El PSOE y Unidas Podemos mantendrán la unidad el próximo jueves cuando el pleno del Congreso deba votar la aprobación de la ley de bienestar animal, para la que necesita mayoría simple, y la reforma del Código Penal para castigar el maltrato animal, para lo que exige una mayoría absoluta, o 176 votos. La Unidad de Socios de Gobierno garantiza 153 votos. La incertidumbre, si no algo de angustia, empieza a cundir en el Ejecutivo, por eso se apagaron las luces de alerta.
Fuentes parlamentarias dijeron a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que las conversaciones se intensificarán para intentar que la combinación de “sí” y abstenciones prevalezca sobre la de votos en contra. Por lo tanto, un miembro involucrado en tales conversaciones prefiere esperar para adelantar la votación. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha manifestado públicamente que esperará la decisión al respecto.
Sin embargo, las declaraciones no invitan al optimismo. El mismo Ruffian ha dicho que su partido no puede apoyar una regla que excluya a los perros de caza del radio de protección. Se refirió así a la enmienda que el Grupo Socialista logró incluir en el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Sociales del Congreso en diciembre del año pasado. La novedad consiste en integrar una letra en el artículo 1.3, la «e», que deja efectivamente fuera de este radio de protección a los perros utilizados para actividades cinegéticas.
A Unidas Podemos no le gusta nada esta novedad. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, calificó de «desorden» el párrafo añadido a petición del PSOE. Siente que está «poniendo en peligro» la norma. La regla, en particular, es la Ley de Bienestar Animal. La reforma del Código Penal contra el maltrato animal tiene otra vía.
El Parlamento vuelve a toda velocidad: cuatro leyes en el Senado, un reglamento en peligro y una vacante
A ERC no le gusta la enmienda socialista hasta el punto de que compromete su voto sobre el dictamen completo. Lo mismo le ocurre a Más País, cuyo diputado Íñigo Errejón aseguró que la redacción del texto, tal como está actualmente, «protege menos a los animales» que otros textos autonómicos homólogos. Si se queda, según sus palabras, no lo apoyará. En términos similares se pronunció el representante de Compromís, Joan Baldoví.
Decir “no vamos a apoyar” puede resultar en abstención. Quizás ahí esté la clave de la salvación de los dos proyectos, y por tanto, de su envío al Senado.
Porque el grupo que está claramente en contra y que difícilmente se moverá de su posición, es el PNV. Todavía estamos en el negocio de los grupos que tienden a aliarse con el gobierno para avanzar en la agenda legislativa. La formación de Aitor Esteban desaprueba la intromisión en las competencias del proyecto. Los seis diputados de la formación nacionalista se unirían a los del PP, Vox y Cs en el «no», aunque cada uno por motivos distintos.
La clave: en fiestas pequeñas
Entre las formaciones minoritarias, la disparidad de criterios es la nota común. UPN y Foro optarían por el rechazo. Quedan por determinar las posiciones del PRC, Coalición Canaria o Teruel Existe, una plataforma que defiende la economía del medio rural y que prioriza la compatibilidad de la conservación de los entornos naturales con el mantenimiento de los servicios en zonas despobladas, precisamente el argumento de que lleva al PSOE a plantear la enmienda que había propuesto ya incluir en el dictamen la enmienda que propugnaba. La industria cinegética da dinero a los municipios rurales.
Dado que EH Bildu está por el “sí” de momento, la suma garantizada ascendería a 158. Las garantías del “no” giran en torno a la misma cifra. Por tanto, como admiten las fuentes, el futuro de la regulación está en el aire. Y el futuro de la reforma del Código Penal es aún más incierto. Una fuente cree que no saldrá como está ahora.
El Gobierno debe convencer a ERC y PDeCAT, que dudan. Sus 17 votos son cruciales. Y que no opten por el «no» formaciones como BNG, PRC, Teruel Existe o Coalición Canaria. Para ello, debe superar las reticencias de las potencias a las siglas nacionalistas o soberanistas. Genís Boadella, socio de Ferrán Bel en el PDeCAT, aseguró este martes que en su partido no se puede admitir un escenario como el que plantea la ley ordinaria.
.
