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Críticas a la opacidad de los acuerdos con Rabat para frenar la migración

La contención de los flujos migratorios que llegan a Canarias y a Europa se basa en acuerdos bilaterales entre la Unión Europea (UE) y cada país del norte de África. Negociaciones que el informe África 2023, elaborado por la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE, denuncia que se desarrollan en la opacidad y de espaldas a la sociedad civil, y destaca especialmente el caso de Marruecos. Cabe recordar que el acceso de España a la Presidencia del Consejo de la UE el próximo 1 de julio supondrá que el país tomará la delantera en la redacción del nuevo pacto sobre migración y asilo, que plantea «muchos interrogantes sobre la protección de los derechos humanos». «.

El informe cuestiona la «tercerización» del control y la responsabilidad en la frontera sur -norte de África y Sahel- que la Unión opera desde la emergencia migratoria de 2015, cuando cerca de un millón de personas llegaron a costas europeas y más de 3.550 murieron intentando alcanzalos.

En los pactos propuestos a estos terceros países -remitentes de migrantes-, a cambio del control de flujos y la readmisión de sus nacionales expulsados ​​de la UE, se incluyen ayudas al desarrollo, inversiones directas, acuerdos comerciales, concesiones de visados ​​o seguridad y financiación. apoyo.

El informe subraya que ‘problematizar’ la movilidad de las personas es ‘un enfoque equivocado’

En concreto, la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) en su último informe anual subraya la dureza con la que la gendarmería marroquí actúa en las costas para frenar la salida de las cestas hacia Canarias, es decir hacia el territorio europeo. Desde la multiplicación de redadas en los puntos habituales de salida hasta las detenciones temporales, pasando por los traslados terrestres para alejar a los migrantes de su objetivo de salida hacia Canarias. La Armada marroquí también se ha implicado en la interceptación de embarcaciones que intentaban entrar en la ruta canaria, llevándolas de vuelta a tierras africanas. Para CEAR, esta política migratoria añade aún más peligro al viaje a las islas, que el año pasado provocó cerca de 1.800 muertos, según la ONG Caminando Fronteras.

mecanismo controvertido

El vínculo entre las políticas migratorias y las políticas de cooperación al desarrollo para la Fundación Alternativas “es una hipótesis sin fundamento científico”. De hecho, asevera que la idea de que cuanto mayor sea la inversión en los problemas que empujan a una persona a salir de su país, menos probable es que inicie el proceso migratorio, es un error. “La evidencia parece indicar, precisamente lo contrario, que en los países donde mejoran las condiciones para el desarrollo, las personas pueden permitirse moverse con mayor facilidad”, señala.

¿Debe ser la reducción de la movilidad humana el objetivo? El informe subraya que «problematizar la migración» e incluirla como eje de la ayuda a los países africanos es «un enfoque incorrecto». «Distorsiona y es contrario» a los principios que rigen la ayuda pública al desarrollo ya los compromisos adquiridos por la UE en este ámbito, señala. Además, insiste en que la migración puede ser el motor del desarrollo.

Para hacer frente a la inmigración irregular, la UE ha puesto en marcha el Fondo Fiduciario de Emergencia, un instrumento financiero estimado en 5.000 millones de euros para 26 países africanos -2.210 para la zona del Sahel- que el análisis desestima como un «mecanismo muy controvertido». razón? Favorece el control de los flujos sobre el desarrollo de los Estados. “Oxfam ofrece evidencia sobre las carencias en la transparencia y gobernanza del instrumento, así como la falta de coherencia de algunos de sus proyectos y objetivos con los principios rectores de la UE”, explica la Fundación.

Los analistas sostienen que a mayor desarrollo, mejores medios para emigrar

Además, centrar la política migratoria en acciones de contención, señala, “conduce a la potenciación de rutas migratorias irregulares alternativas, más peligrosas y que suponen un grave riesgo para la protección de las mujeres en las rutas migratorias y, en general, de los derechos humanos”. . Este desvío se produjo durante la crisis migratoria de 2020 en Canarias, cuando el cierre de fronteras auspiciado por la pandemia se sumó al blindaje de las puertas de Europa. La reactivación de la ruta atlántica hacia el archipiélago, una de las más peligrosas, ha provocado la llegada de más de 23.023 personas en un año y la muerte de 1.851, según datos de Caminando Fronteras.

En 2023, entre el 1 de enero y el 15 de junio -última actualización del Ministerio del Interior- llegaron a Canarias 5.914 inmigrantes, un 31,5% menos respecto al mismo periodo del año anterior, pero con una subida en la primera mitad de este mes -un 65% más que el anterior- por las buenas condiciones de la mar.

5,914

Gente

  • Entre enero y el 15 de junio de 2023 llegaron a Canarias 5.914 migrantes, un 31,5% menos respecto al año anterior, con un incremento del 65% en la primera quincena de junio.

23,023

inmigrantes

  • Durante la crisis migratoria de 2020, 23.023 personas del continente africano arribaron a las costas del Archipiélago y 1.851 fallecieron intentando alcanzarlas.

3,550

muerto

  • En 2015, la emergencia migratoria propiciada por el conflicto en Siria estimuló los flujos marítimos y terrestres hacia Europa. Esto significó la pérdida de 3.550 vidas.

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Judicial | El TEDH declara que se han vulnerado los derechos de los candidatos del CGPJ por su retraso en renovarlo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha destacado la falta de renovación de España de su órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que se ha prolongado durante cuatro años y medio por la incapacidad del PSOE y del PP para alcanzar un acuerdo. El Tribunal de Estrasburgo considera que la situación ha llegado a tal punto que se trata de una vulneración de los derechos fundamentales de seis de los jueces que integran la lista de demandantes entre los que deben elegir los Tribunales.

L’appel a été déposé par six magistrats de l’Association des juges Francisco de Vitoria, qui demandent une protection contre l’inactivité des Cortes Generales dans le processus de renouvellement de l’organe intérimaire, dont les pouvoirs sont également limités depuis plus de dos años. , afectando su capacidad para hacer nombramientos de líderes judiciales.

Los querellantes forman parte de la lista de cincuenta candidatos de la que el Congreso debe elegir a los nuevos miembros, habiendo sido propuestos por la asociación a la que pertenecen, y acuden ante la CEDH tras obtener un portazo por parte del Constitucional. Corte cuando denunciaron que la paralización del proceso también afecta sus derechos fundamentales.

Alegaron ante Estrasburgo que fueron «víctimas directas de la vulneración de su derecho de acceso a la función pública ya la tutela judicial efectiva», lo que, según ellos, constituye una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Impacto en la vida privada y familiar

Además de estudiar una posible vulneración de este artículo, el propio TEDH añadió de oficio que en este caso también podría verse afectada una vulneración del artículo 8, que es el que garantiza el derecho a la intimidad y la familia.

Según las fuentes consultadas, esta cuestión, que inicialmente no fue alegada por los jueces, podría tener que ver con los perjuicios de cualquier tipo que el bloqueo de renovación provoca a las personas que aspiraban legítimamente al puesto desde que optaron por él en 2018. .., y que pueden haber renunciado a otras actividades mientras su candidatura duerme el sueño de los justos, debido a que los políticos no han respetado la ley.

En su juicio, los magistrados argumentaron ante la Corte Europea que en septiembre de 2018 se había enviado al Parlamento la lista de 50 jueces en activo que presentaron candidatos para la renovación del Consejo. Desde entonces están a la espera de que las Cortes cumplan la Constitución y renueven el organismo.

Desde entonces, estas listas no han sido votadas por las Cortes Generales y «dada la pasividad de las instituciones», el 14 de octubre de 2020, indicaron magistrados que interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la supuesta vulneración del derecho de acceso a la información. información pública. cargo, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. La Corte Constitucional no admitió a trámite sus recursos de amparo por considerar que habían sido interpuestos fuera de plazo.

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Justicia Europea | El juez español del TEDH advierte de las disfunciones por la no renovación del CGPJ

La sentencia pronunciada este jueves por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la petición de seis de los demandantes de renovar el Consejo de la Judicatura, dividió a este órgano europeo, cuyo fallo recogió dos votos individuales. En uno de ellos, aunque de acuerdo con la decisión de ver una vulneración de derechos en el papel desempeñado por nuestro Tribunal Constitucional, la magistrada española María Elósegui va más allá que el resto de sus compañeros y advierte expresamente que la «disfunción» creada por el bloqueo político no es conforme a derecho.

Elósegui llega a esta conclusión porque, según él, los candidatos tienen derecho a una decisión sobre su nombramiento en el CGPJ. Y recuerda que el «no respeto» de las leyes, el procedimiento de renovación de la composición del órgano de gobierno de los magistrados, puede tener un impacto significativo en el funcionamiento de la justicia y el cumplimiento por parte del Estado demandado de sus responsabilidades en el marco del sistema judicial Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El voto particular de esta magistrada ha suscitado preocupación en algunos sectores del Consejo, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, que creen que trató de introducir opiniones rechazadas por la mayoría por no tener relación con el debate, lo que no fue otro que determinar si el portazo de la Corte Constitucional violó sus derechos de acceso a la justicia.

“El hecho de que el Parlamento tenga un margen de apreciación en relación con los resultados y el hecho de que esta elección no se base únicamente en criterios de capacidad y mérito, sino en la valoración de otras capacidades que los políticos de los partidos consideren conveniente incluir, no no impide que el bloqueo de estos nombramientos sea conforme a derecho, ya que la renovación de este órgano es obligatoria de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial”, precisó Elósegui durante su voto personal.

Así, y aunque está de acuerdo con el criterio de la mayoría, considera que la petición impulsada por seis miembros del Colegio de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, «va mucho más allá porque toca la esencia misma de la independencia del poder judicial». ”.

Vacantes en la cima de la carrera.

Elósegui también alude a la incapacidad del Consejo de la Judicatura para realizar nombramientos al frente de la carrera desde marzo de 2021, situación que genera una “cadena de interrupción de todo el sistema judicial”. En total, «hay 80 vacantes en estos tribunales superiores», acaba de precisar.

Este magistrado añade que actualmente hay «solo» 17 de los 21 miembros elegidos para formar parte del CGPJ, en referencia a la jubilación de Rafael Fernández Valverde, la muerte de Victoria Cinto, la dimisión de Carlos Lesmes y la dimisión de Concepción Sáez.

Por otro lado, critica que el Gobierno español no haya explicado de forma «convincente» ante el TEDH el motivo de la disputa que, a su juicio, «resulta de la omisión manifiestamente ‘ilícita e injustificada’ de determinados actos en continuar el proceso de elección de miembros del CGPJ no merecía tutela judicial.

Como parte de la sentencia, también hay una opinión disidente firmada por los magistrados Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Mattias Guyomar (Francia) y Mykola Gnatovskyy (Ucrania).

Los firmantes están en contra de la sentencia aprobada por mayoría, por considerar que no se ha vulnerado el derecho de los seis magistrados de la AJFV a un juicio justo. Aunque consideran que los hechos denunciados son “deplorables” y “afectan negativamente” al funcionamiento de la justicia española, consideran que no ha habido vulneración del Convenio Europeo.

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El Tribunal Supremo afronta la primera gran decisión climática de su historia

El Tribunal Supremo afronta este martes la que será la primera gran decisión «climática» en sus más de 200 años de historia y que podría obligar al Gobierno español a elevar el objetivo de reducción de emisiones fijado en el Programa Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). ), aprobado en 2021.

Está previsto que la sección quinta de la sala tercera (contenciosa-administrativa) del Tribunal Superior de Justicia, especializada en urbanismo y medio ambiente, vote y se pronuncie sobre la demanda interpuesta hace tres años por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón por inactividad y la falta de ambición del ejecutivo ante la crisis climática.

Posteriormente, el colectivo Fridays for Future y la coordinadora de organizaciones de desarrollo se sumaron al proceso, que sus impulsores califican como la “primera disputa climática contra el Estado español”.

En primer lugar, denunciaron el incumplimiento de la obligación impuesta por la Unión Europea de aprobar antes de 2020 un Plan Nacional Integrado Energía-Clima (PNIEC), que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros en marzo de 2021.

reduccion de emisiones

Tras su aprobación, en junio del mismo año, recurrieron el contenido del PNIEC en cuanto al objetivo de reducción de emisiones para 2030 respecto a 1990, que se fijó en un 23%, y que, según ellos, debería elevarse, al menos el 55%.

Este incremento es necesario porque, según las organizaciones solicitantes, con una reducción del 23%, España no está cumpliendo con los compromisos adquiridos al ratificar el Acuerdo de París ni con las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) para limitar el calentamiento global. a 1,5°C este siglo.

Por ello, entre otros, exigen a la Corte Suprema que obligue al Gobierno central a revisar la meta de mitigación que, en todo caso, no podrá ser inferior al 55%, “garantizando en este sentido los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente adecuado”. de las generaciones presentes y futuras”.

Exigen la cancelación del PNIEC

Alternativamente, exigen la cancelación del PNIEC y la elaboración de uno nuevo, al considerar que durante su tramitación hubo «faltas muy graves» en materia de participación ciudadana (ninguna de las miles de denuncias presentadas durante el proceso no ha sido tenida en cuenta). consulta de cuenta).

Para el abogado de los demandantes, Jaime Doreste, una condena pericial supondría «no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático», sino un hito en el ordenamiento jurídico español «en cuanto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguardar el carácter patrimonial y el calidad del medio ambiente». , y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos”.

Entre el abanico de posibilidades abiertas se encuentra una sentencia estimatoria y que se aumente la meta de mitigación, que la Corte Suprema considere que no puede determinar cómo debe ser esa meta o que no se ha probado que la meta actual comprometa los principios fundamentales derechos de los ciudadanos, explicó el abogado a EFE.

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Zapatero asegura que la «contraseña» de la democracia es la «igualdad»

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) afirmó este martes que la «contraseña» o «contraseña» de la democracia es la «igualdad» y consideró que los derechos del hombre son «la ley del más débil» .

“Todos los seres humanos somos diferentes, distintos sí, pero iguales en derechos y en dignidad”, dijo el político socialista en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que se realiza en Buenos Aires.

«Las leyes para los débiles son derechos humanos»

Para el exjefe de Gobierno, cada vez que luchamos por los derechos humanos, pensamos “en las personas que han sido marginadas, discriminadas, olvidadas, humilladas por esa negación de la ignorancia, de la arrogancia que el ser humano es capaz de derramar”. los más débiles son los derechos humanos”, señaló.

“Cuando recordamos la lucha por los más débiles y los derechos humanos, primero debemos reflexionar, porque la historia nos enseña, en las mujeres, las que no pertenecen a la raza blanca o las que tienen una identidad de género diferente”, agregó.

El foro se realiza en el Espace Mémoire et Droits de l’Homme, ubicado en la antigua Escuela de Mecánica Marina (ESMA), donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura argentina (1976-1983).

expresidentes latinoamericanos

Rodríguez Zapatero, quien participó en el mismo panel que el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) y el canciller argentino Santiago Cafiero, destacó la lucha argentina por los derechos humanos en la década de 1940 que este año 2023 celebra la democracia, y evoca en particular lo ocurrido a partir de 2003, con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007).

“Este testimonio de Argentina, que es un país ejemplar en la lucha por los derechos humanos, en la justicia restaurativa, en la memoria, en la verdad, en este continente, este joven continente que ha sufrido por mucho tiempo, como lo sabe nuestro profesor Pepe Mujica pues», dijo, refiriéndose al expresidente uruguayo, a quien calificó como una «autoridad moral».

“Este continente que ha sufrido discriminaciones, golpes de Estado, dictaduras, persecuciones, desapariciones… este continente que ante toda esta barbarie ha proclamado la no violencia, la paz, el entendimiento entre las naciones y los pueblos, este continente que es hoy el continente más pacífico de todas las regiones del mundo”, subrayó.

Un ámbito que además, prosiguió, es el que más lucha por los derechos de la mujer o por reconocer los derechos humanos de las personas “que sienten y quieren amar a quien quieren”.

“La contraseña, la ‘contraseña’ de la democracia es la igualdad. No hay democracia sustancial si no hay igualdad. Argentina y América Latina son las regiones del mundo que más luchan por la igualdad, que más aspiran a erradicar la pobreza, a diversidad, por la dignidad de los pueblos indígenas, por la convivencia de las diferentes culturas”, dijo, subraya.

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Delitos de odio | Un gran pacto social de sindicatos y sociedad civil para «frenar» el discurso del odio

El aumento de los discursos de odio contra los colectivos más vulnerables exige una «acción decidida» para «frenar» su proliferación, que es la antesala de los delitos de odio. Por ello, CCOO y UGT se han unido a diferentes organizaciones no gubernamentales y colectivos LGTBI para impulsar un «pacto social» para combatirlos.

Es el primer paso de un camino hacia el fortalecimiento de la defensa política y social de los colectivos en situación de vulnerabilidad, que sus impulsores esperan desemboque en la promoción de un Pacto de Estado contra los discursos de odio y por la protección de los derechos humanos.

odio contra los vulnerables

CCOO, UGT, FELGTBI+, Fundación ONCE, CERMI, Cesida, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR; Hogar Sí y la Fundación Secretariado Gitano apoyan esta iniciativa, presentada este martes en Madrid. Son entidades que trabajan desde la sociedad civil por los derechos de las personas sin hogar, migrantes, refugiados, gitanos, jóvenes, seropositivos o discapacitados.

Rechazar los discursos de odio, informar a las víctimas de sus derechos, desarrollar campañas de sensibilización, analizar estadísticamente dichos discursos y formar en esta materia a funcionarios, empresas, círculos educativos y sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son algunos de los objetivos que se ha propuesto este pacto social .

Realizar también un estudio anual del impacto individual y colectivo que estos mensajes tienen sobre las personas en situación de vulnerabilidad.

Discursos que se convierten en violencia

“La denuncia y el discurso de odio contra colectivos en situación de vulnerabilidad, y sus consecuencias, construyen una sociedad española con más violencia, más agresiones y más discriminación”, denunciaron los firmantes de este pacto, que trasladaron el documento a representantes del PSOE, Más País , Izquierda Unida y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, Boti G. Rodrigo.

El presidente de FELGTBI+, Uge Sangil, destacó que es necesario frenar el discurso de odio que existe incluso en las instituciones hacia los grupos más vulnerables. «Queremos que se construya un pacto de Estado donde se señale cada ataque a los grupos más vulnerables. La razón de esto es el sufrimiento que tienen las personas vulnerables frente a cada discurso de odio», subrayó.

“Para ello es necesario que las entidades sociales caminemos juntas, que enseñemos y enseñemos a nuestros conciudadanos que es posible ayudar a mejorar la vida de todos”, agregó.

El documento sobre el pacto denuncia que el avance de la igualdad y los derechos humanos así como la convivencia social “se encuentran hoy amenazados por la irrupción en el ámbito público de discursos de odio contra colectivos en situación de vulnerabilidad, de discursos políticos de acusación, de estigmatización, de culpar de problemas reales o imaginarios a grupos que nada tienen que ver con ellos, y que son designados como privilegiados, llamando «barras» a sus activistas y asociaciones que trabajan por sus derechos.

“El señalamiento por parte de algunos representantes públicos de colectivos en situación de vulnerabilidad tiene un efecto terrible y desproporcionado, ya que canaliza las frustraciones de la población frente a colectivos que tienen dificultades para defenderse, por su tradicional situación de vulnerabilidad y desigualdad, alimentando discriminación y agresión”, especifican las organizaciones firmantes.

Aumento de los delitos de odio

El Ministerio del Interior ya indicó hace unos meses el aumento de los delitos de odio en 2021: 1.724, un 7,8% más que en 2019.

Los más numerosos estaban relacionados con la xenofobia y el racismo (639,37% del total con un crecimiento del 24%), seguidos de los relacionados con la identidad de género y la orientación sexual de la víctima (466,27% del total). total), que experimentó un aumento significativo del 67% con respecto a 2019. En tercer lugar, los delitos de odio por motivos ideológicos (326).

Ese año, uno de cada cuatro delitos de odio investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaba relacionado con la orientación sexual o identidad de género de la víctima, un total de 466, un aumento de casi un 70% respecto a 2019 (67,6%) y 2020 (68,23). %).

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La ONU considera la deportación de niños a Ucrania un crimen de guerra

La Comisión Internacional de las Naciones Unidas para Investigar Crímenes de Guerra en Ucrania concluyó hoy que los traslados forzosos y la deportación de niños ucranianos a Rusia violan el derecho internacional y constituyen crímenes de guerra.

“Las autoridades rusas violaron su ofrecimiento de facilitar por todos los medios la reunificación de las familias y retrasaron injustifadamente la repatriación de civiles”, aseguró Erik Møse, miembro de la comisión, en la presentación de los informes del grupo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Esta situación se da en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia al este y sur del primer país y fue uno de los elementos que tuvo en cuenta la Corte Penal Internacional para dictar una orden de captura internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por su responsabilidad. en la materia.

Además, la comisión corroboró que las autoridades rusas tomaron medidas encaminadas a crear una situación para que los niños ucranianos -cuyo número no pudo establecer fehacientemente, aunque se trató la cifra de 16.000- permanezcan de forma permanente en este país.

Además de estos hechos, el cuerpo de expertos consideró probados al menos 25 ataques con explosivos en nueve regiones del país y la destrucción total de ciudades en las regiones de Kharkov, Chernigov e Izium.

La Comisión también consideró que los continuos ataques del ejército ruso contra la infraestructura energética de Ucrania pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

En su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Møse también se refirió a las ejecuciones sumarias de civiles y militares ucranianos en 17 ciudades de todo el país, incluidas Kharkiv y Kiev.

“La tortura y el trato inhumano de los detenidos, principalmente hombres, también es generalizado y sistemático, especialmente para los sospechosos de estar vinculados al ejército ucraniano”, dijo.

Según la ONU, este conflicto ha dejado hasta el momento muertos o heridos en Ucrania a 22.209 civiles, la mayoría en las regiones del este del país, parcialmente ocupadas por Rusia y que la Comisión Independiente no ha podido visitar.

Un total de 8.317 personas murieron, mientras que 13.892 resultaron heridas en los primeros once meses de guerra en Ucrania.

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TC considerará si la eliminación automática de la custodia de los padres abusivos viola los derechos de los niños

El Tribunal Constitucional mide la importancia de las dudas planteadas por el Tribunal Supremo el pasado mes de enero para aplicar a un caso concreto de custodia compartida el precepto del Código Civil que impide de oficio esta posibilidad cuando uno de los progenitores se encuentra inmerso en un proceso penal por malos tratos .

Por ello, este martes su Pleno acordó admitir esta cuestión de inconstitucionalidad para el tratamiento, en la que el Alto Tribunal advirtió que el artículo 92.7 del Código vigente, que es el que establece este criterio, podría suponer un conflicto entre los derechos las que aseguren la protección de la mujer y las que garanticen el interés superior del menor.

El pasado mes de junio, el Tribunal Constitucional había evitado pronunciarse sobre este caso tras la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez de Jerez de la Frontera (Cádiz), inadmisible por haber planteado un problema «hipotético».

Sí aceptó la pregunta del Tribunal Supremo, y por ello la posible vulneración de los artículos 10.1 y 39 de la Constitución y otros preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio de Derechos del Niño de 1989. Cuestionan el hecho de que la aplicación de la norma sea automática, sin dejar posibilidad a los jueces de familia de evaluar las circunstancias particulares.

Negocios en Mallorca

La remisión de este caso al Tribunal Constitucional se produce ante la resolución de un caso de Palma de Mallorca en el que la custodia compartida de la menor se había desarrollado con total normalidad y con informes psicológicos favorables pese a la oposición inicial de la madre , en el proceso de ser ratificado por la Audiencia de Mallorca.

Mientras se resolvía este asunto, se presentó una denuncia por supuesta agresión física (pelea en la escuela por la mochila del niño) que se presentó en el juicio. La Audiencia Provincial, sin embargo, consideró que el caso debe ir a juicio, por lo que el progenitor solicita la aplicación del artículo 97.2 del Código Civil y la retirada del régimen de guarda y custodia.

Uno de los preceptos constitucionales en juego en la sentencia del Tribunal Supremo, y que ahora será analizado por el órgano presidido por Cándido Conde Pumpido, es el artículo 39.4 de la Constitución, que dispone que «los niños gozan de la protección prevista por los estándares internacionales de la acuerdos que garanticen sus derechos”, así como el interés superior del menor reconocido por los tratados internacionales suscritos por España y el artículo 10.2 de nuestra Carta Magna.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo plantea una posible vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece expresamente que no puede haber injerencia de la autoridad pública en la vida privada y familiar de los ciudadanos, “salvo que tal injerencia esté prevista por ley». Los magistrados también piden aclaraciones sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En su auto, los magistrados del Tribunal Supremo reconocieron que la aplicación de esta norma tal como está redactada “no permite al tribunal apreciar la gravedad, naturaleza o alcance del delito” atribuido a uno o ambos progenitores, ni el efecto que tiene sobre el menor hijos o hijas. “Por el contrario, opera con carácter imperativo y automático, sin admitir excepción alguna –señalan–. Basta incluso que uno u otro de los progenitores esté incurso en un proceso penal, aún no enjuiciado, para que se vede la custodia compartida”.

La suspensión de visitas no es automática

Los magistrados del Tribunal Supremo contraponen esta situación a lo que está ocurriendo con otro artículo de este mismo Código Civil, el 94, sobre la suspensión de visitas a padres acusados ​​de malos tratos, cuya constitucionalidad ya fue decidida el pasado mes de septiembre por el Código Constitucional. sí mismo en respuesta a un recurso de Vox. El Juzgado de Garantía desestimó este recurso y ratificó la norma, teniendo en cuenta que este segundo precepto no priva automáticamente al progenitor del régimen de visitas, ya que permite a la autoridad judicial evaluar y adoptar una decisión al respecto.

Ante lo que está ocurriendo con las visitas, lo que dice la ley sobre la custodia compartida genera dudas en el Supremo porque «se subordina o difiere el interés del menor» en este caso «sin posibilidad de evaluación alternativa ni de tratamiento específico».

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Reino Unido presenta una nueva ley para deportar «rápidamente» a los inmigrantes ilegales

La ministra del Interior del Reino Unido, Suella Braverman, defendió este martes ante el Parlamento una nueva ley con la que el Gobierno quiere expulsar «rápidamente» a quienes lleguen a territorio británico, aunque eso signifique acometer expulsiones antes de resolver un pedido de asilo o deportación de inmigrantes a terceros países, como Ruanda.

El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el Canal de la Mancha, al que se han atribuido más de 45.000 llegadas en 2022. Al menos 44 personas murieron en esta zona el año pasado, mientras que al menos 13 ya han fallecido este año, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Braverman abogó por «la detención de los barcos que llevan a las costas a decenas de miles de personas», para lo que puso sobre la mesa una ley que preocupa a los organismos de derechos humanos pero que, según London, respeta en todas sus variables el derecho internacional.

Reino Unido tendrá el «deber» de deportar a quienes intenten entrar en el país de forma irregular y solo permitirá permanecer en el país a quienes presenten un «riesgo real de daño grave e irreversible», menores de edad o enfermos graves. Los demás serán deportados con efecto inmediato, y no necesariamente a su país de origen.

La nueva norma establece que, hasta la deportación, los migrantes pueden permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual -aún por determinar- para limitar la acogida de refugiados en Reino Unido.

«Que el gobierno no responda a las oleadas de inmigrantes ilegales que cruzan nuestras fronteras sería traicionar la voluntad de las personas que nos eligieron», dijo Braverman, quien defendió el compromiso del país de acoger a las personas que huyen de zonas en conflicto como Ucrania. o Afganistán, informa la BBC.

El Partido Laborista teme que esta nueva legislación aumente el «caos» de la inmigración. «Necesitamos medidas serias para detener los peligrosos cruces de barcos… pero hoy es como el Día de la Marmota», dijo la opositora Yvette Cooper a la Cámara de los Comunes.

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Furia tras descubrir los efectos beneficiosos de este alimento contra el dolor menstrual

La OMS insta a los gobiernos a reconocer y definir la regla como una cuestión de salud, no de higiene. Es un problema con dimensiones físicas, psicológicas y sociales que debe ser abordado a lo largo de la vida de la mujer.

Escocia, primer país del mundo en ofrecer productos menstruales gratuitos

Por otro lado, la OMS aboga por que las niñas y mujeres tengan acceso a la información y educación al respecto, a los productos menstruales que necesitan, a una atención competente en la materia, a estudiar y trabajar en un ambiente donde la regla se cumpla. verlo como algo positivo y saludable y no algo de lo que avergonzarse, y participar plenamente en el trabajo y las actividades sociales.

El superalimento para el dolor menstrual

La condición menstrual causada por cólicos menstruales severos y frecuentes y dolor menstrual se llama dismenorrea. Además del tratamiento con antiinflamatorios para aliviar el dolor, existe un remedio natural que cuesta muy poco dinero. Es un súper alimento, el jengibre, una de las plantas más indicadas para tratar el dolor durante la menstruación por su capacidad para aliviar los cólicos menstruales ya que tiene propiedades que ayudan a reducir las contracciones musculares y regular el flujo de la menstruación.

El jengibre se puede encontrar fácilmente y por muy poco dinero en cualquier supermercado.

Una de las formas de consumir jengibre es hacer un té con esta planta.

Cómo preparar té de jengibre

Para prepararlo, necesitas lo siguiente:

  • 1 vaso de agua (200 mililitros)

  • ½ cucharadita de raíz de jengibre (2 gramos)

  • ½ cucharadita de ralladura de limón (2 gramos)

  • 1 cucharadita de miel (7,5 gramos)

Lleve el agua a ebullición y agregue la raíz de jengibre y el limón y deje reposar durante unos 15 minutos. Luego hay que dejarlo reposar otros 10 minutos. Se utilizará miel para endulzarlo.

La infusión es eficaz para combatir el dolor causado por los cólicos menstruales.

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