La presidencia española de la UE arranca este sábado 1 de julio sin solución a la crisis institucional que se prolonga durante casi un lustro sin renovar uno de los principales órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo político ha sido imposible -en gran medida por la negativa del PP a llegar a un acuerdo, citando diferentes argumentos a lo largo de los años- y ello a pesar de los continuos llamamientos al consenso de la Comisión Europea.
El pasado mes de septiembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, encabezó una intensa gira institucional de dos días por nuestro país, durante la que insistió en que la renovación del acuerdo debe ser una prioridad, precisando sin embargo que no era el papel de las instituciones europeas. indicar cuál debe ser el sistema de elección de los miembros.
Unas semanas después, y cuando parecía que el acuerdo entre el PSOE y el PP estaba a punto de anunciarse, el partido de Feijóo formalizó la ruptura de las negociaciones en una nota de prensa, alegando que el anuncio de la reforma del delito de Sedición era «una incoherencia insalvable». “Para llegar a un acuerdo. La posibilidad de renovar el Consejo durante la presente legislatura se fue por los aires.
La reforma del modelo actual, para que en lugar de las Cortes Generales «sean los magistrados los que elijan a los magistrados» que integren su órgano de gobierno, es otra de las claves que dividen al Gobierno y al principal partido de la oposición para renovar una institución que limitó una de sus principales atribuciones, la de nombrar a los miembros de los más altos órganos judiciales. Actualmente, quedan vacantes unas 80 plazas en los juzgados y tribunales superiores, y hay más de 20 víctimas en la Corte Suprema.
No somos ni Polonia ni Hungría
La situación, incómoda para un Estado que ahora se encuentra presidiendo la UE, no es en modo alguno comparable a la de países como Hungría o Polonia, que han recibido serias advertencias de la Comisión Europea por la degradación de su Estado de derecho. .
Así lo dejó claro el propio Reynders durante su visita al reconocer que, aunque la situación de la justicia es mejorable, España no puede compararse con lo que está pasando con Polonia, condenada a una multa de un millón de euros diarios «por falta de ejecución». de los sistemas de independencia de los jueces» y que la llegada de fondos europeos corre el riesgo de verse comprometida. Tampoco con Hungría, que por problemas similares ha visto suspendido el envío de hasta 7.500 millones en ayudas. Más allá de lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, Europa no cuestiona la independencia de los jueces españoles.
El llamado informe Reynders sobre el Estado de derecho en España, que ya cumple un año, también se refería a otra cuestión que surge de forma reiterada cuando se habla de la calidad de nuestro Estado de derecho. Se trata de la coincidencia de los mandatos del Gobierno y del Fiscal General, algo que según el comisario belga «no gusta» a la Unión Europea y sobre el que no se prevé ninguna reforma por el momento.
Sentencia del TEDH
El inicio de la Presidencia española de la UE también coincide con la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que puso de manifiesto la incapacidad de España para renovar el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la situación ha llegado a tal punto que se ha traducido en una vulneración de los derechos fundamentales de seis de los jueces que integran la lista de candidatos a ser elegidos por las cortes, quienes también recibieron un portazo injustificado de la puerta por el Tribunal Constitucional. Actualmente, este organismo está considerando si la decisión lo obliga a adoptar una respuesta específica.
A todo ello se suman las protestas protagonizadas por diversos operadores judiciales desde principios de año que cuestionan la gestión de la Administración de Justicia del actual gobierno socialista.
Tras el paro de dos meses de los abogados que presiden las sedes judiciales para reclamar aumentos salariales, y que provocó el retraso en la tramitación de miles de casos, la situación se agravó con un paro de los funcionarios que cumplió más de un mes , a lo que se han sumado en los últimos días concentraciones de abogados ante los tribunales para denunciar la situación.
.
