El Gobierno nacional trabaja en una reforma migratoria con el objetivo de implementar el cobro de aranceles en salud y educación para extranjeros no residentes.
Además, el proyecto endurecerá los criterios de radicación definitiva, acelerará la deportación de quienes cometan delitos y reforzará los controles en las fronteras.
La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei, fue presentada en el 143° período de sesiones ordinarias del Congreso.
Objetivos y modificaciones clave
La reforma busca modificar la actual Ley de Migraciones 25.871, en vigencia desde 2010, para establecer nuevas normativas que regulen el acceso de extranjeros a servicios financiados por el Estado.
“Queremos que aquellos extranjeros en situación transitoria o temporaria paguen por los servicios que utilizan”, afirmó Milei en su discurso ante el Parlamento.
Entre las medidas previstas también se encuentra la posibilidad de que las universidades cobren matrícula a estudiantes que no sean residentes permanentes, una propuesta que podría generar debate en el Congreso.
Cobro en salud y educación: antecedentes provinciales
El cobro de servicios públicos a extranjeros no residentes ya se implementó en 2024 en Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, particularmente en el ámbito de la atención médica.
En Salta, según informaron las autoridades, el Estado provincial logró ahorrar $60 millones en un solo hospital, lo que representó el 50% del presupuesto total del centro de salud de Santa Victoria Este.
Ante estos resultados, otras provincias como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba anunciaron que podrían adoptar medidas similares.
Deportaciones y control fronterizo
Otro eje central de la reforma es el endurecimiento de los criterios de deportación para extranjeros que cometan delitos en el país.
Según anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, se incluirán más delitos como causa de expulsión inmediata y prohibición de reingreso.
Asimismo, se reforzarán los controles fronterizos con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, con el objetivo de prevenir delitos como narcotráfico y contrabando.
Para ello, se instalarán nuevos radares y se mejorará la infraestructura de los centros de control internacional.
El futuro de la reforma
El Gobierno espera que el Congreso apruebe la nueva ley antes de que termine 2025. En caso de no prosperar, una fuente oficial no descartó que se intente avanzar mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
