Aunque en los últimos días volvieron a aparecer cuestionamientos públicos contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la Casa Rosada aseguran que no existe, por ahora, una decisión política para impulsar su derogación.
Desde el oficialismo admiten que la postura crítica frente a la normativa es clara, pero sostienen que no están dadas las condiciones sociales ni legislativas para abrir una discusión parlamentaria sobre la Ley 27.610, sancionada en 2020 y vigente desde 2021.
La Casa Rosada separa los discursos de una iniciativa legislativa
En el Gobierno buscan diferenciar las expresiones públicas de funcionarios y dirigentes libertarios de una decisión concreta del Poder Ejecutivo. “No está en la agenda. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, señaló una fuente de la Casa Rosada.
Dentro del oficialismo reconocen que no ven “los consensos” necesarios en la sociedad para avanzar contra la ley. Por eso, las definiciones conocidas hasta ahora son presentadas como posturas personales o comentarios políticos, sin correlato inmediato en el Congreso.
El presidente Javier Milei volvió a referirse al tema durante su participación en el Council de las Américas, donde vinculó la militancia feminista y la legalización del aborto con la baja natalidad y con problemas del sistema previsional.
“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición. Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional”, expresó el mandatario.
Los dichos de Milei y la lectura dentro del oficialismo
Tras esas declaraciones, desde la administración libertaria intentaron bajar el impacto político de sus palabras. Según explicaron, Milei utilizó el tema para hablar de lo que considera “inconsistencias” del sistema previsional.
“El Presidente cree que la legalización del aborto es uno de los factores, pero no intentó instalar el tema ni mucho menos. Fue solo un comentario desde el utilitarismo económico y tiene solo esa intención”, indicó un funcionario.
No es la primera vez que el Presidente relaciona la caída de la natalidad con la ley de aborto. Meses atrás había afirmado: “En términos de abortos, la Argentina hizo un desastre para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción”. También acusó de “genocida” a una periodista por respaldar la normativa.
Más señales políticas contra la Ley 27.610
Las declaraciones presidenciales se sumaron a otras señales del oficialismo. El canciller Pablo Quirno, al anunciar la visita del papa León XIV prevista para los primeros días de noviembre, afirmó que la administración libertaria defiende “la vida”.
A la vez, la Argentina adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una decisión diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que fue rechazada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La organización consideró que se trató de un “posicionamiento ideológico” del Gobierno.
También se pronunció el secretario de Culto, Agustín Caulo, quien escribió en su cuenta de X: “Que hayamos rechazado el aborto y que tengamos un presidente provida como Javier Milei tiene que servir para darnos fuerzas. Por los niños por nacer y por las mujeres argentinas: la vida va a triunfar! Nunca nos tenemos que resignar a tener una ley tan inhumana”.
Antecedentes dentro de La Libertad Avanza
El debate ya había tenido un capítulo legislativo en 2024, cuando un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, encabezado por la diputada Rocío Bonacci, presentó un proyecto para derogar la ley de aborto. En ese momento, el Poder Ejecutivo se despegó de la iniciativa.
“No ha sido una decisión del Presidente y no ha sido impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”, aclaró entonces el exvocero Manuel Adorni.
A principios de este año, diputados violetas firmaron un acta de compromiso para insistir con la derogación de la normativa, durante el Día del Niño por Nacer. Uno de ellos fue Santiago Pauli, quien afirmó: “Es un compromiso que tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”.
Pese a esos movimientos y declaraciones, en el Ejecutivo insisten en que la derogación de la Ley 27.610 no forma parte de la agenda oficial inmediata.
