El cinturón verde que propone el Ministerio para la Transición Ecológica en el sector del Mar Menor sigue tramitándose en las oficinas a la espera de iniciar parte de la obra este año, pero ahora avanza un poco más fino. El departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera ha reconfigurado parte de este proyecto con respecto a futuros filtros verdes, donde se tratará el agua del acuífero para eliminar sus nitratos. El enfoque inicial del ministerio hablaba de seis lugares donde se tratarían las aguas subterráneas del Campo de Cartagena, pero finalmente limitaron esas acciones a cuatro puntos repartidos cerca de la costa de la laguna salada.
En concreto, los técnicos de Transición Ecológica han optado por avanzar en el desarrollo de filtros verdes ubicados en la finca Torre del Negro, cerca de Punta Brava y Los Urrutias; el de la Rambla de Miranda, un poco más al norte; otro situado cerca de la estación depuradora de aguas residuales de Los Alcázares y otro en El Mirador de San Javier. Estas ubicaciones corresponden a puntos donde el nivel freático del acuífero sería más alto, por lo que sería más fácil recolectar agua de los pozos. Es precisamente este factor el que llevó a la eliminación de dos de los sitios propuestos.
Fuentes de la Oficina Técnica del Mar Menor, organismo que se ocupa del Marco de Actuación Prioritaria del Ministerio para recuperar la laguna, señalan a esta redacción que, para que los filtros funcionen bien, “es imprescindible que haya una buena transmisividad hidráulica (capacidad de que el agua fluya a través de la porosidad de la tierra), por lo que los pozos pueden recargar y extraer un gran volumen de agua con un esfuerzo moderado». Esta clave, sumada a «la inviabilidad de ciertos sitios» o la ausencia de «agua suficiente en el manto freático», nos obligó a repensar determinadas localizaciones. Por ejemplo, el humedal de Hita, en Los Narejos, donde el ministerio ha propuesto un filtro verde que finalmente no se implantará.
humedales seminaturales
El anillo verde es un proyecto de tres actuaciones complementarias que implican la instalación de tres humedales seminaturales en San Pedro del Pinatar, en la bocarrambla de Albujón y en el Boulevard Miranda; los cuatro filtros verdes y 650 hectáreas de áreas renaturalizadas en la zona sur de la laguna. Este último proyecto, en el que el ministerio invertirá 22,5 millones de euros, se hizo público el pasado sábado para que los interesados pudieran presentar las alegaciones que estimen oportunas. En definitiva, será una conexión ecológica entre Cabo de Palos, la Sierra Minera y el Albujón que tendrá como objetivo la conservación de las avenidas por las lluvias, el freno a la entrada de metales pesados o la reducción de la actividad agrícola. apostar por cultivos de secano en parcelas declaradas de regadío ilegal o en las que se prevea reconversión de suelo.
Respecto a los tres humedales, que costarán 26,2 millones de euros y ocuparán 114 hectáreas, entrarán en una fase de evaluación ambiental que durará cuatro meses. “A partir de ahí se pueden iniciar actuaciones a medida que se disponga del suelo necesario”, apuntan desde la oficina del Mar Menor. La que más denuncias ha recibido es la de San Pedro, al norte de Las Salinas y junto a la desaladora. El departamento señala que algunas de las aportaciones fueron admitidas y añade que tres de cada cuatro alegaciones muestran que están de acuerdo con el proyecto. La intención es «avanzar en la disponibilidad de suelo y empezar a trabajar antes de que finalice este año 2023».
Los humedales reducirán la entrada de 13 toneladas de nitratos y dos toneladas de fosfatos cada año. Los filtros verdes y las áreas de renaturalización absorberán 495 toneladas de nitratos.
suelos mineros
Los trabajos en la Sierra de Cartagena y La Unión continúan en paralelo al anillo verde. El ministerio planea ampliar las áreas de rodadura e inundación de los bulevares de La Carrasquilla, Barranco Ponce, Las Matildes y El Beal. La restauración forestal de los lechos de los ríos está completa en un 40 % y el trabajo se reanudará en otoño o invierno. Las primeras actuaciones en los lechos de estos bulevares ya han permitido frenar el ingreso de metales pesados a la laguna.
En cuanto a las instalaciones y yacimientos mineros, Transición Ecológica operaría en 59 emplazamientos con una superficie de 285 hectáreas, con una inversión prevista de 73,7 millones de euros. Queda pendiente la restauración de suelos mineros en un área de 421 hectáreas, proyecto que próximamente será objeto de evaluación ambiental.
riego ilegal
El control de los regadíos ilegales llevó a la Confederación Hidrográfica del Segura a descubrir 8.806 hectáreas que utilizaban agua para sus cultivos sin autorización de los agricultores ni inscripción de las parcelas en los registros del organismo de cuenca. Se trata de 350 más de los detectados inicialmente en 2020, ya que, tal y como informaba este diario en febrero, con cada campaña de cultivo, los agentes de la CHS siguen detectando riegos ilegales, práctica que intentan frenar con la suspensión de la actividad agrícola, cortando el agua. suministro y sellado de las conexiones con la red principal.
El último informe que detalla la actuación del Ministerio de Transición Ecológica en el Mar Menor menciona que hasta mayo la Confederación interrumpió el suministro de agua de las desaladoras de Valdelentisco y Escombreras a 24 fincas, con una superficie de 1.523 hectáreas. El incumplimiento de los permisos temporales otorgados por la sequía de 2016 motivó estos procesos disciplinarios, acciones que luego fueron reafirmadas por los tribunales.
La CHS señala que, de todos los riegos ilegales detectados, el 77% fueron cerrados por voluntad de los agricultores. En cambio, las fincas en las que fue necesario el ingreso de los técnicos y agentes de la CHS para proceder a la desconexión del agua, su superficie apenas representa un porcentaje significativo del total: cerca de 500 hectáreas.
Otras actuaciones han llamado la atención sobre el control de las explotaciones ganaderas en la cuenca del Mar Menor. Desde el pasado mes de julio, la CHS ha emitido 112 multas por vertidos contaminantes de balsas de purines o aguas residuales urbanas. Se trata de recaudar 575.000 euros entre las propias sanciones por los daños ambientales causados y por las afectaciones al dominio público hidráulico, a cargo de la Confederación Hidrográfica.
“En lo que respecta al control de las explotaciones porcinas, la inspección de las granjas se realiza mediante fotointerpretación y visitas de campo, valorando el cumplimiento de la normativa aplicable, prestando especial atención a la estanqueidad de las balsas de purines”, explica la CHS.
Las lluvias de mayo obligaron a realizar visitas de campo a fincas cercanas a los bulevares, en particular al bulevar Albujón, para controlar e identificar los desbordamientos de las balsas de purines y los vertidos a la red de drenaje superficial o suelo.
.
