Funcionarios del Gobierno del Chaco brindaron este martes una conferencia de prensa para informar cómo avanzaron las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas al caso de una mujer acusada de ejercer como médica sin contar con habilitación profesional.
La exposición estuvo encabezada por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.
Durante el encuentro, las autoridades señalaron que desde que se detectó la situación se activaron procedimientos internos, denuncias judiciales y operativos policiales con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
El alerta surgió desde el hospital de Quitilipi
Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, la primera actuación formal ocurrió el 15 de abril de 2026, cuando el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, notificó a la Subsecretaría de Redes de Salud-Este sobre la presencia de una mujer identificada como Mabel Ojeda, quien realizaba guardias médicas utilizando la matrícula profesional N° 6822.
Tras recibir esa información, el área sanitaria inició averiguaciones para verificar la situación laboral y profesional de la acusada.
En ese proceso se constató que no tenía vínculo contractual con el Ministerio de Salud Pública.
Ante esa irregularidad, se solicitó la intervención de la Dirección de Fiscalización Sanitaria para confirmar la autenticidad de la matrícula utilizada.
Detectaron que la matrícula pertenecía a otro médico
Las verificaciones realizadas por la Dirección de Fiscalización Sanitaria confirmaron que el número de matrícula correspondía a otro profesional.
Con esos datos, el Ministerio de Salud realizó una presentación ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite (MUIT), lo que derivó en la apertura de una causa judicial por presunta estafa.
En paralelo, el jefe de la Región Sanitaria Nº 2, Dr. Di Nubila, efectuó una denuncia policial por supuesta usurpación de título y honores.
La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, encabezada por el fiscal subrogante Gustavo Rafael Valero.
Iniciaron una investigación administrativa y apartaron a funcionarios
Desde el Ministerio de Salud también se dispuso una Información Sumaria mediante la disposición Nº 351/26 para establecer posibles responsabilidades dentro del sistema sanitario.
Como medida preventiva, el Gobierno provincial decidió separar de manera provisoria de sus cargos al director de la Región Sanitaria 2 y al director del hospital de Quitilipi mientras continúan las investigaciones.
En ese contexto, Carolina Meiriño aseguró que la gestión provincial mantiene una política de “transparencia” frente a este tipo de situaciones y afirmó que no permitirán que el caso sea utilizado políticamente.
La acusada fue localizada en Buenos Aires
Luego de las denuncias presentadas, la Justicia ordenó allanamientos y emitió un pedido de captura nacional contra Lidia Mabel Ojeda.
La búsqueda fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco, que finalmente lograron ubicar a la mujer el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires.
Posteriormente, el 8 de mayo, la acusada fue trasladada al Chaco para quedar a disposición de la Justicia provincial.
El Ejecutivo provincial será querellante en la causa
Durante la conferencia, las autoridades confirmaron además que el Gobierno del Chaco se constituyó como querellante en el expediente judicial.
“Desde el primer momento se impulsaron todas las acciones necesarias para llegar a la verdad y determinar responsabilidades”, señalaron desde el Ejecutivo provincial, remarcando que el objetivo es que la causa avance hasta las últimas consecuencias conforme lo determine la Justicia.
