Tribunal Supremo | La sanción de una fiscal obligada a trabajar a pesar de su embarazo de alto riesgo, a juicio ante el Tribunal Supremo

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Un fiscal de Toledo ha sido multado con 1.500 euros por demoras injustificadas en su trabajo después de que su superior, el fiscal jefe de la provincia, le pidiera que siguiera tramitando los casos desde su domicilio, a pesar de que ella estaba de baja por un embarazo de alto riesgo. .

Su caso llegó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ve interés en el mismo y ha fijado audiencia para el 11 de octubre para oír a tres testigos y un perito antes de pronunciarse sobre la demanda interpuesta por la mujer, que pretende declarar que su derechos han sido violados y que, por lo tanto, la sanción debe ser cancelada.

Así consta en una resolución dictada por la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia, a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, y en la que los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico y Luis María Díez-Picazo aceptan la recepción de las pruebas propuestas por la defensa del fiscal afectado, representada por el abogado y exfiscal Juan Antonio Frago. Consideran que se han dado las condiciones para la celebración de esta audiencia porque existe discrepancia sobre los hechos defendidos por las dos partes, por lo que la prueba ofrecida es «de indiscutible importancia para la resolución del juicio».

los testigos

Entre los testigos propuestos se encuentran el fiscal general de Toledo, Antonio Huélamo, así como el delegado de riesgos laborales de la fiscalía y un funcionario. Los magistrados tendrán también la posibilidad de interrogar al autor del informe pericial aportado por la defensa.

En su recurso, presentado por Europa Press, la fiscal denuncia «una gravísima situación de acoso machista» contra dicha fiscal, que se habría iniciado en junio de 2021, cuando acudió a la sede de Huélamo para comunicarle que el médico le había dado una licencia por embarazo de alto riesgo.

Añade que, «una vez recibida la noticia», le ordenó «seguir trabajando desde casa, para poder enviar su lote, a pesar de dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y sabiendo muy bien que la orden dada era absolutamente ilegal».

deber de trabajar

En respuesta, la fiscal envió un correo electrónico a la Inspección de Hacienda al día siguiente, porque “no entendía por qué tenía que trabajar mientras estaba de baja”. El inspector jefe respondió con un escrito dirigido a Huélamo donde “se anda con rodeos” destacando que “corresponde a los fiscales jefes la distribución del trabajo”, así como “el deber de trabajar con rapidez y eficacia”.

Poco después, ya en julio de 2021, «con una conexión temporal total», Huélamo comunica «unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales» por parte de la fiscal, «cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma».

En ese sentido, la convocatoria incluye la transcripción de la conversación que sostuvieron en el despacho de Huélamo, donde “se evidencia que el fiscal jefe le confiesa al fiscal que se ocupa de muchos casos de los que más de un fiscal debe ser responsable”. por el trabajo extra que eso conlleva».

Sin embargo, para los abogados del fiscal es claro que «se abre un expediente disciplinario y se le sanciona por haberse atrevido a cuestionar una orden manifiestamente ilegal del Ministerio Público», concluye la denuncia ante el Tribunal Supremo.

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