La Comisión Europea está estudiando cómo dar a los estados una mayor flexibilidad en su gasto social cuando tienen que equilibrar sus cuentas. Dar un tratamiento prioritario a los temas relacionados con la protección social y la inclusión de los colectivos más vulnerables es uno de los expedientes que España pretende impulsar durante su Presidencia del Consejo de la UE. Así lo han revelado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, este viernes durante una rueda de prensa conjunta con el comisario Nicolás Schmit. Este último, cuestionado sobre posibles cambios tras las elecciones legislativas del 23 de julio, aprovechó para saludar la reforma laboral acordada por el actual Ejecutivo con la patronal y los sindicatos.
Actualmente, la UE exige que los estados no gasten más de lo que ingresan y que, si lo hacen, no excedan un cierto nivel de déficit. Para controlar la deuda pública de los países y fortalecer la estabilidad monetaria de la Unión. Estas normas de disciplina presupuestaria están pendientes desde hace tres años, con el fin de dar margen de maniobra a los Estados para actuar frente a la pandemia mediante inyecciones de dinero público.
Ertes, créditos ICO o ayudas a la solvencia empresarial han sido algunas de las medidas que España ha puesto encima de la mesa para paliar los efectos del covid y que han contribuido a que en menos de dos años el mercado laboral vuelva al empleo anterior al confinamiento niveles No obstante, Bruselas está elaborando ahora nuevas reglas presupuestarias que deberán ser respetadas por los Estados, con la idea de que se aprueben definitivamente en el segundo semestre de 2023, bajo la presidencia española de la UE, y que entren en pleno fuerza. aplicación en los presupuestos de 2025.
En este nuevo marco de reglas para disciplinar las cuentas de los Estados, la Unión estudia cómo dar un tratamiento preferente al gasto social y que los recortes futuros no los reduzcan y se dirijan así a los colectivos más vulnerables.
“Lo que propone la Comisión en su propuesta -y necesita ser discutido, fundamentado y llevado adelante- es que ciertos tipos de inversiones, incluidas las asociadas a políticas de protección social, puedan ser utilizadas por los gobiernos en su planificación presupuestaria a mediano plazo como elementos eso puede permitir una mayor flexibilidad en el proceso de ajuste de determinados niveles de endeudamiento”, explicó Escrivá en rueda de prensa.
Si esta «mayor flexibilidad» pasa por no calcular el coste social en los márgenes del déficit o si los Estados podrán desglosarlo en sus cuentas son detalles que los 27 integrantes del club europeo deben terminar de precisar. Así como qué se considerará gasto social y qué flexibilidad se dará a los estados y por cuánto tiempo. El cronograma establecido por el gobierno es realizar una reunión preliminar en Aranjuez este otoño y luego pasar a la discusión final en noviembre. “La pandemia ha demostrado cuán importantes son los servicios sociales para la resiliencia de nuestra sociedad”, reconoció el comisario europeo Schmit.
Cuida más a los que cuidan
Reforzar el diálogo social, aprobar una directiva europea sobre teletrabajo o avanzar hacia la equiparación de la protección social entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena son las prioridades que España ha puesto sobre la mesa de cara a su presidencia. Habrá que ver qué Gobierno los impulsa y cómo tras las votaciones del 23 de julio. No obstante, el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, insistió en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios de atención domiciliaria.
«Tenemos que ayudar a los cuidadores. […] A menudo trabajan con salarios muy bajos, tenemos que mejorar sus condiciones de trabajo, porque tenemos escasez. [de profesionales] en este sector y será una necesidad creciente dado el envejecimiento de nuestras sociedades”, dijo Schmit.
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