El Real Betis Balompié celebró este lunes un acto en su ciudad deportiva Luis del Sol para despedir a Sergio Canales. El futbolista cántabro estuvo apoyado durante todo el homenaje por sus excompañeros y por la directiva verdiblanca. Canales se marcha al Rayados de Monterrey tras cinco años en el Sevilla y 207 partidos oficiales disputados con el equipo bético.
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María Pisa
Actualizado: 24/07/2023 20:03 Ver la galería >
Firma de convenios de colaboración del CD Tenerife con clubes de base.
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La Audiencia Nacional condenó al comisario José Manuel Villarejo a 19 años de prisión por los delitos de revelación de secreto empresarial en el cuarto de hierro y de secreto privado en el cuarto de tierra, así como por falsificación de documento mercantil, al tiempo que lo absolvió de corrupción en ambos casos y de extorsión en el grado de concierto para delinquir en el cuarto del pintor.
La sentencia, de 351 páginas, considera que no puede ser condenada por corrupción porque no se cumplen los requisitos de este tipo penal ya que los hechos cometidos por Villarejo «no los realizó en el ejercicio de sus funciones ni estaban relacionados con sus actividades públicas».
Según ha informado el órgano judicial, los magistrados de la sección cuarta de la sala de lo penal dictaron sentencia en las tres primeras piezas que se juzgaban en la denominada causa Tándem, en la que se investigaba la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt, para realizar determinadas misiones.
En el caso de la exhibición de Hierro, la contratación de Villarejo por parte de la firma de abogados Herrero&Asociados se intentó para obtener información de una firma de abogados competidora sospechosa de robar su base de datos. La pieza de Land se centró en que Cenyt fue contratado para investigar el entorno del propietario de PROCISA por orden de una de sus hijas, Susana, en un litigio familiar por herencia, mientras que en Pintor fue interrogado por orden de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara en Villarejo para recabar información de un ex socio, Mateo Martín Navarro, y su abogado, el ex juez Francisco Javier Urquía, que resolvería un litigio fiscal a su favor. Fueron juzgadas un total de 26 personas, además de Villarejo, entre ellas su socio Rafael Redondo, que fue condenado a 13 años de prisión por los mismos delitos que el comisario. Otras nueve personas fueron condenadas a penas que van de los tres meses a los dos años de prisión, mientras que 16 fueron absueltas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, así como los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. En el caso de Enrique García Castaño, fue excluido del juicio por enfermedad.
La absolución de determinados delitos en este primer juicio será clave para el desarrollo de las audiencias e investigaciones en curso, ya que siendo actuaciones muy similares en principio, una condena por accidente de tráfico podría quedar excluida en sentencias posteriores.
El juzgado explica que cuando ocurrieron los hechos investigados en estas dos salas, José Manuel Villarejo Pérez era comisario de policía en activo, por lo que está presente el primer elemento del delito de cohecho pasivo. Sin embargo, desestima el segundo de los elementos ya que los actos realizados por este imputado no fueron realizados en el ejercicio de sus funciones, ni relacionados con sus actividades públicas.
Para la Sala, “la actividad desarrollada por el acusado Villarejo Pérez en modo alguno pretendía menoscabar la legitimidad y criterio de actuación de la administración pública, sino obtener mayores beneficios privados al ofrecer una serie de servicios difíciles de obtener, al menos por la vía legal. No hay rastro de pago por parte de los clientes de los funcionarios públicos, para obtener datos, es más, no existía relación o conexión entre ellos, siendo el único vínculo el acusado Villarejo Pérez”.
La sentencia sostiene que tanto en la contratación por parte de la oficina de Herrero y Asociados, como por parte de las personas que contrataron a Villarejo en la pieza de Suelo, lo hicieron por su condición de propietario de la sociedad Cenyt. “Se requerían sus servicios como verdadero propietario de un gran tejido empresarial multidisciplinar denominado Cenyt, que se presentaba en las redes sociales como una unidad de inteligencia dedicada a la investigación económica y financiera, añadiendo que mantenía estrechas relaciones institucionales y operativas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la administración de justicia, lo que le permitía alcanzar altas dosis de eficacia”.
El juzgado también rechaza que los hechos constituyan corrupción activa ya que las personas que contrataron los servicios de Villarejo no buscaron perjudicar a la administración en beneficio propio.
El juzgado pretendía, según el tribunal, “conseguir intereses particulares y espurios consistentes en perjudicar a una sociedad competidora compuesta, entre otras, por varias personas que anteriormente formaban parte de Herrero y Asociados SL o conocer las tendencias e intenciones de diversas personas relacionadas con la familia García Cereceda para posicionarse ante futuras reclamaciones relacionadas con la herencia del desaparecido empresario Luis García Cereceda, principalmente entre su hija, la demandada Susana García Cereceda y la sociedad Procisa, y la viuda de ésta Silvia Gómez Cuétara, afectando también otras personas alrededor de este último.
La sentencia excluye el delito de corrupción pero destaca que los hechos analizados y el engaño acreditado podrían haber formado parte de otro tipo de delitos que no fueron atribuidos a los imputados. “El superlativo grado de engaño perpetrado contra sus desprevenidos clientes, -pese a la cualificación profesional que se pueda suponer de ellos- y el desplazamiento de bienes a raíz de tal error colocaría la actuación de Villarejo en la órbita de delitos de carácter doloso por los que no ha sido imputado”, concluye.
En cuanto al voto particular que señala, señala que los actos cometidos por Villarejo y por las personas a las que utilizó, según este juez, “son contrarios a los deberes inherentes a su cargo, y más concretamente, a delitos, menoscabando así directamente el prestigio y la eficacia de la función pública, la imparcialidad de sus agentes y la eficacia del servicio público a ellos encomendado”. De lo anterior, agrega el voto disidente, “se infiere que no es posible conciliar la misión legalmente asignada a un funcionario público para prevenir la comisión de delitos con el ejercicio de una actividad privada para cuya realización realizó actividades ilegales (delictivas)”.
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Cuatro altos cargos del Gobierno de Canarias presentarán declaración ante el juez del caso Mediador el próximo mes de septiembre. Entre los testigos citados por el magistrado se encuentran el Contralor General, dos jefes de departamento y un técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La presidenta del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo Cáceres, ha dictado un auto citando a la Auditora General del Gobierno de Canarias, Natalia de Luis Yanes, el próximo 13 de septiembre a las diez de la mañana. Esta será la segunda convocatoria desde que finalmente se suspendió la prevista para este mes de julio.
Ese mismo día, el instructor escuchará como testigos al jefe del Departamento de Registro, Industrias y Bienestar Animal de la Dirección General de Ganadería, Antonio Manuel Cardona, al técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Pedro Peláez Pérez y al jefe del Servicio de Reembolso de Subvenciones de la Secretaría General Técnica, Guillermo José de Diego.
Una semana después, el 20 de septiembre, el magistrado tomará declaración como investigados desde las 10:00 horas a Cristian Mauricio Lillo y Gemma de los Ángeles Venegas, los presuntos destinatarios de una transferencia de 7.500 euros ejecutada por la empresa de José Suárez, alias “José el Drones”, imputado en la causa. También ese día, el juez escuchará al empresario Sergio de Frutos Gouth como parte de una investigación, pero a partir de las 11:00 horas.
Ya el próximo 21 de septiembre, el magistrado interrogará como testigo al administrador del Club de Fútbol Vega Tetir, equipo del que fue presidente el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’.
El 21 de septiembre, el magistrado nombró investigadores a Jesús María Pérez Spinola y Maximiliano Poveda tras recibir una carta de la Unidad de Delitos Tecnológicos.
Esta serie de declaraciones es parte de este caso, en el que el magistrado investiga una supuesta trama de corrupción liderada por «Tito Berni».
Habría ofrecido a los empresarios privilegios en materia de contratos y supuesto trato de favor en inspecciones y ayudas públicas. El sumario del caso destapado en febrero pasado incluye encuentros y encuentros, incluso ir a fiestas con prostitutas, alcohol y drogas.
Paralelamente al juzgado de Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía Europea se hizo cargo de la investigación del «caso Mediador» relativo al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, único imputado en prisión preventiva, y a contratos vinculados a un proyecto de la UE en el Sahel.
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Por si, tras las elecciones y según el reparto de escaños, alguien tiene dudas sobre la situación procesal en la que se encuentran el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el «exconsejero» que le acompañó en la fuga Toni Comín, el Ministerio Fiscal ha querido aclarar que ambos tienen pendiente una denuncia por los delitos de desobediencia y malversación de fondos en su modalidad más grave. Por ello, ese mismo lunes instó al juez Pablo Llarena a dictar una nueva orden de detención y una nueva Euro-orden en su contra para que, tras perder la inmunidad europea, pudiera ser detenido mientras viajaba por Europa.
El propio Puigdemont no desaprovechó la ocasión para subrayar la proximidad de la demanda fiscal a la celebración de elecciones y utiliza la ironía para decir en inglés «un día sois decisivos en la formación del Gobierno español y al día siguiente exigen vuestra detención», en la red social que desde el lunes se llama X.
El tuit del «expresidente» se debe a que el Ministerio Público solicitó este lunes que se dicte una orden internacional de búsqueda y captura, por si fuera necesario tramitar una solicitud de extradición en su contra, así como una orden europea de detención y entrega de los dos acusados en rebeldía a los que les retiró la inmunidad la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea al aprobar la solicitud formulada por el juez Llarena por su responsabilidad en los «juicios».
El «exministro» de Cultura Lluís Puig, procesado por los mismos delitos, al no ser diputado europeo, no tenía inmunidad. Así, el magistrado podría haber ordenado su detención nuevamente ya que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre las euro-órdenes y le dio la razón ante la justicia belga que se negó a entregarlo, pero aún no lo ha hecho.
Aunque la decisión del Tribunal General que retiraba las inmunidades a los eurodiputados puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, como ya han anunciado Puigdemont y Comín, la impugnación no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -prófugos y en rebeldía- el Fiscal General considera oportuno volver a dictar órdenes de detención internacionales y europeas contra los dos imputados por los delitos a los que se refiere el auto de 12 de enero de 2020. 23, cuando en su acusación se aprobó la reforma legislativa que implicaba la derogación de la sedición y la reforma de la prevaricación.
La fiscalía recuerda en su escrito de cuatro páginas que los hechos de malversación por los que se reclama a Puigdemont y Comín son los más graves previstos por la legislación y prevén penas de hasta 12 años de prisión por la cantidad de dinero que malversaron para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El desfalco es uno de los delitos incluidos entre los de corrupción y se encuentra entre los previstos para la entrega casi automática de los reclamados.
En cualquier caso, la última palabra sobre la petición del fiscal está ahora en manos del juez Llarena, que puede dictar inmediatamente las nuevas órdenes de detención o tomarse su tiempo como hace con Lluís Puig. Fuentes de la Alta Audiencia consultadas por este diario no consideraron descabellado esperar a que el TJUE se pronuncie sobre las medidas provisionales que previsiblemente invocará Puigdemont en el recurso que anunció.
De esta forma, no habría riesgo de tener que volver a tomarlas por precaución en caso de estimación de estas medidas. Estas fuentes estimaron que el Tribunal Superior Europeo tardaría alrededor de un mes en pronunciarse sobre estas medidas que, de ser rechazadas, permitirían ordenar la detención del expresidente catalán antes de las próximas elecciones europeas, en las que ya ha anunciado su intención de presentarse.
La situación de los dos o de Puig es distinta a la de la tercera eurodiputada procesada por el «juicio»: Clara Ponsatí, que forzó su detención este lunes mientras cruzaba de nuevo Barcelona, a pesar de la orden de detención española dictada contra ella por la jueza Llarena para realizar declaración de instrucción por el delito de desobediencia que se le imputa. Dado que este delito no prevé penas de prisión, la detención de la eurodiputada sólo interviene para realizar el procedimiento en curso e imprescindible para continuar con el procedimiento en su contra. Bajo ninguna circunstancia irá a la cárcel. La única duda es si podrá hacerlo a instancias del Barcelona o habrá que trasladarlo al propio Tribunal Supremo.
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Inyección de dinero adicional en Cooltra para apoyar su estrategia de crecimiento. En medio de un cambio de ciclo inversor, con los fondos de inversión endureciendo las condiciones en las que prestan dinero dado el contexto macroeconómico actual, la empresa de alquiler de motos con sede en Barcelona se ha volcado al mercado bancario y cierra una operación de financiación de 22 millones de euros con la que espera «fortalecer los mercados exteriores gracias a su plan de expansión internacional».
Así lo indica la propia compañía en una nota de prensa publicada este lunes, donde detalla que 18 de estos millones corresponden a un préstamo sindicado verde suscrito con varios bancos. A la cabeza está Banco Santander con su vehículo Santander Corporate and Investment Banking (Santander CIB), pero también participan COFIDES, Institut Català de Finances, Deutsche Bank, Bankinter y Arquia.
“Es la primera vez que una empresa de nuestro sector obtiene un préstamo de estas características”, explica el director financiero de Cooltra, Francesc Madurell. “Es un instrumento muchas veces reservado a las grandes empresas ya establecidas y poco asequible para las empresas en crecimiento, lo que demuestra la confianza que las distintas entidades tienen en el futuro de la movilidad sostenible y, sobre todo, en nuestro plan de expansión internacional”, añade.
Un préstamo sindicado verde es dinero que se presta entre múltiples bancos para que las entidades se sientan mejor protegidas contra el riesgo y se otorga para apoyar iniciativas sostenibles.
Pero más allá de estos 18 millones de euros, la compañía levantó 4 millones adicionales en refinanciación de su deuda actual. Este volumen se suma a una ampliación de capital de 25 millones de euros que la startup cerró con sus actuales inversores.
Ya en su momento, Cooltra explicó que destinaría este dinero a consolidar su papel en Europa con nuevos negocios o la llegada a nuevos mercados. Esos 22 millones de euros que ingresan ahora se destinarán a lo mismo.
“Después de que Cooltra entrara el año pasado en Alemania a través del ‘leasing’ a empresas y administraciones públicas, la compañía siguió apostando por los mercados exteriores durante la primera mitad del presente año, ganando peso en países donde ya estaba presente, como Italia y Francia”, detalla la nota de prensa. “Recientemente, la compañía ha introducido sus bicicletas eléctricas de uso compartido en el mercado italiano, donde ya es líder en ‘motosharing’ gracias a su presencia en las ciudades de Roma, Milán y Turín”, añade. Además, acaba de ganar el concurso para ser uno de los pocos proveedores de ‘motosharing’ en París durante los próximos cinco años.
La empresa que preside Timo Buetefisch facturó el año pasado 47 millones de euros y prevé cerrar 2023 por encima de los 50 millones de euros.
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La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha aclarado este lunes que la posición de su partido es «firme» y es la misma que en 2019, por lo que trasladar la responsabilidad a quien debe ejercerla es «hacer trampa». Durante una entrevista con Mediaset tras las elecciones del 23-J, Borràs indicó que, en su opinión, «cualquiera que quiera ser presidente debe abordar la forma en que puede serlo», además de insistir en que se trata de abordar «un problema político» que existe entre España y Cataluña. Por eso, el jefe de las Junts fue franco y advirtió a Sánchez que el balance de la investidura pasa necesariamente por la amnistía y la autodeterminación.
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La diputada electa de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido ha avanzado, a la espera de lo que se decida en la reunión del Ejecutivo Nacional de esta tarde, que su partido está dispuesto a negociar con cualquier candidato que pretenda presentarse a la candidatura, pero ya ha advertido que en ningún caso apoyarán un Gobierno en el que esté presente la extrema izquierda o la extrema derecha.
En declaraciones a ‘Radio Marca Tenerife’, recogidas por Europa Press, Cristina Valido indicó que en la reunión de la ejecutiva nacional de este lunes se empezará a fijar la posición del partido nacionalista «ante posibles llamadas de unos y otros», aunque reconoce que el PSOE y el PP «deben obtener mucho más apoyo, deben dar otras sumas y hacer otras negociaciones antes de contactar con Coalición de Canarias».
Valido aclaró que su partido está dispuesto a «escuchar al mundo entero», pero reiteró que las convicciones de su formación política son «claras» y pasan por iniciar un compromiso en los asuntos de Canarias por parte de quien pretenda gobernar España durante los próximos cuatro años.
A su vez, volvió a insistir en que CC mantendría la palabra dada en campaña, es decir que no apoyaría un gobierno en el que participe la extrema derecha o la extrema izquierda. Otra cuestión es que uno de los bloques asistentes a la investidura consiga el apoyo de otros partidos o incluso su abstención, añadió el diputado, que también aclaró que la posición de la CC no será sólo de apoyo a un Gobierno del PP, como argumentaron anoche muchas televisiones.
“Negociaremos con quién quiera presentar la candidatura, pero si incluyen a la extrema izquierda o a la extrema derecha en su gobierno, no podemos votar por la candidatura. Eso lo hemos dicho durante toda la campaña y ahora no podemos hacer ni decir otra cosa”, ha reiterado Cristina Valido, y ha añadido que si los candidatos consiguen unirse a otros partidos, también podrían contar con el apoyo de la Coalición de Canarias para negociar presupuestos y otros temas si necesitan el voto del partido nacionalista.
Ante la posibilidad de que se repitan las elecciones, el diputado admitió que todo es posible con el escenario actual y que no sería «absurdo» pensar que se puedan repetir. Ante este escenario, ha indicado que habría que hacer un análisis más sereno de cómo los ciudadanos pueden entender unas nuevas elecciones y trabajar «con la misma ilusión y la misma voluntad» que han hecho hasta ahora y convencer a la gente de la importancia de la presencia de la CC en Madrid.
“Si estas son las reglas del juego, tendremos que volver atrás para convencer a nuestros votantes, intentar no perder los magníficos resultados que hemos obtenido, intentar arañar algo más e, incluso, plantear en la provincia de Las Palmas -donde ni CC ni NC-BC han obtenido representación- la necesidad de la unión del nacionalismo canario”, ha dicho Valido.
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Los resultados de las elecciones legislativas del 23J traspasaron fronteras y están presentes este lunes en la portada de la prensa internacional. Los medios europeos y estadounidenses analizan la noche de las elecciones y llegan a una conclusión clara: el escenario arroja muchas dudas sobre la gobernabilidad de España.
Pese a que no lo tendrá fácil, Pedro Sánchez es el que más opciones tiene de ser inquilino de Moncloa otros cuatro años. Tras una campaña plagada de euforia, el domingo cayó sobre el Génova un jarro de agua fría, una lluvia que se hizo más y más fría a medida que avanzaban las elecciones. Pese a todo, nadie descarta la repetición electoral ante la fragmentación del Congreso de los Diputados.
‘The Guardian’: ‘El Parlamento en el aire después de que los tories fracasaran y no consiguieran la mayoría que esperaban’
‘The Times’: ‘El estancamiento en España tras la victoria de la derecha es insuficiente para acceder al poder’
‘Le Monde’: «Elecciones legislativas españolas: la amarga victoria de Alberto Núñez Feijóo»
‘Liberación’: «Legistalitavas en España: la derecha no tenía nada concreto que oponer al Gobierno»
‘The New York Times’: ‘Una elección poco concluyente lleva a España a la confusión política’
‘The Washington Post’: ‘Las elecciones en España dejan el Parlamento sin veredicto’
‘Clarín’: «En España ha ganado el Partido Popular pero eso no alcanza para formar Gobierno»
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Desde el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables hasta el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, pasando por el impuesto sobre el vertido de residuos, la incineración y coincineración de residuos, así como otros muchos impuestos, incluidos algunos impuestos de las comunidades autónomas, existe un amplio abanico de impuestos cuya finalidad es la protección del medio ambiente.
Su objeto esencial no es, ni debe ser, fiscal, es decir, no deben perseguir un objetivo esencialmente fiscal, sino un objetivo primario de protección ambiental, que es un objetivo no fiscal. Su finalidad no debe ser recaudar, sino influir en determinadas conductas o actividades que puedan afectar al medio ambiente, estableciéndose una elevada carga fiscal para las mismas en caso de llevarlas a cabo. Así, una débil recaudación de estos impuestos implicaría que se alcanzan los objetivos ambientales perseguidos, ya que no se han llevado a cabo las actividades contaminantes que dañan el medio ambiente y que dan lugar a la acumulación de estos impuestos.
Los instrumentos fiscales suelen preocupar mucho a los ciudadanos, que ven aumentar la carga tributaria que soportan y por más que se explique el porqué de cada tributo, difícilmente son bien recibidos por el sentimiento de las economías nacionales. A su vez, los impuestos y las cuentas públicas se convierten en un detonante de batallas políticas, especialmente en época electoral.
En cualquier caso, gran parte del conglomerado de impuestos medioambientales no es tan visible para los ciudadanos como otros impuestos más generales, pero de alguna manera acaban siendo trasladados legal o económicamente al ciudadano.
En tiempos de elecciones políticas en cascada, precedidas de un largo periodo de severa sequía, donde los posibles efectos del cambio climático han estado muy presentes en la mente de los ciudadanos, la protección del medio ambiente no puede convertirse en un arma política desechada, ya que tiene su fundamento en el mandato de protección ambiental del artículo 45 de la Constitución Española. Más aún cuando esta protección se instrumentaliza a través de los impuestos, dada la visión instintivamente incómoda que éstos suscitan entre los contribuyentes.
Los impuestos suelen estar en el campo de batalla político, donde aún se aplican los conceptos de derecha e izquierda, por vagos que puedan ser si se analizan rigurosamente, los impuestos ambientales deberían permanecer más al margen de este juego de lucha política que otros. Máxime cuando se quiere atribuir erróneamente a este tipo de impuestos la pertenencia a una ideología política que en realidad no encaja con los esquemas de política tributaria a los que se alinean.
Si tuviéramos que destacar el impuesto medioambiental más tradicional y de mayor impacto para los ciudadanos, tendríamos que fijarnos en el impuesto sobre hidrocarburos, que grava, entre otros, el gasóleo y la gasolina. Se trata de un impuesto armonizado de acuerdo con las directivas de la Unión Europea que establecen una estructura y un impuesto mínimo a aplicar por los Estados miembros y que éstos pueden y con carácter general gravar cuando lo aplican en su territorio.
Este tributo, como impuesto especial de fabricación, grava la fabricación de hidrocarburos. A diferencia del IVA, se aplica en una sola fase, lo que obviamente no impide que se repercuta en el consumidor. Si bien el fabricante lo presenta al erario público y lo traspasa legalmente al destinatario del producto en la primera fase de su proceso de distribución -ya sea el mayorista o el minorista-, cuanto mayor sea el importe que deba pagar por el impuesto, mayor será el precio que habrá que cobrar al consumidor final, lo que le afectará económicamente.
Se trata, por tanto, de un impuesto que afecta al consumo de combustibles y que tiene una gran importancia recaudatoria, lo que plantea dudas sobre la finalidad puramente medioambiental que persigue dicho impuesto. Para ello tendría que ser un impuesto articulado de tal forma que solo genere una mínima recaudación, al no haber consumido una cantidad significativa de hidrocarburos (esencialmente gasóleo y gasolina), por lo que muy poca habría sido contaminada por el tráfico rodado.
Tiene un objetivo medioambiental poco realista en la práctica, ya que es evidente que el estado actual de las infraestructuras y medios de transporte no permite que gran parte de los ciudadanos de cualquier nivel económico eviten el consumo de combustible y apuesten por un vehículo eléctrico que realmente cubra todas sus necesidades.
Pensemos, por ejemplo, en la España rural o vacía, que es la que más necesita protección y donde, dada la necesidad particular del transporte individual, no se puede pensar en frenar el consumo de productos sujetos al impuesto sobre hidrocarburos, que, como impuesto indirecto, golpea a los sujetos con independencia de su riqueza, nivel de ingresos o patrimonio.
Esto podría situarlo teóricamente en una línea de política fiscal liberal o conservadora como apuesta por los impuestos indirectos, frente a la importancia de la fiscalidad medioambiental de la que en ocasiones parecen querer apropiarse políticas más progresistas o de izquierda, que con un impuesto así al final no gravaría más a los ciudadanos con mayor capacidad económica global.
El Tribunal Constitucional español ha reconocido que la fijación de los tributos de carácter predominantemente no fiscal debe realizarse respetando los requisitos y principios que se derivan directamente del artículo 31 de la Constitución (base jurídica 13 de la STC 37/1987, de 26 de marzo y FJ 4 de la STC 186/1993, de 7 de junio).
En base a ello, los impuestos ambientales no pueden ser ajenos a los principios materiales de justicia fiscal a los que se refiere el citado artículo 31 (generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad), cualquiera que sea su finalidad extrafiscal, y podemos decir un paralelo en su consideración dentro de la disciplina de la Unión Europea.
Un litro de gasolina paga los mismos impuestos tanto si lo consume un pobre como si lo consume un rico, si lo consume un habitante de una gran ciudad o de un pueblo de montaña. Por tanto, en la dialéctica electoral de los impuestos, el problema medioambiental no es más de izquierda que de derecha, en una realidad no siempre bien explicada al ciudadano y alejada del sentido común ante la situación actual de España.
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