Hace poco más de un año, cuando España comenzaba a prepararse para su semestre de presidencia rotatoria del Consejo de la UE, Pedro Sánchez habló con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Le dijo que quería aprovechar para organizar una cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, unidos dentro de la organización CELAC. Han pasado ocho largos años sin que se realice una reunión al más alto nivel de las dos regiones, en parte por discrepancias entre los países del continente americano. Pero hoy la urgencia es mayor: Europa quiere asegurarse de que esas regiones «eurocompatibles» estén cerca, y evitar que caigan en manos de China y Rusia. Entre otras cosas, para garantizar suministros y cadenas de valor. Le dijo a Michel que, para reforzar el carácter europeo de la reunión, quería que se celebrara en Bruselas, en lugar de una ciudad española. Michel estuvo de acuerdo, todo según fuentes gubernamentales.
La cumbre finalmente comienza este lunes y martes 17 y 18 de julio. La Moncloa lo presenta como un compromiso casi personal del presidente. Pero hay muchos flequillos abiertos. En primer lugar, participan países con dudosas o nulas credenciales democráticas, como Cuba, Nicaragua o Venezuela. El Parlamento Europeo pide que los participantes de estos tres países sean acusados de violaciones de derechos humanos durante la reunión. Segundo, porque la agenda económica (la más relevante de la reunión) no avanzó tanto como se esperaba cuando el presidente visualizó la reunión.
El acuerdo de libre comercio de la UE con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) es un buen ejemplo. Si finalmente se aprueba (ha estado en proceso durante 20 años), permitirá el comercio de carne, frutas y verduras, minerales y otros bienes sin aranceles aduaneros.
Cuando Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en el nuevo presidente de Brasil después de derrocar a Jair Bolsonaro, Bruselas abrió el champán. Se ha reabierto la oportunidad de ratificar un acuerdo ya firmado pero que había sido bloqueado por la política del líder ultraderechista contra la Amazonía.
Pero entonces llegaron malas noticias de París. Francia comenzó a protestar, nuevamente por cuestiones ambientales, pero también por las distintas condiciones que los agricultores y criadores europeos tienen que respetar ante la laxitud latinoamericana: uso de pesticidas, seguridad alimentaria, trato a los animales, etc. Emmanuel Macron bloqueó la ratificación a todos los efectos hasta que se acuerde una adenda (carta complementaria) con nuevos requisitos.
Uno de ellos se refiere a las sanciones que se impondrán si se violan las condiciones ambientales acordadas. España está en contra del plan de sanciones, aseguran fuentes de Moncloa. Lula también: no se puede firmar un acuerdo que implique confianza y foco en sanciones, dijo.
Pero Francia sigue tambaleándose en este sentido, según ha confirmado a este diario el responsable de la política comercial francesa, Olivier Becht: «Para nosotros es inconcebible traer carne de vacuno o productos criados en tierras deforestadas de la Amazonía», ha declarado a preguntas de EL PERIÓDICO DE L’ESPAGNE, del grupo Prensa Ibérica, el Ministro Delegado de Comercio Exterior, Atractivo y Franceses en el Exterior. “Tampoco podemos importar productos que contengan pesticidas que no podamos usar aquí, ni la UE puede seguir imponiendo restricciones a los productores europeos y al mismo tiempo permitir la importación de productos producidos gracias al dumping social, sanitario y fiscal comparado con los de aquí. »
El otro gran escollo son las llamadas «cláusulas espejo»: que los productores de los mencionados países latinoamericanos estén sujetos a las mismas reglas que los de la UE. París tampoco se rinde.
España, por su parte, intenta mediar. Fuentes gubernamentales aseguran que no bloquearán el avance del acuerdo por detalles específicos. Que el árbol no impida ver el bosque: es un acuerdo que no avanza desde hace dos décadas y hay que desbloquearlo. Madrid está haciendo un gran esfuerzo con una diplomacia activa para dialogar tanto con Mercosur como con la UE y los países afectados. Lula, que en cierto modo encabeza el grupo de cuatro países, se reunió recientemente con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, quien trajo una propuesta con una fuerte impronta española. Ahora, el Mercosur debe dar su respuesta sobre su voluntad de firmar esta carta complementaria y, con ella, desbloquear la ratificación del acuerdo con los distintos Estados interesados. Darán su respuesta en «unas semanas», según fuentes brasileñas citadas por la agencia EFE.
Plan de inversiones de 300.000 millones
Los pasillos de los edificios oficiales de Bruselas se llenarán durante los próximos días de reuniones bilaterales, en las que sin duda se intentará pulir un acuerdo que, según los telegrafistas, debería estar listo antes de que finalice el año. Es decir, dentro de la Presidencia española del Consejo. Aunque podría retrasarse, en parte porque Argentina ya se acerca a las elecciones presidenciales del 22 de octubre de 2023.
En el ámbito económico, uno de los grandes escenarios de la cumbre será el foro empresarial donde se presentarán los proyectos de inversión del denominado Global Gateway, un plan europeo destinado a movilizar hasta 300.000 millones de euros de inversiones que promuevan el desarrollo verde y digitalización en África y América Latina. Una suerte de respuesta a la Nueva Ruta de la Seda con la que China quiere ganarse el favor de los gobiernos del “sur global” a base de inversiones.
Representantes de varias ONG cuestionaron este jueves la eficacia de este plan de financiación de inversiones para situar al «sector privado» en el centro de la propuesta. En este foro estarán presentes las principales empresas españolas con fuerte presencia en América Latina y el Caribe: Telefónica, Iberdrola, Acciona, Balearia, Santander, BBVA, Hispasat, entre otras, según fuentes gubernamentales.
Países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CELAC Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá , Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Tensión política por cumbre UE-Celac
La presencia de los países menos democráticos de América Latina ha sido un gran escollo, al igual que la posible ayuda del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien no ha sido visto con buenos ojos por algunos países de la región que tienen estrechas relaciones con Moscú.
Respecto a Zelenski, Moncloa trató de hacer entender a las partes que el diálogo directo es fundamental. Con el líder ucraniano se dijo que el acceso directo a conversaciones con países menos alineados con la OTAN podría ser positivo. Y para estos países, conocer de primera mano el plan de paz de Kiev solo suma, no resta.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este jueves su participación en la cumbre. El gobierno cubano acusó el lunes a la UE de «falta de transparencia» y «conducta manipuladora» en los preparativos de la cumbre, lo que, según dijo, pone en «grave riesgo» el éxito del evento. Irá alguien de Nicaragua y Venezuela, dicen fuentes gubernamentales, pero probablemente será un canciller, no el jefe del Ejecutivo.
El Parlamento Europeo denunció este jueves la injerencia del régimen de Nicolás Maduro en las elecciones previstas para 2024 en Venezuela, tras la inhabilitación de varios candidatos opositores. Los legisladores europeos piden la declaración final de la cumbre para exigir el respeto a la democracia y las libertades fundamentales. De la Moncloa, esto parece improbable, entre otras cosas porque la declaración debe ser aceptada al pie de la letra por los países firmantes.
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