Desde el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables hasta el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, pasando por el impuesto sobre el vertido de residuos, la incineración y coincineración de residuos, así como otros muchos impuestos, incluidos algunos impuestos de las comunidades autónomas, existe un amplio abanico de impuestos cuya finalidad es la protección del medio ambiente.
Su objeto esencial no es, ni debe ser, fiscal, es decir, no deben perseguir un objetivo esencialmente fiscal, sino un objetivo primario de protección ambiental, que es un objetivo no fiscal. Su finalidad no debe ser recaudar, sino influir en determinadas conductas o actividades que puedan afectar al medio ambiente, estableciéndose una elevada carga fiscal para las mismas en caso de llevarlas a cabo. Así, una débil recaudación de estos impuestos implicaría que se alcanzan los objetivos ambientales perseguidos, ya que no se han llevado a cabo las actividades contaminantes que dañan el medio ambiente y que dan lugar a la acumulación de estos impuestos.
Los instrumentos fiscales suelen preocupar mucho a los ciudadanos, que ven aumentar la carga tributaria que soportan y por más que se explique el porqué de cada tributo, difícilmente son bien recibidos por el sentimiento de las economías nacionales. A su vez, los impuestos y las cuentas públicas se convierten en un detonante de batallas políticas, especialmente en época electoral.
En cualquier caso, gran parte del conglomerado de impuestos medioambientales no es tan visible para los ciudadanos como otros impuestos más generales, pero de alguna manera acaban siendo trasladados legal o económicamente al ciudadano.
La batalla fiscal en la campaña electoral
En tiempos de elecciones políticas en cascada, precedidas de un largo periodo de severa sequía, donde los posibles efectos del cambio climático han estado muy presentes en la mente de los ciudadanos, la protección del medio ambiente no puede convertirse en un arma política desechada, ya que tiene su fundamento en el mandato de protección ambiental del artículo 45 de la Constitución Española. Más aún cuando esta protección se instrumentaliza a través de los impuestos, dada la visión instintivamente incómoda que éstos suscitan entre los contribuyentes.
Los impuestos suelen estar en el campo de batalla político, donde aún se aplican los conceptos de derecha e izquierda, por vagos que puedan ser si se analizan rigurosamente, los impuestos ambientales deberían permanecer más al margen de este juego de lucha política que otros. Máxime cuando se quiere atribuir erróneamente a este tipo de impuestos la pertenencia a una ideología política que en realidad no encaja con los esquemas de política tributaria a los que se alinean.
Si tuviéramos que destacar el impuesto medioambiental más tradicional y de mayor impacto para los ciudadanos, tendríamos que fijarnos en el impuesto sobre hidrocarburos, que grava, entre otros, el gasóleo y la gasolina. Se trata de un impuesto armonizado de acuerdo con las directivas de la Unión Europea que establecen una estructura y un impuesto mínimo a aplicar por los Estados miembros y que éstos pueden y con carácter general gravar cuando lo aplican en su territorio.
Este tributo, como impuesto especial de fabricación, grava la fabricación de hidrocarburos. A diferencia del IVA, se aplica en una sola fase, lo que obviamente no impide que se repercuta en el consumidor. Si bien el fabricante lo presenta al erario público y lo traspasa legalmente al destinatario del producto en la primera fase de su proceso de distribución -ya sea el mayorista o el minorista-, cuanto mayor sea el importe que deba pagar por el impuesto, mayor será el precio que habrá que cobrar al consumidor final, lo que le afectará económicamente.
Se trata, por tanto, de un impuesto que afecta al consumo de combustibles y que tiene una gran importancia recaudatoria, lo que plantea dudas sobre la finalidad puramente medioambiental que persigue dicho impuesto. Para ello tendría que ser un impuesto articulado de tal forma que solo genere una mínima recaudación, al no haber consumido una cantidad significativa de hidrocarburos (esencialmente gasóleo y gasolina), por lo que muy poca habría sido contaminada por el tráfico rodado.
Consumo de combustible entre ricos y pobres
Tiene un objetivo medioambiental poco realista en la práctica, ya que es evidente que el estado actual de las infraestructuras y medios de transporte no permite que gran parte de los ciudadanos de cualquier nivel económico eviten el consumo de combustible y apuesten por un vehículo eléctrico que realmente cubra todas sus necesidades.
Pensemos, por ejemplo, en la España rural o vacía, que es la que más necesita protección y donde, dada la necesidad particular del transporte individual, no se puede pensar en frenar el consumo de productos sujetos al impuesto sobre hidrocarburos, que, como impuesto indirecto, golpea a los sujetos con independencia de su riqueza, nivel de ingresos o patrimonio.
Esto podría situarlo teóricamente en una línea de política fiscal liberal o conservadora como apuesta por los impuestos indirectos, frente a la importancia de la fiscalidad medioambiental de la que en ocasiones parecen querer apropiarse políticas más progresistas o de izquierda, que con un impuesto así al final no gravaría más a los ciudadanos con mayor capacidad económica global.
El Tribunal Constitucional español ha reconocido que la fijación de los tributos de carácter predominantemente no fiscal debe realizarse respetando los requisitos y principios que se derivan directamente del artículo 31 de la Constitución (base jurídica 13 de la STC 37/1987, de 26 de marzo y FJ 4 de la STC 186/1993, de 7 de junio).
En base a ello, los impuestos ambientales no pueden ser ajenos a los principios materiales de justicia fiscal a los que se refiere el citado artículo 31 (generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad), cualquiera que sea su finalidad extrafiscal, y podemos decir un paralelo en su consideración dentro de la disciplina de la Unión Europea.
Un litro de gasolina paga los mismos impuestos tanto si lo consume un pobre como si lo consume un rico, si lo consume un habitante de una gran ciudad o de un pueblo de montaña. Por tanto, en la dialéctica electoral de los impuestos, el problema medioambiental no es más de izquierda que de derecha, en una realidad no siempre bien explicada al ciudadano y alejada del sentido común ante la situación actual de España.
.
