La justicia europea ha tardado en llegar. El entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont esperaba tener una respuesta sobre la cuestión de si el Parlamento Europeo había estimado correctamente la petición que le hizo el juez Pablo Llarena para el mes de marzo, pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE ) finalmente dará a conocer su dictamen el miércoles. Con eso en la mano, tanto el instructor del «juicio» del Tribunal Supremo como el «expresidente» podrán decidir el siguiente paso a dar: el primero, en cuanto a presentar o no un nuevo euro- para intentar para efectuar su entrega a España, y la otra, para adelantar o retrasar su regreso a Cataluña.
¿Qué decide el TGUE?
El Tribunal General de la Unión Europea dictará dos condenas este miércoles. Uno se dirige contra la decisión de David Sassoli, que fuera presidente del Parlamento Europeo, ya fallecido, de investigar la petición enviada por Llarena contra los eurodiputados procesados por el Tribunal Supremo por su responsabilidad en los «juicios». El otro es realmente importante, porque revisará la propia autorización de la Cámara para poder investigar judicialmente a sus miembros y con ello el alcance de la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el expresidente catalán, pero también el «exconsejero» que le acompañaba, se determinará a la fuga, Toni Comín y Clara Ponsatí, aunque sólo será procesada por desobediencia, por lo que en ningún caso correrá el riesgo de entrar en prisión preventiva, tal y como constató durante su viaje a Cataluña en marzo. El «exconsejero» de Cultura Lluís Puig es el único ausente que no es eurodiputado, por lo que estas decisiones no le afectan.
¿Por qué son tan importantes estas oraciones?
De las dos sentencias que se conocerán este miércoles, la realmente importante es la que nos permitirá saber si el juez Llarena debe presentar una nueva petición al Parlamento Europeo para obtener su autorización para presentar una nueva solicitud europea. orden con la que intentar obtener la entrega de los prófugos. Tal y como argumentó durante las vistas celebradas en Luxemburgo el pasado mes de noviembre por la defensa de Puigdemont, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, la presente solicitud sólo es válida frente a la solicitud de entrega dirigida a Bélgica y que ha quedado suspendida cuando el juez Llarena adaptó la Proceso contra el «expresidente» para la derogación del delito de sedición y la reforma de malversación pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.
¿Puedes sacarlo de un nuevo arresto?
Desde finales del año pasado, el centrocampista de Puigdemont ha difundido la idea de que el ‘expresidente’ quiere volver a España. El problema es que su enjuiciamiento por peculado en su modalidad más grave, a diferencia de lo que sucede con Ponsatí (solo fue procesada por desobediencia, lo que evita su encarcelamiento, aunque puede ser detenida y puesta a disposición judicial para regularizar su situación), puede suponer que su detención y su ingreso en prisión provisional en espera de la celebración del juicio. Por eso espera que el TGUE aclare el alcance de su inmunidad y la extienda a España. En la vista de noviembre, su defensa argumentó que esta prerrogativa debería protegerlo también en Cataluña y no solo cuando viaja por Europa, de la que disfruta después de que los tribunales europeos le devolvieran cautelosamente la inmunidad, tras haber sido detenido en Cerdeña.
¿Estas sentencias son definitivas?
Las sentencias del Tribunal General de la UE pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Si no son favorables a los intereses de Puigdemont, su defensa prevé impugnarlos ante el tribunal superior, pero confía en que la Eurocámara no haga lo contrario. Por tanto, si la condena avala la inmunidad de la que goza como eurodiputado, Puigdemont adoptará una decisión definitiva sobre su regreso a España, que llegaría en breve, si la justicia europea declara de una forma u otra que es también protegido en Cataluña y el juez Llarena no puede ordenar su detención a nivel nacional, posibilidad que por el contrario siempre ha defendido el magistrado, entendiendo que la prerrogativa europea no le afectaría en España, porque los pleitos eran mucho antes de la adquisición de la asiento.
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