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Como candidato, como presidente, y tras dejar el Despacho Oval, Donald Trump ha forzado el uso de términos como «histórico», «sin precedentes» y «sin precedentes» tantas veces que prácticamente se han vuelto innecesarios. Desde este jueves, cuando un gran jurado en Nueva York convocado desde enero por el fiscal de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, decidió acusarlo y convertirlo en el primer presidente de EE.UU. en enfrentar cargos criminales, estos conceptos encuentran toda su fuerza. . En este caso, también la gravedad profunda.

Todavía no se conocen los cargos exactos en un caso que gira en torno a los pagos que hizo el republicano antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que la actriz y directora porno Stormy Daniels no hablara públicamente sobre la relación sexual que dice haber tenido en 2006, una táctica que también Trump usado con la modelo de Playboy Karen McDougal. Sellados, estos cargos (entre dos docenas y más de 30 según medios estadounidenses) no se harán públicos hasta el martes, cuando, según confirmaron sus abogados y el tribunal, Trump se entregará a las autoridades sobre las 14:15 horas. York, será procesado y comparecerá ante un juez, ante quien se declarará «no culpable».

Pero independientemente de lo que haya decidido este gran jurado, y de si termina o no confirmando que la fiscalía combinará la falsificación de documentos con posibles violaciones de las leyes de financiación de campañas para agravar el delito, la primera acusación contra Trump en la justicia penal, también candidato republicano a El candidato presidencial de 2024 y sujeto de otras tres investigaciones criminales, incluidas dos federales, ya abrió una caja de Pandora legal y política con consecuencias imprevisibles. Y se abre en un país social y políticamente polarizado de forma radical y donde el propio republicano, en los últimos ocho años, ya ha trastornado los cimientos democráticos.

Las instituciones y el sistema, hasta el momento, han resistido estos golpes, de los cuales la máxima expresión, pero no la única, fue la negativa de Trump a aceptar los resultados legítimos de las últimas elecciones presidenciales que perdió frente a Joe Biden. Difundiendo la «gran mentira» que sigue manteniendo hoy sobre un fraude inexistente, y movilizando una base crédula que acabó asaltando el Capitolio el 6 de enero de 2021, Trump se disponía a impedir por primera vez la transición pacífica del poder en los Estados Unidos. Y ahora se ha volcado por completo, con el apoyo de otros republicanos y de los medios conservadores, a seguir la embestida.

Justicia politizada o justicia justa

Trump y sus aliados describen su juicio político como una cacería de brujas con motivaciones políticas. Denuncian que muestra el supuesto uso de la justicia como arma por parte de los demócratas y el llamado “estado profundo”. Aseguran que con ella pretenden frenar su candidatura e «interferir» en las elecciones. Todos estos son golpes que socavan aún más la confianza en el sistema judicial y electoral. Y, además, enmarcan la acusación como una señal de una supuesta deriva antidemocrática en Estados Unidos bajo los demócratas a los que llaman “izquierda radical”. Trump afirma directamente que el país se ha convertido en «una nación del tercer mundo».

Contrariamente a estos argumentos, la justicia seguramente simplemente sigue su propio camino y procesa los delitos potenciales, independientemente de si su perpetrador fue la persona más poderosa del planeta durante cuatro años. El juicio político a Trump sirve, desde esta perspectiva, como un recordatorio de que nadie en Estados Unidos debe estar por encima de la ley, un mensaje necesario de justicia igualitaria en un país cuyas prisiones están llenas de ciudadanos con delitos menores cometidos. Y se afirma que otras figuras políticas, desde gobernadores hasta senadores o alcaldes e incluso candidatos, han enfrentado la justicia sin que el país caiga en crisis intratables o violencia política. Incluso si es Trump, dicen estas voces, poder juzgarlo debería ser normal. Pero con él nada es.

Otros cargos de interferencia electoral en Georgia o, a nivel federal, por su papel en el asalto al Capitolio y por el manejo de documentos clasificados podrían llegarle a medida que avanza este proceso. En el caso de los federales, podrían moverse más rápido. Pero de momento han llegado a Nueva York, y por si acaso muchos lo ven más débil. Y los expertos legales dicen que se están sentando precedentes que plantean preguntas difíciles. ¿Quién puede garantizar que, de ahora en adelante, los fiscales locales o estatales no puedan hacer un uso politizado de sus oficinas? Es una idea que se ha discutido en las páginas del «New York Times» y también ha sido planteada por los defensores más acérrimos de Trump en FoxNews.

un tabú roto

Como Jack Goldsmith, profesor de Harvard y eufórico juez bajo George Bush, le dijo a The Times: «Ya sea que el enjuiciamiento merezca o no, cruza una línea enorme en la historia legal y política de los Estados Unidos». Y el fiscal Bragg y el gran jurado rompieron el tabú que durante dos siglos mantuvo a los presidentes estadounidenses en el pedestal de la invulnerabilidad. Gerald Ford concedió un indulto cautelar a su antecesor Richard Nixon, pero según su biógrafo fue «más para olvidar que para perdonar», intentando cauterizar heridas en un país sacudido por el Watergate y las divisiones sociales. Pero Nixon era entonces un paria, condenado al ostracismo. Trump es un candidato.

La Casa Blanca está en silencio. Biden fue interrogado tres veces este viernes sobre el cargo, y las tres veces dijo «No voy a comentar». Pero la tormenta ya está desatada. No se puede predecir el impacto que eventualmente tendrá la imputación, pero la tensión ya es evidente. La intensidad de los días y meses venideros es intuitiva. Y ya hay algo que salta a la vista: Estados Unidos, con Trump, vuelve a estar a prueba.

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