Un operativo de fiscalización forestal permitió descubrir un desmonte ilegal de aproximadamente 550 hectáreas de monte nativo en el paraje Río Muerto, a unos 50 kilómetros al norte de Los Frentones.
La intervención terminó con el secuestro de maquinaria pesada y la identificación de un presunto responsable.
Control en el paraje Río Muerto
El procedimiento fue encabezado por funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y de la Dirección de Bosques, organismo dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia.
En el lugar trabajaron Oscar Navarro y Gustavo García, junto a efectivos de la División Operaciones Rurales de General Pinedo y de la Sección Rural de Pampa del Infierno (Pampa Guanaco).
La medida se concretó mediante un allanamiento con la participación del Juzgado de Paz y Faltas de Los Frentones, en el marco de actuaciones iniciadas por una presunta violación a la normativa forestal y ambiental vigente.
Una práctica de alto impacto ambiental
Durante la inspección, las autoridades constataron que el desmonte se habría ejecutado bajo la modalidad denominada “topado con cadena”.
Este método consiste en enganchar una pesada cadena entre dos topadoras para arrasar amplias superficies de vegetación en poco tiempo, generando un severo impacto negativo sobre el ambiente.
Según se verificó en el predio rural, esa técnica habría sido utilizada para eliminar grandes extensiones de monte nativo.
Cuatro topadoras y otros elementos incautados
Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de cuatro topadoras, además de dos cisternas con capacidad de 10.000 litros cada una y dos casillas instaladas en el lugar.
Todo quedó formalmente a disposición de la Justicia interviniente, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.
En el sitio fue identificado como presunto infractor un hombre de 42 años, quien fue notificado de su situación legal y de las causas iniciadas en su contra.
Las autoridades provinciales continúan con las tareas para determinar responsabilidades, cuantificar el daño ambiental provocado y establecer las posibles sanciones conforme a la legislación vigente en materia de bosques y protección ambiental.
