El grupo popular en el Congreso se prepara para presentar un nuevo proyecto de ley para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y sobre todo, para proteger su despolitización e independencia. Será el undécimo desde el inicio de la legislatura. Ninguno de los diez anteriores llegó a la meta.
Los miembros del colegio de jueces (20) han estado en el cargo por más de cuatro años. La última vez que una mayoría parlamentaria acordó el nombramiento de los miembros correspondientes fue hace diez años. Salvo recientes alianzas progresistas en el Congreso para impulsar ciertos cambios, pero nunca con los niveles de consenso que exige la Constitución, no ha habido una sola señal que invite al optimismo. La narrativa partidista persiste en el esfuerzo de culpabilizar al adversario. Una historia que, como un tornado, encerró en un bucle a la Cámara Baja.
El PP volverá a intentarlo, a pesar de todo. Sabe muy bien que ni siquiera reunirá la mayoría necesaria para que el Congreso examine su nueva propuesta. Le interesa el debate, que cada partido esté retratado. Es de su interés que la UE respete la secuencia. Un poco más.
El partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que los doce integrantes de la extracción judicial sean elegidos por jueces y magistrados. Los otros ocho dependerán del Congreso y el Senado.
Como lo que persigue es la ruptura de cualquier injerencia de lo político en lo judicial, el PP propone que no pueden aspirar a las vocalías que han ocupado cargos electos, en la administración a instancias de un partido o en las propias formaciones políticas Durante los cinco años pasados. Además, en sentido contrario, si un juez se presenta como candidato a unas elecciones o es designado para un cargo de confianza por un político, debe declararse en excedencia. El alcance del proyecto de ley afectará no solo al CGPJ, sino también al Tribunal Supremo y sus salas.
Cuando al PP se le conceda el cupo para defender propuestas legislativas ante el pleno, lo que, como el segundo grupo en el Congreso, ocurre con relativa frecuencia, llevará su planteamiento a la cámara y forzará una votación: la de admisión a trámite. Lo más probable es que ni siquiera puedas cruzar esa línea.
Porque, para empezar, no sería la primera vez que le pasa esto. En septiembre de 2021 abanderó un proyecto de ley similar y la mayoría progresista se negó a considerarlo. Un año antes, Ciudadanos tuvo un debate casi idéntico y el resultado fue el mismo.
La razón fundamental de la «parada» es sin embargo otra: que la mayoría parlamentaria no la acompaña.
El bucle (I): los debates
Comencemos con los debates y sus resultados. En el párrafo anterior, dos precedentes. Vamos a analizarlos con más detalle.
Septiembre 2020. Ciudadanos defendió ante el pleno la admisión a trámite de un proyecto de ley para “el fortalecimiento de la independencia judicial”. Propuso modificaciones en varios artículos a favor de la despolitización, entre ellos el 567. Aspectos que propugna la formación de Edmundo Bal: los integrantes no pueden exceder de dos mandatos consecutivos, es decir 10 años de mandato; los ocho miembros que dependen del Congreso y del Senado tendrán más de 15 años en el cargo; y no serán elegibles quienes en los ocho años anteriores hayan tenido alguna vinculación con un partido político.
Septiembre de 2021. El PP ha pedido la consideración de un proyecto de ley para el «reforzamiento de la independencia del poder judicial». Casi un calco del título del anterior. El popular planteó que los miembros sean elegidos por y entre los jueces, de acuerdo con las recomendaciones de las entidades europeas. Optaron por mayorías cualificadas para los nombramientos (lo vuelven a exigir en la reciente propuesta) y por impedir el acceso a quienes han ocupado cargos o compromisos políticos en los últimos diez años.
En ambos casos, el pleno dijo “no”. La de Cs tuvo 152 votos a favor; la del PP, 154. En cambio, enfrente, el bloque progresista, más fuerte, más diputados. 174 parlamentarios retiraron la propuesta de Cs; 190 excluyó la del PP.
Los intentos del PSOE y Unidas Podemos han dado sus frutos. En marzo de 2021, el Congreso aprobó una propuesta de derecho consuetudinario para limitar las competencias del CGPJ cuando esté en funciones, por ejemplo, no designando por cuotas a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.
En julio de 2022, los mismos grupos, socios del gobierno, lograron que la Cámara ratificara otro proyecto de ley que revertía una de estas prohibiciones: podrán nombrar magistrados del TC.
Y recientemente, el mes pasado, el Pleno dio luz verde a una reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, modificó la Ley del Poder Judicial con una reforma destinada a derrocar a la mayoría conservadora del órgano de garantía.
El bucle (II): las proposiciones
El primer intento del PSOE y Unidas Podemos de renovar el órgano de gobierno de los jueces fue un fiasco. Retiraron la propuesta tras las dudas que generó la iniciativa en la UE. Esto sucedió entre octubre y diciembre de 2020.
El motivo del fracaso aparece en la exposición de motivos del proyecto de ley: rebajar el umbral de la mayoría parlamentaria necesaria para proceder a la renovación. Los tres quintos quedaron para los primeros, pero para los segundos postularon mayoría absoluta (176 diputados). El mecanismo copió el de RTVE.
Actualmente, Unidas Podemos insiste en que dicha rebaja es imprescindible si quiere evitar el bochorno de que tras acabar la legislatura sigan los mismos diputados que la empezaron. El PSOE no lo comparte. La UE protestó una vez; Puedes hacerlo de nuevo. Pedro Sánchez será presidente de la Unión durante todo el segundo tiempo.
De esta propuesta inicial, el Gobierno retuvo el segundo pilar y lo llevó a una nueva propuesta. Copió párrafos enteros como la «necesidad de limitar las decisiones que tome un CGPJ saliente». Citas, sin ir más lejos. El 11 de marzo de 2021, 196 diputados (PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, PNV, Bildu, CUP, etc.) apoyaron las medidas. PP, Vox y Cs votaron en contra.
Un año y cuatro meses después, el PSOE y Unidas Podemos han enmendado. Consiguieron la aprobación de un proyecto de ley que devolvía a los miembros del CGPJ la facultad de nombrar dos magistrados constitucionales, ya que sus respectivos mandatos expirarían en septiembre. Una mayoría de 187 parlamentarios se impuso a PP, Vox y Cs tras un procedimiento exprés.
Como la ley no anima a los miembros del CGPJ, el gobierno intentó cambiar la Constitución a través de una enmienda a la última reforma del Código Penal. El método, aunque común, llevó al PP a buscar protección. Le salió bien el golpe, porque si el pleno del Congreso pudo culminar el trámite y dar su «bien» a la propuesta, de la que la mayoría progresista fue artífice, el pleno del Senado no lo hizo. .
balance sin exito
Hasta el momento se han revisado cinco debates y seis propuestas, incluida la que los socios de gobierno retiraron un mes después de su registro.
A pesar de los efectos limitados que genera la labor parlamentaria en el sistema judicial, se avecina un debate más, derivado de una propuesta más, la del PP. Este puede no ser el único debate que tendrá lugar.
Vox, tras haber retirado una iniciativa del mismo tenor en octubre de 2020, espera desde finales de agosto el examen de una propuesta de «reforma del procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial». Pretende acabar con la «apropiación» del poder judicial por parte del Parlamento, señala el grupo de Iván Espinosa de los Monteros en el texto presentado. Voces designadas por los jueces y despolitización, he aquí las columnas principales de la propuesta.
La Cs conserva dos propuestas (febrero y diciembre de 2021) encaminadas a despolitizar el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.
Y se unió a la «fiesta» de JxCat. En septiembre de 2022 presentó un proyecto de ley en el que solicitaba la “cese inmediata” de la veintena de miembros del CGPJ, y en todas sus funciones, siempre que, en el momento de la renovación, no haya acuerdo parlamentario.
Que no haya acuerdo, visto lo visto, es muy probable, pero el Congreso no se da por vencido.
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