Los cuatro principales grupos del Parlamento Europeo -el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el Partido Popular Europeo, Renew Europe y el Partido Verde Europeo- alcanzaron este miércoles un acuerdo sobre las enmiendas a la reforma del mercado eléctrico de la UE que suaviza la propuesta planteada inicialmente por el eurodiputado Nicolás González Casares y su equipo. Así, el texto se enmarca en la imposición de un límite a los ingresos de las empresas eléctricas para situaciones de crisis, que fue la medida que más criticaron las empresas eléctricas. Pero queda otro que tampoco gusta a las empresas: la prohibición de cortar la electricidad a los consumidores vulnerables.
Eso sí, el acuerdo estipula que la Comisión Europea tendrá que elaborar un informe antes de junio de 2024 acompañado de una propuesta legislativa que incluya medidas de «alivio temporal» de los precios en caso de que se disparen. En caso de crisis energética, se propone obligar (antes era opcional) a la Comisión Europea a declararla, pero se endurecen los criterios. Si en su primera propuesta el Parlamento establecía la condición de que el precio medio en los mercados mayoristas aumente «en el doble de la media de los últimos cinco años y que siga haciéndolo durante tres meses», ahora las dos condiciones previstas por la Comisión en su reforma, pero se eliminó la tercera que subrayaba que debería tener «un impacto negativo en la economía».
Por tanto, se declararía una crisis si los precios en el mercado mayorista aumentaran dos veces y media respecto a los cinco años anteriores y se mantuvieran en este nivel durante 6 meses desde un precio mínimo de 180 euros por megavatio hora (MWh), y también el los precios de venta al público aumentan un 60% (70% según la propuesta de la Comisión) con respecto a los dos años anteriores y cuando deberían continuar así durante 3 meses (6 meses en la propuesta de la Comisión).
El pacto de este jueves es, por tanto, mucho más laxo y cercano a lo que proponía inicialmente la Comisión Europea. El texto aún debe ser votado el 19 de julio en la Comisión de Energía e Industria del Parlamento Europeo, pero no es obligatorio hacerlo en su totalidad. Al mismo tiempo, los Veintisiete intentarán encontrar un acuerdo para entregar su propio texto lo antes posible y así poder iniciar el diálogo tripartito -la negociación tripartita entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea- para tratar de lograr un consenso antes de que acabe el año como anhela España, a la que ahora le corresponde asignar tiempo ejerciendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
mercados de capacidad
La principal novedad incluye la eliminación del carácter de último recurso de los mecanismos de capacidad -un pago por la capacidad de una tecnología, no por su producción- y obliga a la Comisión a presentar una evaluación de su introducción como «elemento estructural» de el diseño del mercado eléctrico. Sería un poco más cercano a la demanda española normalizar este tipo de mercados ya que son fundamentales para tecnologías de almacenamiento como baterías, bombeo y, sobre todo, para ciclos combinados. Pero en la actualidad es muy difícil ponerlos en marcha si no es una emergencia.
También es nueva la creación de un sistema europeo de subastas de energías renovables para «complementar» los esfuerzos de los Estados miembros para lograr un 45 % de energía renovable para 2030. La subasta tendrá como objetivo cubrir el objetivo del 20,5 % además del 42,5 % vinculante en caso de que los miembros Las contribuciones de los estados no llegan al 45%.
Además, se agrega que las autoridades reguladoras deben promover el uso de la inversión temprana, fomentando la aceleración del desarrollo de la red para satisfacer el despliegue acelerado de la generación de energía renovable y la demanda de electricidad inteligente, como vehículos eléctricos y bombas de calor. Las distribuidoras deben ofrecer la posibilidad de conexiones flexibles para utilizar de forma más eficiente la capacidad disponible de las redes y evitar que los proyectos renovables o la demanda eléctrica, como los cargadores de vehículos eléctricos, tengan que esperar años para una conexión.
Sin cambios para CfD
Tanto en el caso de los contratos por diferencia (CfD) como de los PPA, se mantienen inalterables respecto a la propuesta de la Comisión Europea, pero añade que los ingresos deben dirigirse prioritariamente a los consumidores vulnerables, a la energía de transición, a compensar sus propios costes y, en situación de crisis, a la industria electrointensiva. Por otro lado, para los consumidores, además de prohibir los cortes de energía para personas vulnerables, establece la definición de umbrales a partir de los cuales se puede iniciar un procedimiento de reducción de energía y un mandato para que los Estados miembros adopten medidas específicas para las temporadas de invierno y verano. que permiten a los clientes domésticos controlar su consumo y evitar facturas elevadas.
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