La Guardia Civil, en una inspección para verificar y prevenir la distribución y venta ilegal de juguetes, investigó a una persona como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, e intervino más de 145.000 juguetes, según el comando madrileño en un comunicado de prensa.
Los agentes de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en colaboración con la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control de Mercado de la Comunidad de Madrid, llevaron a cabo la inspección de ‘un almacén dedicado al almacenamiento y venta de juguetes al comercio mayorista ubicado en el Polígono Industrial de Pinto.
El dispositivo policial comenzó tras conocer cómo en esta nave, regentada por ciudadanos de origen asiático, se almacenaban y comercializaban juguetes falsificados que supuestamente infringían los derechos de propiedad industrial de diversas marcas de reconocida reputación.
Según el resultado de la inspección, se intervino un total de 145.657 juguetes falsificados o peligrosos para la salud y seguridad de los niños de diferentes marcas y modelos.
Por un lado, los agentes intervinieron en 134.120 juguetes que no cumplían con los requisitos de la normativa europea sobre seguridad de los juguetes; y, por otro lado, 11.535 juguetes que vulnerarían los derechos de propiedad industrial e intelectual de diversas marcas registradas.
En el mismo almacén, los agentes también encontraron bolsas de juguetes sueltas, ampollas de plástico y cajas serigrafiadas como marcas falsificadas.
Los productos involucrados provienen principalmente del mercado asiático y llegaban al barco desmantelados para evitar controles aduaneros y policiales y así evitar ser detectados, donde luego eran ensamblados y ensamblados para ser comercializados fuera de los canales legales establecidos.
Además, durante la inspección, se encontró que los efectos pirotécnicos de categoría F1 se almacenaban de manera irregular, para un total de 6000 contenedores de bombetas.
Como resultado, se propuso sancionar a una persona ante la autoridad competente y se investigó como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.
Los juguetes que han intervenido presentan un riesgo para el consumidor, no solo por el peligro que entraña el tamaño de las piezas, sino también porque carecían de controles de seguridad y sobre todo rotulación o defectos de forma; todo en violación de las reglas de seguridad de los juguetes. También representan un claro riesgo para la salud y seguridad de los mineros porque están hechos con materiales de mala calidad, señalan.
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