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Libertad de información | Más de 160 periodistas alertan a la Fiscalía General y al CGPJ del grave precedente de la condena a prisión de un periodista por haber informado sobre un sumario

Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Un total de 163 profesionales de una veintena de medios de comunicación diferentes -muchos de ellos periodistas judiciales, de sucesos o de investigación- firmaron las cartas dirigidas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, expresando su profunda preocupación por la sentencia del 6 de junio que condenó a prisión a un entonces editor onubense por un crimen sin precedentes. dictado abierto tras el asesinato de Laura Luelmo en 2018.

Los informantes, varios de los cuales pertenecen al grupo Prensa Ibérica, alertan y exigen una reacción de las dos instituciones, que deben defender los derechos fundamentales que sustentan nuestra democracia. Entre ellos se encuentra el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución, cuyas resoluciones como la de la Audiencia Provincial de Huelva, en la que los jueces se arrogan el derecho a declarar qué información es relevante y cuál no, los exponen a graves riesgos.

Reproducimos a continuación el contenido íntegro de la comunicación dirigida al Consejo General del Poder Judicial, coincidente con la remitida a la Fiscalía General:

Los informantes que suscribimos esta carta, promovida por periodistas de juzgados de toda España, consideramos necesario hacer llegar al órgano de gobierno del poder judicial nuestra profunda preocupación por las consecuencias que el contenido y decisión de la sentencia dictada el pasado 6 de junio por la Audiencia Provincial de Huelva (Sección Tercera) en el procedimiento abreviado 4/2022 pueda tener sobre el derecho de los ciudadanos a la información.

La sentencia condena a dos años de prisión, una multa y dos años de inhabilitación para ejercer su profesión a una periodista que publicó diversas informaciones sobre la investigación de la muerte de Laura Luelmo.

La sentencia viene de juzgar ciertos datos -siempre ciertos- difundidos en la información para calificarla de “inútil y sin interés para el interés público” o para considerar que “excede lo que la población en general puede esperar” a la vista de los “detalles” que allí se brindan.

Lamentamos desconocer -la sentencia no aporta motivación alguna en este importante aspecto- en qué criterio se basan los magistrados para determinar «lo que la población en general puede esperar» de la información periodística sobre los delitos más graves que impactan, con lógica preocupación, en los ciudadanos.

Si los jueces deciden qué es o no de interés periodístico, o qué partes de la realidad deben publicarse u ocultarse a los ciudadanos es, para nosotros, motivo de preocupación. No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que no sean arbitrarias ni creen inseguridad jurídica. La sentencia que es objeto de este escrito involucra, en nuestra opinión, ambos. Que la aplicación del Código Penal dependa de lo que cada juez entienda por «excesivo», «inútil» o «irrelevante» en términos informativos, sin justificar por qué, suma a la mayor incertidumbre el ejercicio del derecho fundamental a la información.

Los taquígrafos deciden lo que publicamos de acuerdo con el derecho a la información, el interés periodístico, la autonomía editorial y la implicación de la audiencia de cada medio. Reemplazar estos criterios, muy arraigados en la profesión, por la percepción particular de cada juez de lo que es o no “necesario” o “excesivo” en una noticia, sin evaluar nunca las reglas del periodismo y, sobre todo, recurriendo a la máxima potestad penal del Estado -la prisión- como una pena desproporcionada, parece muy grave en esta etapa de la evolución de los derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución.

Los periodistas forenses saben que la privacidad es uno de los límites de la libertad de información. No justificamos el sensacionalismo o las invasiones a la privacidad que no tengan una estricta motivación periodística. No todo pasa en nuestra profesión.

Pero se requiere un equilibrio entre ambos derechos, que el juzgado de Huelva omite por completo. Una explicación de por qué el derecho a la información debe ceder respecto de estos datos, cuya difusión se considera delictiva, a pesar de que terminaron siendo tenidos en cuenta en el juicio y en la condena pronunciada contra el autor, lo que pone en entredicho su «inutilidad».

Al informar sobre delitos extremadamente graves, los medios informan al público sobre algo que tienen derecho a saber: cómo se investigan y procesan los delitos. Para ello suelen utilizar datos contrastados que forman parte del instructivo. Pero no hay delito penal que sancione el acceso de los periodistas a este material. El secreto de la investigación no se exige a los periodistas, sino exclusivamente a quienes están obligados a guardarlo (a quienes, dicho sea de paso, les corresponde un tipo penal específico con penas menos severas que las previstas en el artículo 197). Por ello, la sentencia no puede fundarse en un delito de revelación de secretos de sumario por parte de periodistas, protegido por el deber y el derecho a ejercer las libertades amparadas por el artículo 20.1(d) de la Constitución.

La represión penal de los excesos cometidos, en lugar de ser sancionada por la jurisdicción civil, puede provocar entre los periodistas un “efecto de desaliento” sumamente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos. Ninguna institución involucrada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente a este riesgo. Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es velar por que los órganos judiciales actúen de una forma que merezca la confianza de los ciudadanos, no debe quedarse al margen y por ello apelamos a su buen juicio para transmitir a la sociedad su compromiso inequívoco con el derecho fundamental a la información.

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POSTERIOR AL PODER JUDICIAL

El profesor de derecho civil Vicente Guilarte, miembro del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, ha sido designado como nuevo presidente suplente del organismo, en sustitución de Rafael Mozo, que dimite por jubilación forzosa tras cumplir 72 años. este miercoles. . Su reemplazo fue elegido porque es el siguiente miembro de mayor edad según las reglas establecidas por el propio Consejo tras la renuncia de Carlos Lesmes en octubre del año pasado.

Guilarte toma posesión después de que un grupo de seis miembros de las dos sensibilidades presentes en el CGPJ presentaran una carta al Pleno en la que convocaban a un debate «sobre las condiciones de ejercicio» de la presidencia de este órgano constitucional, dado que el profesor y el abogado no actuaban exclusivamente como socios. Para estos miembros, no cabía duda de que el candidato debía abandonar su labor académica y trabajar como abogado para asumir el cargo.

Por su parte, Mozo aprovechó la coincidencia del Pleno y la fecha de su jubilación para enviar una carta a todo el personal del Consejo despidiéndose de sus cargos, en la que advertía de «la anomalía Constitucional» en la que se encuentra este órgano. , que debería haberse renovado en diciembre de 2018.

En el escrito insta a las «fuerzas políticas» a renovar «inmediatamente» el colegio de magistrados «sin excusa» tras el 23 de julio.

La sustitución del presidente vuelve a oscurecer a un CGPJ que ya ha perdido la cuarta parte de sus miembros

También recuerda que «la recomendación contenida en el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la UE no deja lugar a dudas: que la renovación del CGPJ se haga con carácter prioritario y que se inicie, inmediatamente después de la renovación, un proceso adecuar el nombramiento de sus miembros de origen judicial, teniendo en cuenta la normativa europea sobre Consejos del Poder Judicial”.

“Reitero desde aquí, con la firmeza que el tiempo transcurrido me permite -desde el 4 de diciembre de 2018- mi petición a las fuerzas políticas interesadas, para que, sin excusa ni pretexto alguno, se tomen en serio estas recomendaciones y se proceden inmediatamente, desde la finalización del proceso electoral en el que estamos inmersos, a la renovación de este órgano de gobierno, que no sólo exige la Constitución española, sino también la UE”, declara expresamente.

Mozo también advirtió que «la continuación de esta situación debilita y erosiona las principales instituciones de la justicia española y, por tanto, nuestro Estado de derecho».

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España inaugura la presidencia de la UE con un sistema judicial aún sin renovar

La presidencia española de la UE arranca este sábado 1 de julio sin solución a la crisis institucional que se prolonga durante casi un lustro sin renovar uno de los principales órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo político ha sido imposible -en gran medida por la negativa del PP a llegar a un acuerdo, citando diferentes argumentos a lo largo de los años- y ello a pesar de los continuos llamamientos al consenso de la Comisión Europea.

El pasado mes de septiembre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, encabezó una intensa gira institucional de dos días por nuestro país, durante la que insistió en que la renovación del acuerdo debe ser una prioridad, precisando sin embargo que no era el papel de las instituciones europeas. indicar cuál debe ser el sistema de elección de los miembros.

Unas semanas después, y cuando parecía que el acuerdo entre el PSOE y el PP estaba a punto de anunciarse, el partido de Feijóo formalizó la ruptura de las negociaciones en una nota de prensa, alegando que el anuncio de la reforma del delito de Sedición era «una incoherencia insalvable». “Para llegar a un acuerdo. La posibilidad de renovar el Consejo durante la presente legislatura se fue por los aires.

La reforma del modelo actual, para que en lugar de las Cortes Generales «sean los magistrados los que elijan a los magistrados» que integren su órgano de gobierno, es otra de las claves que dividen al Gobierno y al principal partido de la oposición para renovar una institución que limitó una de sus principales atribuciones, la de nombrar a los miembros de los más altos órganos judiciales. Actualmente, quedan vacantes unas 80 plazas en los juzgados y tribunales superiores, y hay más de 20 víctimas en la Corte Suprema.

No somos ni Polonia ni Hungría

La situación, incómoda para un Estado que ahora se encuentra presidiendo la UE, no es en modo alguno comparable a la de países como Hungría o Polonia, que han recibido serias advertencias de la Comisión Europea por la degradación de su Estado de derecho. .

Así lo dejó claro el propio Reynders durante su visita al reconocer que, aunque la situación de la justicia es mejorable, España no puede compararse con lo que está pasando con Polonia, condenada a una multa de un millón de euros diarios «por falta de ejecución». de los sistemas de independencia de los jueces» y que la llegada de fondos europeos corre el riesgo de verse comprometida. Tampoco con Hungría, que por problemas similares ha visto suspendido el envío de hasta 7.500 millones en ayudas. Más allá de lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, Europa no cuestiona la independencia de los jueces españoles.

El llamado informe Reynders sobre el Estado de derecho en España, que ya cumple un año, también se refería a otra cuestión que surge de forma reiterada cuando se habla de la calidad de nuestro Estado de derecho. Se trata de la coincidencia de los mandatos del Gobierno y del Fiscal General, algo que según el comisario belga «no gusta» a la Unión Europea y sobre el que no se prevé ninguna reforma por el momento.

Sentencia del TEDH

El inicio de la Presidencia española de la UE también coincide con la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que puso de manifiesto la incapacidad de España para renovar el Consejo de la Magistratura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la situación ha llegado a tal punto que se ha traducido en una vulneración de los derechos fundamentales de seis de los jueces que integran la lista de candidatos a ser elegidos por las cortes, quienes también recibieron un portazo injustificado de la puerta por el Tribunal Constitucional. Actualmente, este organismo está considerando si la decisión lo obliga a adoptar una respuesta específica.

A todo ello se suman las protestas protagonizadas por diversos operadores judiciales desde principios de año que cuestionan la gestión de la Administración de Justicia del actual gobierno socialista.

Tras el paro de dos meses de los abogados que presiden las sedes judiciales para reclamar aumentos salariales, y que provocó el retraso en la tramitación de miles de casos, la situación se agravó con un paro de los funcionarios que cumplió más de un mes , a lo que se han sumado en los últimos días concentraciones de abogados ante los tribunales para denunciar la situación.

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Judicial | El TEDH declara que se han vulnerado los derechos de los candidatos del CGPJ por su retraso en renovarlo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha destacado la falta de renovación de España de su órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que se ha prolongado durante cuatro años y medio por la incapacidad del PSOE y del PP para alcanzar un acuerdo. El Tribunal de Estrasburgo considera que la situación ha llegado a tal punto que se trata de una vulneración de los derechos fundamentales de seis de los jueces que integran la lista de demandantes entre los que deben elegir los Tribunales.

L’appel a été déposé par six magistrats de l’Association des juges Francisco de Vitoria, qui demandent une protection contre l’inactivité des Cortes Generales dans le processus de renouvellement de l’organe intérimaire, dont les pouvoirs sont également limités depuis plus de dos años. , afectando su capacidad para hacer nombramientos de líderes judiciales.

Los querellantes forman parte de la lista de cincuenta candidatos de la que el Congreso debe elegir a los nuevos miembros, habiendo sido propuestos por la asociación a la que pertenecen, y acuden ante la CEDH tras obtener un portazo por parte del Constitucional. Corte cuando denunciaron que la paralización del proceso también afecta sus derechos fundamentales.

Alegaron ante Estrasburgo que fueron «víctimas directas de la vulneración de su derecho de acceso a la función pública ya la tutela judicial efectiva», lo que, según ellos, constituye una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Impacto en la vida privada y familiar

Además de estudiar una posible vulneración de este artículo, el propio TEDH añadió de oficio que en este caso también podría verse afectada una vulneración del artículo 8, que es el que garantiza el derecho a la intimidad y la familia.

Según las fuentes consultadas, esta cuestión, que inicialmente no fue alegada por los jueces, podría tener que ver con los perjuicios de cualquier tipo que el bloqueo de renovación provoca a las personas que aspiraban legítimamente al puesto desde que optaron por él en 2018. .., y que pueden haber renunciado a otras actividades mientras su candidatura duerme el sueño de los justos, debido a que los políticos no han respetado la ley.

En su juicio, los magistrados argumentaron ante la Corte Europea que en septiembre de 2018 se había enviado al Parlamento la lista de 50 jueces en activo que presentaron candidatos para la renovación del Consejo. Desde entonces están a la espera de que las Cortes cumplan la Constitución y renueven el organismo.

Desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y «dada la pasividad de las instituciones», el 14 de octubre de 2020, indicaron magistrados que interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a la información. información pública. cargo, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. La Corte Constitucional no admitió a trámite sus recursos de amparo por considerar que habían sido interpuestos fuera de plazo.

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Justicia Europea | El juez español del TEDH advierte de las disfunciones por la no renovación del CGPJ

La sentencia pronunciada este jueves por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la petición de seis de los demandantes de renovar el Consejo de la Judicatura, dividió a este órgano europeo, cuyo fallo recogió dos votos individuales. En uno de ellos, aunque de acuerdo con la decisión de ver una vulneración de derechos en el papel desempeñado por nuestro Tribunal Constitucional, la magistrada española María Elósegui va más allá que el resto de sus compañeros y advierte expresamente que la «disfunción» creada por el bloqueo político no es conforme a derecho.

Elósegui llega a esta conclusión porque, según él, los candidatos tienen derecho a una decisión sobre su nombramiento en el CGPJ. Y recuerda que el «no respeto» de las leyes, el procedimiento de renovación de la composición del órgano de gobierno de los magistrados, puede tener un impacto significativo en el funcionamiento de la justicia y el cumplimiento por parte del Estado demandado de sus responsabilidades en el marco del sistema judicial Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El voto particular de esta magistrada ha suscitado preocupación en algunos sectores del Consejo, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, que creen que trató de introducir opiniones rechazadas por la mayoría por no tener relación con el debate, lo que no fue otro que determinar si el portazo de la Corte Constitucional violó sus derechos de acceso a la justicia.

“El hecho de que el Parlamento tenga un margen de apreciación en relación con los resultados y el hecho de que esta elección no se base únicamente en criterios de capacidad y mérito, sino en la valoración de otras capacidades que los políticos de los partidos consideren conveniente incluir, no no impide que el bloqueo de estos nombramientos sea conforme a derecho, ya que la renovación de este órgano es obligatoria de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial”, precisó Elósegui durante su voto personal.

Así, y aunque está de acuerdo con el criterio de la mayoría, considera que la petición impulsada por seis miembros del Colegio de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, «va mucho más allá porque toca la esencia misma de la independencia del poder judicial». ”.

Vacantes en la cima de la carrera.

Elósegui también alude a la incapacidad del Consejo de la Judicatura para realizar nombramientos al frente de la carrera desde marzo de 2021, situación que genera una “cadena de interrupción de todo el sistema judicial”. En total, «hay 80 vacantes en estos tribunales superiores», acaba de precisar.

Este magistrado añade que actualmente hay «solo» 17 de los 21 miembros elegidos para formar parte del CGPJ, en referencia a la jubilación de Rafael Fernández Valverde, la muerte de Victoria Cinto, la dimisión de Carlos Lesmes y la dimisión de Concepción Sáez.

Por otro lado, critica que el Gobierno español no haya explicado de forma «convincente» ante el TEDH el motivo de la disputa que, a su juicio, «resulta de la omisión manifiestamente ‘ilícita e injustificada’ de determinados actos en continuar el proceso de elección de miembros del CGPJ no merecía tutela judicial.

Como parte de la sentencia, también hay una opinión disidente firmada por los magistrados Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mattias Guyomar (Francia) y Mykola Gnatovskyy (Ucrania).

Los firmantes están en contra de la sentencia aprobada por mayoría, por considerar que no se ha vulnerado el derecho de los seis magistrados de la AJFV a un juicio justo. Aunque consideran que los hechos denunciados son “deplorables” y “afectan negativamente” al funcionamiento de la justicia española, consideran que no ha habido vulneración del Convenio Europeo.

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La violencia de género emerge sin tregua: más denuncias, más víctimas, más protección, más condenas

Más víctimas, más denuncias, más órdenes de protección y más condenas por violencia de género en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informa que los principales indicadores de violencia de género experimentaron un aumento adicional en el primer trimestre del año en comparación no solo con el mismo período del año anterior, sino también con el trimestre anterior.

Los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, relativos al primer trimestre de 2023 y hechos públicos este miércoles, muestran que cada vez sale más violencia de género en el ámbito de las parejas y exparejas. la oscuridad

Víctimas y denuncias aumentan a doble dígito

Entre enero y marzo se presentaron 46.327 denuncias, lo que supone un aumento del 10,92 % respecto al mismo periodo de 2022 y del 2,7 % respecto al trimestre anterior, el último de 2022.

Más del 11% aumentó el número de víctimas, 11,54% a 45.154 mujeres. Esta cifra también aumenta en comparación con el período de octubre a diciembre de 2022, más precisamente en un 4%. El 65,72% de las víctimas eran españolas.

La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres aumentó así un 1,7% hasta el 18,4 por cada 10.000 ciudadanos. Ocho Comunidades Autónomas están por encima de la media: Murcia (26,4); Islas Baleares (26); Comunidad Valenciana (25,6); Canarias (22,8); Navarra (21,1); Andalucía (21); Cantabria (19,2) y Madrid (18,4).

Valores por debajo de la media registrada en Galicia: (12,4); País Vasco (13,1); Castilla y León (13,3); Cataluña (13,8); La Rioja (14,2); Castilla-La Mancha (14,3); Asturias (15,9); Aragón (16,4) y Extremadura (17,4).

Más condenas

Otro indicador que ha experimentado un aumento considerable es el número de condenas. De las 14.886 condenas dictadas, el 79,56 por ciento fueron condenas (11.843), cuatro puntos por encima del valor registrado en el primer trimestre del año pasado.

Desde el Observatorio se apunta que estos aumentos tienen una doble lectura: son positivos en el sentido de que muestran que «las víctimas no callan, denuncian», pero también muestran que «la violencia de género en España sigue perjudicando a muchas mujeres». .»

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha destacado que es necesario poder “hacer sentir a todo el mundo que al dar este paso tan difícil de denunciar a su pareja o expareja, se abre la puerta a un futuro mejor para ellos mismos. , sus hijas y sus hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguros.

En el informe estadístico del CGPJ hay datos que no son tan positivos. Más concretamente, el aumento del número de víctimas que se acogen a la exención de la obligación legal de declarar contra su agresor. Entre enero y marzo, 4.818 mujeres evitaron incriminar a su agresor, un 10,67%. Durante el mismo período de 2022, fueron el 9,41% (3.809).

Además, siguen siendo las víctimas quienes mayoritariamente denuncian la violencia, cuando se trata de un delito público que todos están obligados a denunciar. El 70,5% de las denuncias fueron presentadas por mujeres maltratadas y sólo el 1,84% por su entorno. El 15,81% procedían de atestados policiales, el 7,7% de atestados de heridos y el 4,13% de terceros.

protección infantil

La buena noticia es el aumento de las medidas judiciales para proteger a mujeres y niños.

Entre le 1er janvier et le 31 mars, 11 658 ordonnances de protection ont été demandées (7 % de plus qu’il y a un an) et 70,27 % ont été adoptées, soit 8 193 ont été convenues (6,6 % de más). .

Los tribunales dictaron 15.379 medidas penales cautelares, siendo la mayoría destitución (5.868) y prohibición de comunicación (5.618).

Las medidas civiles para la suspensión del régimen de visitas abusadores siguen aumentando (989 casos, un 18,72% más), lo que ya representa el 13,32% del total de medidas civiles. La suspensión de la guarda y custodia se pronunció en 565 casos y la suspensión de la patria potestad en 100.

Pide ayuda

El 016 atiende a víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer. Es un teléfono gratuito y confidencial que ofrece servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial a través del número de WhatsApp 600 000 016. Además, los menores pueden contactar con el teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, hipoacúsicas, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con el 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.

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Feijóo se rebela contra la falta de información directa de Sánchez sobre la presidencia de la UE y Estados Unidos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se quejó este martes de que Pedro Sánchez no encuentra tiempo para informarle directamente sobre las grandes líneas de la presidencia española de la Unión Europea (que comienza el 1 de julio) y el acuerdo firmado con el EE.UU. desplegará dos destructores navales adicionales en la base naval de Rota (Cádiz).

No es la primera vez que Feijóo hace este pedido por falta de información directa del gerente general. Al igual que su antecesor a la presidencia del PP, Pablo Casado. La comunicación entre el Ejecutivo central y el principal partido de la oposición comenzó de manera sostenida, en 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19, y terminó igual de mal, con casi ningún contacto entre ambos líderes. Sánchez y Feijóo no se hablan en privado desde finales de octubre del año pasado, cuando el líder popular les llamó a romper las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por temor a que el ejecutivo derogara la sedición, algo que ocurrió semanas después.

En un acto del PP con motivo del Día de Europa, Feijóo ha señalado que el actual presidente de la Unión Europea, el primer ministro sueco Ulf Kristersson, «tuvo tiempo» de explicarle en persona la agenda sueca con la ministra de Asuntos Exteriores y, en cambio, Sánchez no. El líder del PP viajó a Estocolmo en abril para reunirse con miembros del Gobierno sueco, que es conservador y con el que comparte familia política continental (el Partido Popular Europeo).

Las fuentes de Moncloa niegan la mayor tanto en la falta de información sobre la actual presidencia como en el pacto con Estados Unidos. Estas fuentes recuerdan que, en los últimos cinco meses, numerosos miembros del Gobierno, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (5 de septiembre), han participado en numerosas ocasiones en la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea para explicar la prioridades de la Presidencia española.

Aparición de Robles

Respecto a la firma con Estados Unidos, el ejecutivo señala que se trata de «la prórroga» de un acuerdo ya sellado el año pasado. Este pacto permitió aumentar de cuatro a seis el número de barcos con puerto base permanente en Rota, sin modificar ni las misiones ni los tipos de fuerzas. Además, fuentes de Moncloa insisten en que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido acudir al Congreso para tratar el asunto.

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El CGPJ pierde en julio a su presidente progresista con la retirada de Mozo y acentúa la ‘sangrado’ de vocales sin renovarse

El próximo verano, si continúa la situación de bloqueo para renovar el Consejo de la Magistratura -como parece muy probable tras el fracaso de la negociación entre el PSOE y el PP-, el órgano de gobierno de los jueces perderá a otro de sus miembros cuando el actual presidente en funciones, Rafael Mozo, cumplió 72 años, lo que le obligó a dimitir.

El minoritario sector progresista, ya muy reducido tras la dimisión hace un mes de la diputada Concepción Sáez, también perderá influencia porque la presidencia que ostenta hasta ahora Mozo, aunque sea de forma temporal, corresponderá al siguiente en edad, Vicente Guilarte, que forma parte de el grupo mayoritario conservador.

La salida de Mozo se formalizará el próximo 19 de julio, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional alcance la edad máxima para seguir siendo juez. El asunto fue tratado el pasado jueves por la Comisión Permanente, que fue informada de una propuesta del Servicio de Personal Judicial sobre la jubilación forzosa del actual Vicepresidente por mayoría de edad.

El sector del CGPJ más cercano al PP enumera frente a la UE los ataques «sistemáticos» de Podemos contra los jueces

Cuando se presente esta situación, solo quedarán 16 miembros activos de este órgano (deberían ser 20 más el presidente), que va perdiendo miembros que no han podido ser reemplazados desde que finalizó su mandato de cinco años en diciembre de 2018. En primer lugar, en marzo del año pasado, fue Rafael Fernández Valverde, que había sido designado a propuesta del PP y cuyo puesto quedó vacante después de que el Congreso de los Diputados alegara que su sustitución no sería posible precisamente porque el órgano estaba en funciones.

Jubilaciones, Fallecimientos y Renuncias

El 30 de junio se produjo otra baja, esta vez en el sector minoritario, por el fallecimiento de la diputada nombrada a propuesta del PSOE María Victoria Cinto, que tampoco fue sustituida. La salida más sonada, cuatro meses después, es la del presidente Carlos Lesmes, cansado de que la ausencia de acuerdo político prolongue la situación de interinidad de un organismo impedido de desempeñar funciones esenciales como la designación de magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos de dirección judicial.

Hace un mes, y por motivos similares de falta de perspectivas de renovación, hubo otra dimisión, la de Concepción Sáez. Fue el único vocal designado en su momento a propuesta de IU y entró en vigor el 18 de abril tras ser publicado en el Boletín del Estado. Tras este episodio, el igualmente progresista vocal Álvaro Cuesta intentó llegar a un acuerdo para una dimisión total que acabó en rotundo fracaso.

Siendo así, y si un acuerdo inesperado no lo subsana, Mozo se marchará el 19 de julio aumentando el «sangrado» de los vocales y reduciendo la sensibilidad progresiva de este órgano a un grupo de sólo seis, frente a diez vocales designados por propuesta del PP.

Mozo asumió inesperadamente la presidencia del Consejo de la Judicatura el 13 de octubre, luego de que Lesmes renunció y el pleno del organismo se negó a aceptar automáticamente que la presidencia pasara al presidente de la primera sala (civil) del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, como se proponía en el informe técnico encargado por el propio expresidente poco antes de su renuncia.

El acuerdo alcanzado entonces se aplicará de nuevo cuando Mozo se jubile, según fuentes del Consejo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y consiste en nombrar al vocal de mayor edad que forme parte del Pleno en un momento dado, que en julio corresponderá al abogado y profesor de derecho civil Vicente Guilarte. Al igual que sucedió con Mozo, el nuevo presidente tendrá sus poderes «enmarcados» porque el suyo no se considera un nombramiento, sino una sustitución.

¿Qué está pasando en el CGPJ?  ¿Y si renuncia por completo?

¿Qué está pasando en el CGPJ? ¿Y si renuncia por completo?

Esta limitación fue la condición puesta por la gran mayoría de diputados designados a propuesta del PP para asumir en su momento la opción de los progresistas y promover a este magistrado con plaza en la Audiencia Nacional en lugar de aceptar automáticamente que la presidencia vaya a Castán. . . Según dicho acuerdo, el diputado está obligado a promover «el diálogo interno y la búsqueda de consenso con los demás miembros», particularmente en materia económica, de personal y de comunicación.

Salida desde Viroles

Por otro lado, la última Comisión Permanente también informó sobre otra propuesta relativa a la jubilación forzosa, también por sus 72 años, de la actual Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Rosa María Virolés, que también celebrará en julio una día antes de la salida de Mozo.

Cuando esta jubilación sea efectiva, ya habrá 23 puestos creados en el Tribunal Supremo por jubilaciones o salidas a destinos privados, lo que supone más de la cuarta parte del total de 79 magistrados que deberían formar el cuerpo. Ninguna de las salas cuenta ya con todos sus magistrados -la última en sumar un hueco, desde el 13 de abril, es la sala de lo penal, tras la jubilación de Miguel Colmenero-, aunque los más afectados son los sociales y especialmente los especializados en Contencioso-Administrativo.

De continuar la situación actual, antes de que finalice el año, el Supremo tendrá al menos un herido más. Sin embargo, entre los integrantes y miembros del tribunal de grande instance ha crecido en los últimos días la esperanza de que una vez pasada la designación electoral del 28 de mayo se pueda abrir una nueva «ventana de oportunidad» para el acuerdo político que permita la renovación inmediata de la Junta. . “Hay rumores, pero todo dependerá de los resultados”, admite uno de los portavoces consultados, y añade que son conscientes de que la proximidad de las elecciones legislativas sigue siendo un obstáculo.

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Las rebajas por la ley ‘sí es sí’ son ya 943 y 103 agresores sexuales han sido liberados según el recuento del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue contabilizando las remisiones de penas para agresores sexuales motivadas por la aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida bajo el nombre de “ley del único sí es sí”, los cuales alcanzan ya un total de 943 casos, de los cuales 103 resultaron en la excarcelación del condenado.

Así lo informan a El PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes del Consejo de Magistrados, que indican, en cualquier caso, que no se trata de datos oficiales ya que queda por conocer la información que deben facilitar cuatro juzgados provinciales – los de Gipuzkoa, Granada, Sevilla y Teruel-, además de cuatro tribunales superiores de justicia -Andalucía, Canarias, Castilla y León y País Vasco-. Agregan que este jueves ya podrían tener toda la información pendiente.

La información no se actualiza desde el 2 de marzo, cuando el Consejo informó oficialmente de 721 reducciones y 74 liberaciones en toda España a 1 de marzo debido a las revisiones realizadas por la normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Los datos se conocen al día siguiente del anuncio por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de que se reunirá en pleno los días 6 y 7 de junio para fijar la doctrina en relación a los recursos de casación contra estas revisiones. La posición del Supremo superará las discrepancias que por el momento se han puesto de manifiesto entre las posiciones de ciertos tribunales provinciales y el resultado de posteriores recursos a la siguiente instancia, los tribunales superiores de justicia, que las revocaron.

Corte Suprema convoca sesión plenaria en junio para establecer doctrina ‘solo sí es sí’

Toda esta información coincide además con la polémica política por una nueva reforma penal que pretende prevenir futuros casos de agresión sexual -los delitos ya cometidos están contemplados en la normativa vigente-, lo que redundará en penas más leves para las víctimas de los delitos sexuales. Las propuestas de los distintos partidos, encaminadas a reintegrar las circunstancias de violencia o intimidación en la valoración de las penas por agresión sexual, serán probablemente ratificadas por el Parlamento el día 20.

Por el momento, el Tribunal Supremo sólo se ha pronunciado sobre solicitudes de reducción incluidas in extremis por las defensas de los condenados en determinados recursos, que aún estaban a la espera de sentencia tras la entrada en vigor de la ley el pasado mes de octubre. Es decir, el alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre las mil reducciones producidas, que empezaron a llegar a este órgano tras ser recurridas por la fiscalía.

Así, será el Pleno de junio el que establezca una posición doctrinaria definitiva, resolviendo previsiblemente varias cuestiones diferentes extrapolables a otras que también están sobre la mesa del alto tribunal.

Por el momento, los tribunales superiores de Castilla y León, Andalucía o Baleares han revocado las decisiones de las audiencias provinciales coincidentes con el Ministerio Fiscal; mientras que en Madrid, su Audiencia Nacional ha hecho públicas sus primeras decisiones, en las que ignora categóricamente las instrucciones del Ministerio Público que encabeza Álvaro García Ortiz.

Este criterio implica que, en los casos en que la sentencia dictada también sea imponible según la regulación resultante de la reforma, la sentencia no será revisable. Queda por ver si el Tribunal Supremo acepta este criterio u opta por la aplicación de la pena más favorable al imputado, principio en el que se basan las rebajas de pena de la nueva ley.

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Obstrucción en la justicia | La Corte Suprema ya ha perdido más de una cuarta parte de sus jueces a medida que los casos se acumulan y caen en picado a medida que se acerca

El pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se declara la jubilación forzosa el 27 de marzo de la magistrada de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo Inés Huerta. Su salida aumenta el número de vacantes en esta Cámara, que cuenta con sólo 22 magistrados, aunque deberían cubrirse once puestos adicionales.

Aunque es la más afectada, la sala de lo contencioso no es la única sala de las cinco que componen el alto tribunal que acumula demasiadas víctimas, ya que en el conjunto del Tribunal Supremo hay ya 21 vacantes provocadas por jubilaciones o salidas a privados. destinos, lo que representa más de la cuarta parte del total de 79 magistrados que deben conformar el cuerpo. En abril se sumará la jubilación del magistrado Miguel Colmenero, de la sala penal, que era la única que hasta ahora ha mantenido intacta toda su composición.

La situación ha sido calificada en varias ocasiones de «insostenible» por el propio alto tribunal, que ve acumularse los trámites y disminuir la composición de sus salas sin poder aplicar más que «rectificaciones», como refuerzos en el número de letrados de la Oficina Técnica que asisten a los jueces en la redacción de resoluciones.

El problema se arrastra desde que en marzo de 2021 una reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos limitó una de las principales funciones del Consejo General del Poder Judicial, que es hacer nombramientos discrecionales al Tribunal Supremo y a d’otras instancias superiores mientras encontrar en funciones

Sin señales de renovación

Mientras el PP mantiene estancadas las negociaciones para renovar el organismo, pasan los meses y las pérdidas en la Audiencia Nacional se acumulan hasta llegar a una situación en la que el que fuera presidente del organismo hasta su dimisión en octubre pasado, Carlos Lesmes, llegó a decir que tendrá consecuencias “devastadoras”.

A finales de 2021, el Tribunal Supremo calculó que se dictarían 1.000 sentencias menos al año, aunque en ese momento las vacantes no superaban el 13% y no hubo sentencias tristes, lo que hoy casi nadie cuestiona que la junta de jueces no se renovará durante el resto de la legislatura.

Hace más de un año, la Sala de Gobierno presentó un expediente y exigió medidas urgentes y cambios legales ante la avalancha de recursos que se esperaba precisamente en la Sala más afectada, la de lo Contencioso Administrativo, en materia de reclamaciones por responsabilidad patrimonial por la aplicación de las medidas incluidas en la normativa aprobada para hacer frente al Covid. Pese a los anuncios legales por parte del Ministerio de Justicia, incardinados en el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, aún pendiente de aprobación, por el momento la única respuesta ha pasado por reforzar al personal del Gabinete Técnico y varios intentos fallidos de acuerdo para renovar el Consejo.

Otro factor que abunda en el derrumbe pasa por otra reforma legal aprobada en 2015, hasta ese momento los casos que llegaban al Supremo debían tener una repercusión particular por diferentes motivos, como el monto de las reclamaciones. Desde entonces, lo decisivo es el interés de apelación –que no es una cuestión resuelta por la doctrina–, lo que significa que el número de recursos ha aumentado en estos últimos años.

Falta de acuerdo también en el CGPJ

El propio Consejo de la Magistratura también ha tratado de trasladar esta situación al legislador, que es el máximo responsable de renovar el órgano con el acuerdo de los grupos parlamentarios mayoritarios. De hecho, son los diputados quienes eligen a los miembros del Consejo a partir de una selección inicial compuesta por una mezcla de candidatos de asociaciones judiciales y jueces independientes que cuentan con el aval de sus pares.

Sin embargo, la división existente dentro del organismo ha impedido incluso la adopción de una posición común sobre este tema. Así sucedió el 9 de febrero, cuando fracasó por falta de acuerdo una propuesta elaborada por la Comisión Permanente -obtuvo sólo 8 simpatizantes- en la que proponía enviar al Congreso y al Senado el informe elaborado por el Gabinete Técnico de la Corte Suprema. sobre el impacto que la situación actual tiene en la actividad de cada Cámara.

En el Congreso, y a falta de acuerdo, la única medida pendiente es la presentada el pasado mes de enero por el PP encaminada a modificar dos artículos específicos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer por ley un refuerzo de abogados para el Gabinete del Cuerpo Técnico y también para permitir a los jueces españoles elevar su edad de jubilación de 70 a 72 años, ampliando esta posibilidad a 74 en el caso del Tribunal Supremo. La propuesta aún no ha sido debatida en el Parlamento.

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