La Fiscalía pide al juez Llarena que dicte una nueva euroorden contra Puigdemont

Comment

Ultima Hora

Por si, tras las elecciones y según el reparto de escaños, alguien tiene dudas sobre la situación procesal en la que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el «exconsejero» que le acompañó en la fuga Toni Comín, el Ministerio Fiscal ha querido aclarar que ambos tienen pendiente una denuncia por los delitos de desobediencia y malversación de fondos en su modalidad más grave. Por ello, ese mismo lunes instó al juez Pablo Llarena a dictar una nueva orden de detención y una nueva Euro-orden en su contra para que, tras perder la inmunidad europea, pudiera ser detenido mientras viajaba por Europa.

Clara Ponsatí vuelve a Cataluña y anuncia su propia «detención ilegal»

El propio Puigdemont no desaprovechó la ocasión para subrayar la proximidad de la demanda fiscal a la celebración de elecciones y utiliza la ironía para decir en inglés «un día sois decisivos en la formación del Gobierno español y al día siguiente exigen vuestra detención», en la red social que desde el lunes se llama X.

El tuit del «expresidente» se debe a que el Ministerio Público solicitó este lunes que se dicte una orden internacional de búsqueda y captura, por si fuera necesario tramitar una solicitud de extradición en su contra, así como una orden europea de detención y entrega de los dos acusados ​​en rebeldía a los que les retiró la inmunidad la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea al aprobar la solicitud formulada por el juez Llarena por su responsabilidad en los «juicios».

El «exministro» de Cultura Lluís Puig, procesado por los mismos delitos, al no ser diputado europeo, no tenía inmunidad. Así, el magistrado podría haber ordenado su detención nuevamente ya que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre las euro-órdenes y le dio la razón ante la justicia belga que se negó a entregarlo, pero aún no lo ha hecho.

no falles

Aunque la decisión del Tribunal General que retiraba las inmunidades a los eurodiputados puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, como ya han anunciado Puigdemont y Comín, la impugnación no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -prófugos y en rebeldía- el Fiscal General considera oportuno volver a dictar órdenes de detención internacionales y europeas contra los dos imputados por los delitos a los que se refiere el auto de 12 de enero de 2020. 23, cuando en su acusación se aprobó la reforma legislativa que implicaba la derogación de la sedición y la reforma de la prevaricación.

La fiscalía recuerda en su escrito de cuatro páginas que los hechos de malversación por los que se reclama a Puigdemont y Comín son los más graves previstos por la legislación y prevén penas de hasta 12 años de prisión por la cantidad de dinero que malversaron para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El desfalco es uno de los delitos incluidos entre los de corrupción y se encuentra entre los previstos para la entrega casi automática de los reclamados.

La decisión de Llarena

En cualquier caso, la última palabra sobre la petición del fiscal está ahora en manos del juez Llarena, que puede dictar inmediatamente las nuevas órdenes de detención o tomarse su tiempo como hace con Lluís Puig. Fuentes de la Alta Audiencia consultadas por este diario no consideraron descabellado esperar a que el TJUE se pronuncie sobre las medidas provisionales que previsiblemente invocará Puigdemont en el recurso que anunció.

De esta forma, no habría riesgo de tener que volver a tomarlas por precaución en caso de estimación de estas medidas. Estas fuentes estimaron que el Tribunal Superior Europeo tardaría alrededor de un mes en pronunciarse sobre estas medidas que, de ser rechazadas, permitirían ordenar la detención del expresidente catalán antes de las próximas elecciones europeas, en las que ya ha anunciado su intención de presentarse.

La situación de los dos o de Puig es distinta a la de la tercera eurodiputada procesada por el «juicio»: Clara Ponsatí, que forzó su detención este lunes mientras cruzaba de nuevo Barcelona, ​​a pesar de la orden de detención española dictada contra ella por la jueza Llarena para realizar declaración de instrucción por el delito de desobediencia que se le imputa. Dado que este delito no prevé penas de prisión, la detención de la eurodiputada sólo interviene para realizar el procedimiento en curso e imprescindible para continuar con el procedimiento en su contra. Bajo ninguna circunstancia irá a la cárcel. La única duda es si podrá hacerlo a instancias del Barcelona o habrá que trasladarlo al propio Tribunal Supremo.

.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *