La consultora Corinna Larsen reclama 146 millones de euros al rey emérito en la justicia británica por el presunto acoso sufrido. Por su parte, los abogados de Don Juan Carlos I piden a la corte británica que rechace la demanda porque «no tiene posibilidades reales de salir adelante».
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La Agencia Canaria para la Protección del Medio Natural (ACPMN) ha remitido a la Fiscalía Medioambiental una sospecha de fraude en el municipio tinerfeño de Arona, ya que se han propuesto como suelo apto para la instalación de solares situados en suelo rústico de protección agraria casas El terreno se encuentra en la zona de Lomo Negro-El Fraile, y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias informó ayer de que la denuncia se traslada al suelo de parquet tras detectarse anuncios. de la oferta en varias páginas web.
La oferta es por subparcelas que serían suelo apto para vivienda, a pesar de que los vendedores son conscientes de que el uso residencial les está estrictamente prohibido por ley, al estar catalogados como suelo rústico de protección agraria, según consta en un informe. El consejo regional añade que las actuaciones encaminadas a combatir las urbanizaciones ilegales “son el resultado de una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Arona, el Seprona y la Agencia Canaria para la Protección del Medio Natural”.
En los últimos meses se han abierto varias causas por urbanizaciones ilegales en esta zona, se han otorgado precintos y se han dictado diversas órdenes de reposición contra las urbanizaciones, que llevan años “lucrándose con esta actuación que atenta contra la protección del medio natural y las reservas de suelo agrícola rústico en Canarias».
El comunicado explica que se han impuesto multas de hasta 150.000 euros a los conspiradores y que se ha hecho un traslado al Ministerio Fiscal para que investigue posibles delitos urbanísticos y medioambientales, recogidos en los artículos 319 y 325 del Código Penal, contra la conspiradores y contra los compradores.
El concejal para la Transición Ecológica en funciones, José Antonio Valbuena (PSOE), recuerda que los únicos beneficiarios de estas ventas son los propietarios de las parcelas «que siguen beneficiándose de las ventas de suelo rústico como si fueran de uso residencial». Los compradores «se encuentran con un grave problema, porque no podrán obtener permisos para construir o instalar viviendas en estos terrenos y, si lo hacen sin autorización, tendrán que hacer frente a un expediente de infracción urbanística ante Canarias». Agencia para la Protección del Medio Natural, con multas de hasta 150.000 euros’, añade.
Valbuena señala que las personas que construyen sin permisos pueden verse envueltas en procesos penales como imputados por un delito contra el uso del suelo, que conlleva una pena de hasta cuatro años de prisión. Según el director ejecutivo en funciones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Ángel Rafael Fariña, están en curso procesos penales contra muchos propietarios que han construido o instalado sus viviendas dentro de las parcelas separadas.
Estos terrenos están «condenados a no poder ser recalificados como urbanos por el Ayuntamiento durante al menos 20 años, ya que la ley del suelo establece que los actos urbanísticos no pueden recalificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido una fragmentación irregular mientras ‘no sean dicho plazo ha expirado.’
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El expresidente Donald Trump llegó al edificio Wilkie D. Ferguson, la sede de los juzgados federales en Miami, poco antes de las 2 p. m. en la costa este. En los alrededores se manifestaron cientos de admiradores, y muchos menos detractores que pedían enviarlo a prisión. Florida es territorio «trumpista».
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Cuando Benjamin, adicto a la tecnología, hereda un cofre de antigüedades de su difunto padre, descubre un atlas que una vez perteneció al cartógrafo Mercator. La reaparición del libro despierta el interés de misteriosos enemigos que no se detendrán ante nada para apoderarse de él.
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El hombre acusado de matar a puñaladas a sus padres en una casa de San Miguel de Abona el 11 de marzo de 2020, se quedó con una prostituta en El Fraile tras cometer presuntamente tales muertes violentas. Así consta en la investigación llevada a cabo por el equipo de Delitos contra las Personas de la Guardia Civil y en el documento de calificación de la fiscalía para el juicio por jurados que se celebrará la próxima semana en la sección quinta de la provincia de Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.
El fiscal pide 40 años de prisión para el único implicado en los hechos, otros diez de libertad vigilada y que indemnice a cada uno de sus dos hermanos con 300.000 euros por responsabilidad civil.
Los acusados de los dos asesinatos habían sido condenados por episodios de violencia doméstica (agresiones a familiares) en distintas condenas. En el momento en que se produjo el hecho, apenas tres días antes de que se declarara el estado de alarma por la expansión de la pandemia del covid-19, el presunto autor había discutido con sus padres, ya que le habrían negado el dinero que había pedido. .
Tras varias diligencias, los investigadores de la Guardia Civil determinaron que poco antes de acabar con la vida de la pareja, éste había consumido crack. Pero, según varios informes, esta circunstancia no alteró su capacidad de saber lo que hacía y su voluntad de hacerlo.
Antes de las 23 horas, recogió un cuchillo con una hoja de 15 centímetros de una dependencia anexa a la casa, que está muy cerca del barranco de La Orchilla (límite natural entre San Miguel y Granadilla). Primero, según la carta del fiscal, caminó hacia la mujer que estaba cerca de la puerta principal de la casa. Sin que ella pudiera resistirse, la apuñaló dos veces en el pecho y una en el costado.
Tales cortes perforaron el corazón, los pulmones y el hígado. Cuando la víctima cayó al suelo, el hijo supuestamente le cortó la garganta. Luego caminó hacia su padre y supuestamente lo apuñaló cinco veces en el pecho, luego también le cortó la garganta.
Según los médicos forenses, el ataque se produjo sin que el hombre pudiera defenderse. Las lesiones incisivas-contundentes afectaron un pulmón, un hígado y un corazón.
Con base en la reconstrucción de los hechos realizada por los profesionales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), luego se quitó la ropa y los zapatos. Después de cambiarse de ropa, tomó el dinero de la casa, las llaves del vehículo de su padre y las llaves de la casa misma.
Luego de cerrar la casa, se dirigió a otro lugar, donde arrojó a un basurero el cuchillo utilizado en el doble ataque fatal y la ropa ensangrentada.
Posteriormente, se habría dirigido al barrio de El Fraile, en el municipio de Arona, donde se habría encontrado con una prostituta. Luego pasó a la comarca de Guaza, El Médano (Granadilla) y Las Chafiras.
Casi 24 horas después de matar a sus padres, se entregó a la Guardia Civil y admitió la autoría de los dos asesinatos en su primera declaración. El juicio se llevará a cabo el lunes, martes y miércoles de la próxima semana.
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Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, anunció en un comunicado que la Fiscalía por delitos económicos abriría una investigación contra «los cuatro sospechosos de gestión desleal del Valencia CF: Peter Lim, Jorge Mendes, Layhoon y Amadeo Salvo». .
El portavoz de Marea Valencianista también señala que «es la primera vez que Peter Lim es denunciado e investigado como administrador de hecho del Valencia CF y Meriton Holdings», y aporta varios documentos del auto del Ministerio Fiscal de apertura de la proceso de investigación previa al juicio.
«Miguel Zorío pide a la Fiscalía que investigue a Peter Lim, Jorge Mendes, Layhoon Chan y Amadeo Salvo por haber vaciado el palco del Valencia CF»
La fiscalía de delitos económicos investigará a los implicados por contabilidad falsa en el canje de Cillessen-Net por 35 millones de euros.
También serán investigados por malversación de fondos en traspasos realizados por Meriton desde que Amadeo Salvo asumió la presidencia del club.
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis Valenciano serán investigados por administración desleal por pagar bonificaciones a jugadores suministrados directa o indirectamente por Jorge Mendes y de fondos de inversión o clubes controlados por el agente portugués, socio de Peter Lim.
Peter Lim y sus necesarios colaboradores serán investigados por corrupción entre particulares y administración desleal por haber perjudicado a los accionistas del club ya la Fundación Valencia CF.
Peter Lim finalmente se sienta en el banco de impuestos como administrador de facto de Meriton y Valencia CF.
FC Barcelona, Benfica,… también serán puestos a prueba.
La fiscalía de delitos económicos del Valencia ha acordado abrir una investigación contra «los cuatro sospechosos de gestión desleal del Valencia CF: Peter Lim, Jorge Mendes, Layhoon y Amadeo Salvo». Los hechos denunciados por Miguel Zorío tras una incansable investigación, pueden constituir un delito societario por falsedad contable, un delito de corrupción entre particulares y un delito contra la hacienda pública. Ahora, el fiscal de delitos económicos tiene seis meses para profundizar en la investigación, pedir más pruebas, pedir declaraciones,… para determinar si Peter Lim y sus necesarios colaboradores se sientan en el banquillo.
El decreto del Ministerio Público que abrió el procedimiento de investigación dice lo siguiente:
“Esta es la primera vez que Peter Lim es denunciado e investigado como administrador de facto del Valencia CF y Meriton Holdings, figura recogida en el código penal español. Ahora Peter Lim ya no puede esconderse detrás de los presidentes y el presidente que tiene. puesto al frente del club en los últimos años. Es el máximo responsable, pero no el único, del vaciamiento económico, deportivo y social del Valencia CF», ha dicho con insistencia Miguel Zorío.
Cabe recordar que Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF, presentó una detallada denuncia de 29 páginas contra Peter Lim, Amadeo Salvo, Layhoon, Jorge Mendes el 30 de enero de 2023 en el Registro de Delitos Anticorrupción y Económicos. Fiscal de Valencia y el resto de implicados en los presuntos y gravísimos delitos expuestos, que van desde la falsedad contable, pasando por la malversación, la administración desleal, la corrupción entre particulares y una serie de delitos societarios cometidos por Peter Lim y sus títeres ejecutivos.
El primer hecho denunciado es el traspaso ilegal de jugadores entre el FC Barcelona y el Valencia CF por el que Neto y Cillessen fueron vendidos a precio de mercado para evitar que Peter Lim tuviera que hacer frente a más de 30 millones de euros de pérdidas en la cuenta de resultados. del club valenciano. Los dirigentes del FC Barcelona aprovecharon este mismo artilugio contable, y todo ello con la mirada relajada de la LFP. Se trata de un delito de falsedad contable por el que los dirigentes y propietarios de la Juventus italiana ya fueron sancionados y apartados de la dirección. Específicamente, los delitos van desde ganancias de capital ficticias, contabilidad falsa, manipulación del mercado y declaraciones de impuestos fraudulentas. Además, los dos clubes eludieron así el control financiero de la LFP y así evitaron cerrar el ejercicio con pérdidas y ver penalizada su capacidad de gasto en plantilla.
El segundo gran delito se relaciona con las compras y ventas de jugadores realizadas por Peter Lim. Cabe recordar que en tan solo un año el Valencia CF gastó 211 millones de euros en jugadores, cifra que solo está al alcance de Chelsea, City o PSG. Lo más curioso de todo es que, por ejemplo, de los fichajes de Cancelo, André Gómez, Enzo Pérez y Rodrigo, que costaron al Valencia CF 95 millones de euros, casi 35 millones de euros fueron a parar a manos de agentes partícipes (se refiere el precio del traspaso). por el Benfica en la documentación que presenta a la Bolsa de Lisboa (el Benfica salvó así su quiebra financiera y recibió ayuda financiera de Peter Lim y Jorge Mendes a expensas del Valencia CF).
La documentación presentada a la acusación muestra cómo, por ejemplo, Rodrigo y André Gomes fueron comprados al Benfica por Meriton Capital Ltd, a Peter Lim, y luego vendidos al Valencia CF. Rodrigo le costó al Valencia CF 30M€ más otros 10M€ en variables, mientras que Gomes costó 15M€ y el Benfica (controlado también por los encuestados) se quedó con el 25% de una futura venta del jugador. De los 30 millones de euros de Rodrigo (más 10 en variables), solo llegan al Benfica 12,6. De los 15 millones de euros de André Gomes, 5,5 se pierden por gastos. Por Enzo Pérez, el Valencia CF pagó 25 millones de euros y más de 6 millones fueron en concepto de fichajes.
La participación de fondos de inversión y clubes vinculados a Jorge Mendes en estos arreglos son los que concentran los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares: Benfica Stars Fund o Quality Sports Investments. Todo ello con la ayuda del presidente del Valencia CF en cada momento, y con el visto bueno del administrador de facto del club, Peter Lim.
Además, la Fiscalía investigará el perjuicio causado al Valencia CF ya la Fundación del club al comprar las acciones que Amadeo Salvo cedió a Peter Lim. La fiscalía acepta el precio pagado por las acciones como prueba de un delito, lo que supone una infravaloración de 67 millones de euros de la valoración de los activos realizada en su momento por la propia LFP. También acepta como prueba penal que esta compra pudo haber sido financiada por el sobreprecio de los jugadores comprados y vendidos por el Valencia CF en la época de Lim. Cabe recordar que movió más de 1000 millones de euros en la tienda del jugador que instaló en Mestalla. En todos estos casos, estamos hablando de un posible delito de malversación y administración desleal.
Por último, la fiscalía anuncia que investigará a los presuntos implicados y, tras el requerimiento de pruebas solicitado por Miguel Zorío, puede instar al Valencia CF y al resto de clubes, agentes y organizaciones a presentar los extractos bancarios de las operaciones, el traspaso documentación, los contratos de los jugadores y agentes implicados, los informes de la LFP que avalan las valoraciones vinculantes, los pagos a todas las empresas directa o indirectamente vinculadas a los implicados y el cobro de honorarios, gastos y salarios de los presidentes del club del Meriton estadio, también incluido en el estadio que los propios estatutos del SAD prohibían percibir remuneración alguna. Miguel Zorío también pidió que se solicite un informe a los servicios jurídicos de la RFEF sobre la responsabilidad de la LFP y los agentes de los jugadores durante la vigilancia.
Miguel Zorío quiere que el valenciano entienda que “es hora de reaccionar. Que estamos más cerca que nunca de recuperar el club. Tenemos que decirle a Peter Lim que no lo queremos aquí. Pero también debemos decirles a nuestros legisladores que no pueden aprovecharse de este experto en paraísos fiscales. La sociedad valenciana debe crear un auténtico cordón sanitario contra Lim, Mendes, Layhoon y Salvo. Los responsables económicos del Valencia CF deberían empezar a pensar en colaborar con los juzgados, porque es muy difícil pensar que todo este dinero se haya movido sin su conocimiento. Este medicamento también debe aplicarse al oyente SAD. Del mismo modo, esta medida de neutralidad de la Asociación de Jugadores del Valencia CF deja de ser válida. Todos debemos actuar juntos contra estos presuntos delincuentes. O estamos con ellos o estamos contra ellos. Por eso hoy es un gran día: por fin, Peter Lim y sus secuaces serán investigados por la justicia valenciana, por esta masacre que perpetró y sigue perpetrando Meriton contra el Valencia CF y el valencianista. Esperemos que la acusación de delitos contables logre demostrar que vació el fondo en nuestras narices y acabe denunciando todos estos desmanes en los tribunales.
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Clara Ponsatí, exconsejera de la Generalitat de Cataluña, no compareció este lunes ante el Tribunal Supremo. Fue citada por el juez Llarena por su implicación en el juicio y para notificarle su procesamiento por el delito de desobediencia, pero dijo que tenía trabajo en Bruselas. El juez Llarena decidirá la próxima semana si reactiva la orden de búsqueda y captura en su contra.
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ordenó que la calle denominada Tolerancia, cuyo nombre fue cambiado en 2022 por el de Arquitectos Saavedra y Díaz Llanos, recupere su antiguo nombre, dando así motivo a la disputa que el abogado Antonio Padilla.
La razón es que, según la Corte, no se siguió el procedimiento establecido ya que el alcalde, José Manuel Bermúdez, optó por hacer el cambio por decreto.
En 2008, a raíz de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el exalcalde Miguel Zerolo se vio obligado a cambiar el nombre de esta vía, que entonces pasó a llamarse García Morato, así como la de algunas otras de la ciudad, aunque no todas. de los exigidos por esta legislación.
El Tribunal dictaminó que en determinadas ocasiones, el Ayuntamiento puede realizar este tipo de cambio de nombre, tal y como permite el Reglamento Especial de Honores y Honores del Ayuntamiento, pero únicamente en circunstancias «excepcionales» que no se han producido en este caso. De ahí la anulación del decreto, impugnada por un vecino de la calle, que recurrió al abogado Antonio Padilla para interponer el recurso.
En el presente caso, la Corte considera que no se justifica el caso excepcional y las causas extraordinarias que justifican acudir a esta vía y se han omitido los trámites esenciales establecidos para este tipo de procedimientos.
Estos trámites incumplidos son que se haya realizado una consulta previa del alcalde a los grupos políticos o la existencia de un informe que demuestre que existía la urgencia de dar este paso por una petición ciudadana.
Por tanto, el Juzgado determina la cancelación del cambio de denominación que recuperará la antigua Calle de La Tolerancia.
El cambio de nombre de la vía se hizo efectivo el 17 de marzo de 2022, cuando se rotuló una calle en honor a los arquitectos Vicente Saavedra Martínez y Javier Díaz-Llanos La Roche. Esta vía se encuentra entre la Calle Méndez Núñez y la Rambla de Santa Cruz, hasta llegar a la Calle de la Tolerancia.
La decisión de estos honores se justifica por la decidida determinación de los arquitectos Saavedra y Díaz Llanos, a favor de colocar a la ciudad a la vanguardia de las artes. Y por “su amor al municipio que hoy reconoce públicamente la figura humana, artística y profesional de ambos”.
El Alcalde subrayó entonces que “Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos pertenecen a ese grupo incansable de arquitectos, artistas, que desde los años sesenta han dejado desbordar su imaginación, como un torrente, para perpetuar la huella imborrable de su obra, fruto de una brillante visión de la arquitectura contemporánea. Y agregó que “hay que hacer un esfuerzo para que las generaciones más jóvenes conozcan la huella internacional que esta pasión de un grupo de artistas ha dejado para siempre en nuestra capital. Se lo debemos a la ciudad, y se lo debemos también a Vicente y Javier, ya esta Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos que ha cambiado para siempre el paisaje urbano”.
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha absuelto a una madre del delito de sustracción de menores, del que era acusada por su exmarido tras traer a su hijo común desde Madrid a Tenerife e impedirle verlo cuando viajaba a la isla.
En su momento, la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó los argumentos del padre, tras una amarga disputa que se prolonga desde hace años y ha pasado por varias instancias judiciales.
A grandes rasgos, la denuncia se basa en los problemas que sufrió durante años el denunciante para hacer valer su derecho a ver a su hijo, tras cambiar las medidas para visitarlo después de que la madre viniera a residir a Tenerife.
El demandante atribuye la imposibilidad de ver al menor a la conducta de su expareja pero también a la nulidad práctica de las sentencias dictadas por el presidente de un juzgado de Alcalá de Henares.
En total, ha habido tres órdenes dictadas en las que se pide a la madre que deje ver a su hijo, a las que siempre ha dado excusas por no cumplir, pese a lo cual el juzgado se niega a modificar el régimen de visitas.
Ambos padres vivían juntos en Madrid y el hijo fue a un colegio donde tenía control médico para tratar su problema de diabetes y en 2018 la madre, que había obtenido la tutela y custodia un año antes, decidió irse a vivir a Tenerife, por lo que el tribunal impuso al padre un régimen de visitas que, según la denuncia de éste, ha sido violado reiteradamente.
Ese mismo año, el padre va a la isla y recoge a su hijo del colegio acompañado de miembros de una asociación de padres separados y una mujer que se presenta como enfermera.
El director del colegio se opuso al secuestro del niño y llamó a la Guardia Civil, cuyos efectivos se pusieron en contacto con la Audiencia de Madrid desde donde se confirmó la negativa de padre e hijo a verse.
Mientras el primero gritaba desde afuera de la escuela para que el menor se acercara, el segundo comenzó a llorar y se negó a acompañarlo.
La actora considera que la Audiencia de Madrid no hace lo necesario para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ni su ejecución, o se niega negligentemente a dictar nuevas órdenes, alegando que existen otras ejecuciones en fechas distintas y deficiencias.
El padre advierte de que el hijo es diabético y por tanto debe recibir tratamiento controlado por un hospital madrileño, por lo que ha pedido en reiteradas ocasiones que el menor regrese a la capital española.
Cuando viajó a las islas con antelación, envió a la madre un aviso por burofax para que tuviera lista la medicina, aunque alega que le avisaron con poco tiempo.
El actor atribuyó la imposibilidad de ver a su hijo a la conducta de la madre pero también al nulo efecto práctico de las decisiones tomadas por el juez, a quien también denunció, lo que hizo que durante varios años no tuviera que ejercer sus derechos. .
Pero el TSJM indicó en su momento que las resoluciones dictadas por el magistrado no pueden ser llamadas contrarias a derecho, sino que sirven al fin señalado para que el padre pueda estar con su hijo, aunque el resultado no haya sido efectivo.
También se excluye que el juez haya podido sufrir un retraso malicioso o un retraso injustificado y más cuando el juzgado de Alcalá de Henares consideró iniciar varias querellas contra la madre.
En su momento, un juez del TSJM emitió un dictamen privado, al considerar que este retraso de varios años atenta gravemente no sólo contra los derechos y deberes del padre, sino también contra el reconocido y esencial derecho del menor a verlo, a dialogar con él. él y también recibir un tratamiento médico más adecuado en Madrid.
Este juez considera que durante estos años no se tomó ninguna medida “de mínima eficacia” y que existen hipótesis según las cuales el juez pudo haber incurrido en prevaricación activa en la medida en que el resultado fue “particularmente injusto por la gravedad de los intereses y derechos involucrados”. .
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Un hombre se sentará en el banquillo de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife la próxima semana porque presuntamente agredió sexualmente a una menor, hija de su pareja sentimental, y la amenazó con que solo si contaba lo sucedido acabaría en una cárcel. La acusación psiquiátrica exige una pena de 12 años de prisión.
La víctima tiene capacidades intelectuales limitadas y ha sido objeto de seguimiento y tratamiento psiquiátrico desde los cuatro años.
Condición que aprovechó el imputado para someter a la menor a distintas prácticas sexuales cuando se encontraba a solas con ella en el domicilio de Güímar donde residían, junto con la madre de la víctima y la pareja del imputado.
Así lo indica el documento de calificación del Ministerio Público, que detalla que estas prácticas de contenido sexual se prolongaron desde abril de 2020 hasta septiembre de 2021, con una frecuencia promedio de dos o tres veces por semana.
En ese intervalo de tiempo, la menor sufrió dos intentos de autólisis que determinaron su ingreso en la unidad de salud mental de un hospital.
Tras denunciar los hechos que dieron lugar a esta causa judicial, el menor presentó síntomas de ansiedad relevantes.
Además de la pena de prisión, la fiscalía pide la separación del imputado de la víctima durante diez años, libertad condicional durante ocho años y una indemnización al menor por importe de 20.000 euros.
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