España, un mercado en el que operan cuatro grandes proveedores de redes móviles -con Telefónica y Vodafone además de Orange y MásMóvil-, pero también hay varios operadores de redes virtuales fijas y móviles que utilizan la infraestructura de los operadores de red para ofrecer sus servicios.
La operación fue notificada al Ejecutivo comunitario el 13 de febrero y, tras la apertura de la investigación en abril y el Pliego de Cargos notificado ahora, se abre un plazo hasta el 4 de septiembre para que Servicios a la Comunidad tome una decisión definitiva.
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