El profesor de derecho civil Vicente Guilarte, miembro del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, ha sido designado como nuevo presidente suplente del organismo, en sustitución de Rafael Mozo, que dimite por jubilación forzosa tras cumplir 72 años. este miercoles. . Su reemplazo fue elegido porque es el siguiente miembro de mayor edad según las reglas establecidas por el propio Consejo tras la renuncia de Carlos Lesmes en octubre del año pasado.
Guilarte toma posesión después de que un grupo de seis miembros de las dos sensibilidades presentes en el CGPJ presentaran una carta al Pleno en la que convocaban a un debate «sobre las condiciones de ejercicio» de la presidencia de este órgano constitucional, dado que el profesor y el abogado no actuaban exclusivamente como socios. Para estos miembros, no cabía duda de que el candidato debía abandonar su labor académica y trabajar como abogado para asumir el cargo.
Por su parte, Mozo aprovechó la coincidencia del Pleno y la fecha de su jubilación para enviar una carta a todo el personal del Consejo despidiéndose de sus cargos, en la que advertía de «la anomalía Constitucional» en la que se encuentra este órgano. , que debería haberse renovado en diciembre de 2018.
En el escrito insta a las «fuerzas políticas» a renovar «inmediatamente» el colegio de magistrados «sin excusa» tras el 23 de julio.
La sustitución del presidente vuelve a oscurecer a un CGPJ que ya ha perdido la cuarta parte de sus miembros
También recuerda que «la recomendación contenida en el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE no deja lugar a dudas: que la renovación del CGPJ se haga con carácter prioritario y que se inicie, inmediatamente después de la renovación, un proceso adecuar el nombramiento de sus miembros de origen judicial, teniendo en cuenta la normativa europea sobre Consejos del Poder Judicial”.
“Reitero desde aquí, con la firmeza que el tiempo transcurrido me permite -desde el 4 de diciembre de 2018- mi petición a las fuerzas políticas interesadas, para que, sin excusa ni pretexto alguno, se tomen en serio estas recomendaciones y se proceden inmediatamente, desde la finalización del proceso electoral en el que estamos inmersos, a la renovación de este órgano de gobierno, que no sólo exige la Constitución española, sino también la UE”, declara expresamente.
Mozo también advirtió que «la continuación de esta situación debilita y erosiona las principales instituciones de la justicia española y, por tanto, nuestro Estado de derecho».
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