Los dos acusados ​​del Gobierno de Canarias declaran este jueves ante el juez de ‘Mediator’ –

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El juez que investiga el presunto concierto para cobrar coimas a cambio de favores políticos en la causa «Mediador» retomará este jueves las declaraciones de los imputados y testigos, entre los que destaca -como investigado- el actual Viceministro del Sector Primario de la Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, y la jefa de los servicios de este departamento, Estefanía González.

Ambos estaban citados para el 29 de junio, pero tras varios cambios en las declaraciones fijadas, será finalmente el 13 de julio cuando deberán comparecer ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, según fuentes judiciales consultadas. por Europa Press.

El mismo día, el investigador citó a los también imputados Rubén Fuentes y Plácido Alonso Peña, mientras que el 19 de julio interrogará como testigo a la Contralora General del Gobierno de Canarias, Natalia Elisa de Luis Yanes.

Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, Fuentes recibió dinero en una cuenta que le facilitó el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el “mediador”; mientras que se dice que Alonso Peña es un abogado involucrado en la trama.

Así, la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres da un nuevo impulso a la investigación después de que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias «Tito Berni», y su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez ejercieran su derecho a no declarar a finales de junio. .

La investigación

Las declaraciones de esta semana son la última jugada en el caso ‘Mediador’, que investiga la existencia de una supuesta trama de los Fuentes, Navarro Tacoronte y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, presuntamente responsable de atraer a empresarios prometiéndoles favores a políticos a cambio de dinero. .

Según la investigación judicial, se trataría de una organización criminal «principalmente formada por tres pilares y un claro vínculo entre todas las personas investigadas», que tendría «una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con una clara distribución de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y el tráfico de influencias”.

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