El presidente de la Junta de Andalucía, respondió a la carta que le envió la semana pasada el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, en la que le pedía, una vez más, celebrar una reunión para reconducir la situación de los regadíos en Doñana, en la epicentro del enfrentamiento político por el proyecto de ley impulsado por PP y Vox que aspira a legalizar más hectáreas para el cultivo de frutos rojos en la corona norte del parque. Moreno invita a esperar hasta que se completen todos los trámites parlamentarios y elegir el momento adecuado para este diálogo. “Si nos reunimos ahora, podría generar una mayor división”, dijo el presidente, y sugirió a Espadas “aislar este tema de la competencia electoral”. «Después del verano, quedará abierta la posibilidad de incluir enmiendas que mejoren el texto de la ley», asegura el líder del PP, quien adelanta al líder de la oposición que después del verano, en septiembre, tiene previsto organizar una nueva serie de contactos. con todos los partidos en el Parlamento.
El diálogo con la oposición está roto y también se han roto los puentes entre la junta y el gobierno en este asunto. Doñana es, sin duda, la cuestión que más ha desgastado al gobierno andaluz en su primer año de mayoría absoluta. En esta ocasión, Moreno precisa que el proyecto de ley no tiene prisa, aunque los plazos parlamentarios permitirían aprobarlo el 26 de julio, justo después de las elecciones legislativas. Este diario ya ha sostenido que el PP había hecho varias consultas técnicas y jurídicas y que se planteaba aplazar su debate final hasta la próxima sesión, en septiembre, confiado en que un gobierno de Alberto Núñez Feijóo en Moncloa evitaría la suspensión preventiva de la de Doñana. plan de apelación ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha hecho saber que activará esta vía en cuanto el texto legal salga del Parlamento andaluz. La Comisión Europea sigue de cerca el tratamiento de la propuesta de ley y ha advertido de que es posible aplicar sanciones automáticas yendo «en sentido contrario» a la sentencia que la justicia europea dictó en junio de 2021, que exigía la cancelación de los cánones de agua de el acuífero de Doñana.
segundo aplazamiento
Esta es la segunda vez que Moreno congela el polémico proyecto de ley. Ya lo ha hecho en vísperas de las elecciones del 28 de mayo, cuando se paralizó la tramitación en la Cámara de Andalucía. Ahora se aplaza de nuevo al otoño, de nuevo, explica el presidente, para evitar el ruido electoral. Este fue el gran reproche común compartido por todos los agentes sociales y económicos que desfilaron por el Parlamento para opinar sobre el proyecto de ley. El más enérgico, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que gritó: «Dejen de hacer crecer más esta guerra absurda», exigiendo al PP «frenar la tensión», evitar que «siga creciendo la bola de nieve y tener la coraje político” para retirar la propuesta. No está en los planes, dicen, del Gobierno andaluz, aunque intentarán, insisten, encontrar vías de diálogo. La oposición, con el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se negó a presentar cualquier tipo de enmienda al texto, insistiendo en que sólo puede ser retirado.
Un enfrentamiento difícil
El proyecto de ley que ha chocado duramente con el Gobierno nacional y la Junta de Andalucía, alimentando el enfrentamiento político por encima de cualquier otra cuestión, se registró en el Parlamento andaluz el pasado 12 de abril. Desde entonces, la escalada verbal, ante una Comisión Europea atónita, una comunidad científica indignada y severas advertencias de la UNESCO, se ha intensificado. Incluso se promovió una campaña de boicot por parte de activistas freseros alemanes en Huelva, alertando al sector del inmenso daño reputacional, y se suspendió abruptamente la visita de una delegación del Bundestag por la pugna política.
La propuesta prevé regularizar unas 750 hectáreas de terrenos que en 2014 perdieron la condición de regadío y volverían a tener esta calificación, aunque no hay agua y es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en su contra, la que debe otorgar los nuevos derechos. La iniciativa fue impulsada por la Plataforma de Regantes, agricultores afectados por la normativa del plan de la fresa hace casi diez años, de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. No todos los agricultores están a favor, los freseros históricos, la mayoría de los que cultivan en Almonte, unidos en la asociación Puerta Doñana, están en contra porque esperan que el trasvase de agua previsto desde el Tinto-Piedras-Odiel sirva para que pueden dejar de obtener agua del acuífero y pueden comenzar a usar el agua en la superficie de esta estructura.
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