La Agencia Canaria para la Protección del Medio Natural (ACPMN) ha remitido a la Fiscalía Medioambiental una sospecha de fraude en el municipio tinerfeño de Arona, ya que se han propuesto como suelo apto para la instalación de solares situados en suelo rústico de protección agraria casas El terreno se encuentra en la zona de Lomo Negro-El Fraile, y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias informó ayer de que la denuncia se traslada al suelo de parquet tras detectarse anuncios. de la oferta en varias páginas web.
La oferta es por subparcelas que serían suelo apto para vivienda, a pesar de que los vendedores son conscientes de que el uso residencial les está estrictamente prohibido por ley, al estar catalogados como suelo rústico de protección agraria, según consta en un informe. El consejo regional añade que las actuaciones encaminadas a combatir las urbanizaciones ilegales “son el resultado de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Arona, el Seprona y la Agencia Canaria para la Protección del Medio Natural”.
En los últimos meses se han abierto varias causas por urbanizaciones ilegales en esta zona, se han otorgado precintos y se han dictado diversas órdenes de reposición contra las urbanizaciones, que llevan años “lucrándose con esta actuación que atenta contra la protección del medio natural y las reservas de suelo agrícola rústico en Canarias».
El comunicado explica que se han impuesto multas de hasta 150.000 euros a los conspiradores y que se ha hecho un traslado al Ministerio Fiscal para que investigue posibles delitos urbanísticos y medioambientales, recogidos en los artículos 319 y 325 del Código Penal, contra la conspiradores y contra los compradores.
El concejal para la Transición Ecológica en funciones, José Antonio Valbuena (PSOE), recuerda que los únicos beneficiarios de estas ventas son los propietarios de las parcelas «que siguen beneficiándose de las ventas de suelo rústico como si fueran de uso residencial». Los compradores «se encuentran con un grave problema, porque no podrán obtener permisos para construir o instalar viviendas en estos terrenos y, si lo hacen sin autorización, tendrán que hacer frente a un expediente de infracción urbanística ante Canarias». Agencia para la Protección del Medio Natural, con multas de hasta 150.000 euros’, añade.
Valbuena señala que las personas que construyen sin permisos pueden verse envueltas en procesos penales como imputados por un delito contra el uso del suelo, que conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión. Según el director ejecutivo en funciones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Ángel Rafael Fariña, están en curso procesos penales contra muchos propietarios que han construido o instalado sus viviendas dentro de las parcelas separadas.
Estos terrenos están «condenados a no poder ser recalificados como urbanos por el Ayuntamiento durante al menos 20 años, ya que la ley del suelo establece que los actos urbanísticos no pueden recalificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido una fragmentación irregular mientras ‘no sean dicho plazo ha expirado.’
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