La Fiscalía Europea amplía sus investigaciones sobre un fraude que afecta a COAG y a otras tres organizaciones agrarias

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La Fiscalía Europea ha ampliado su investigación sobre un presunto fraude de 400.000 euros en ayudas agrarias de la UE, según se detalla en un auto de 9 de junio al que tuvo acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Según su contenido, las encuestas ya afectan al menos a cuatro organizaciones agrarias: en concreto COAG en Granada, Huelva y Sevilla (Andalucía); y otros tres relacionados con el anterior: Joves Agricultors I Ramaders de Catalunya (JARC), Unió de Pagesos de Mallorca y Unión Agroganadera de Álava-Arabako Nekazarien Elkartea (UAGA). Todos están involucrados en el caso, abierto en 2021.

En los procedimientos examinados por la Fiscalía Europea, no hay posibilidad de imputaciones populares, ni pueden formar parte de ellos las personas jurídicas como meros interesados.

Precisamente, el departamento de Hacienda encabezado por Concepción Sabadell aceptó el 19 de noviembre de 2021 el secreto del procedimiento, que confirmó unos días después, más precisamente el 24 de noviembre, el juez de garantía, titular del Juzgado Central de Instrucción Número Nacional de Búsqueda. 1.

Secreto

Y las organizaciones agropecuarias antes mencionadas expresaron, en carta enviada el 10 de abril a la sala penal de la Audiencia Nacional, su oposición a que el asunto fuera objeto de una investigación secreta.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó pura y simplemente el recurso, al considerar que debería ser inadmisible porque la normativa no admite recurso contra el auto de confirmación del secreto declarado por la Fiscalía Europea.

El secreto de los debates se mantuvo durante un año, pues fue levantado por decreto de 19 de diciembre de 2022, fecha a partir de la cual las partes en persona pudieron acceder a los debates.

La Policía Nacional realizó el pasado mes de febrero dos registros en la sede nacional del COAG en Madrid y en la sede autonómica de Andalucía, en relación con un posible fraude de 400.000 euros. Por su parte, los representantes de esta organización agraria expresaron a través de un comunicado de prensa su «sorpresa y malestar» ante la información sobre las investigaciones proporcionada por la Policía Nacional. Y señalaron que «tras un año y medio de investigación, no hemos sido informados de ningún tipo de irregularidad a que se refiere el contenido de la misma», que según su versión se refiere únicamente a una ayuda de 33.000 euros vinculada a residencias para extranjeros que trabajaban en el campo. Esta redacción se ha puesto en contacto con un vocero del COAG que prefirió no comentar al respecto.

En Mallorca

El diario Diario de Mallorca, de la Editorial Prensa Ibérica, adelantó que entre los expedientes de ayudas investigados, veinte fueron tramitados por Unió de Pagesos, que en Baleares está adscrita a COAG. El fraude se habría producido al presentar falsos expedientes de ayudas para la contratación de temporeros.

Estos documentos se tramitaban en Mallorca y se referían al alojamiento de temporeros para la vendimia o la recolección de frutas y hortalizas. El secretario general de la Unió de Pagesos, Sebastià Ordinas, aseguró al rotativo balear que su sindicato no había recibido ninguna de estas ayudas, y que todas habían sido abonadas al COAG: «Nuestra tarea era únicamente asegurar que el alojamiento para los trabajadores agrícolas temporales estaba en buenas condiciones”, dispuso.

en las islas canarias

En la misma línea, tal y como ha argumentado Vozpópuli, la Fiscalía Europea también interrogó a un grupo de agricultores canarios en una investigación por presunto fraude de subvenciones. El organismo, que investiga en unas diligencias para saber si se cometió un delito con la ayuda que recibieron del Gobierno de Canarias, ya ha recogido declaraciones de algunos de ellos que figuran en la denuncia inicial presentada por un funcionario administrativo.

Este empleado público, según el diario, alertó de irregularidades «a sabiendas» como que algunos no tenían tierras trabajadas o cultivadas o que no se respetaba lo indicado en el plan de empresa (obligatorio para poder acceder a estos subsidios). . con. Además, también reveló que el volumen de negocios reportado en algunos casos no era cierto y que uno de los agricultores tenía jubilados trabajando en las parcelas.

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